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Mundo | PUBLICADO EL 30 abril 2020
¿Humanidad para criminales de lesa humanidad? Debate en Chile
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Familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet protestaron contra la iniciativa que contempló darles beneficios a los presos. FOTO Getty
Por Juliana gil gutiérrez
El Congreso negó dar beneficios a los presos enfermos de la dictadura de Augusto Pinochet.
Por instantes, al centro penitenciario de Punta Peuco, de Chile, llegó el eco de que estaba por aprobarse una ley que se discutía en el Congreso desde 2018, pero que aún no encontraba su cauce: los presos adultos mayores, que habían cumplido la mitad de su pena y padecían enfermedades terminales, podrían quedar en libertad o pagar el resto de su pena en casa por una ley de indultos conmutativos.
La de Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Allí, alejados de la sociedad por extensas zonas de pasto y árboles, pagan sus penas las personas vinculadas con delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet, el régimen que acabó con la vida de cerca de 3.200 ciudadanos y torturó a miles de sus opositores. La iniciativa también los beneficiaría.
No es la primera vez que una propuesta de ese tipo aparece en el Ejecutivo de Sebastián Piñera. Cuando cursaba su primer mandato 2010, las Iglesias católica y evangélica presentaron una propuesta de indulto para los reos, motivada por asuntos humanitarios. Al final, no cuajó. En 2013 Piñera cerró el Penal Cordillera, donde estaba un grupo de estos prisioneros, que fueron trasladados a Punta Peuco.
Este 2020 es un contexto sin precedentes para los intentos de indultos en Chile. La pandemia del coronavirus llegó a las cárceles con 162 contagios en reclusos y 164 en guardianes, según la Gendarmería, la policía de ese país. Solo en la prisión de Puente Alto hay cerca de 90 contagios y la preocupación crece por el hacinamiento carcelario y la de vulnerabilidad de adultos mayores y enfermos.
Seguirán en las cárceles
Los partidos de derecha, agrupados en Chile Vamos, acogieron la propuesta de ley mientras las colectividades opositoras la rechazaron, sobre todo porque no se contemplaron indultos a las 2.500 personas que fueron encarceladas en 2019 durante su participación en manifestaciones contra el Ejecutivo.
Como en 2010 y en 2013, los condenados por delitos de lesa humanidad seguirán en Punta Huevo, esta vez por un llamado que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Chile tiene “la obligación internacional de sancionar a los responsables de crímenes, lo que se puede volver ilusorio debido a la aplicación de beneficios carcelarios que reproducirían una impresión de impunidad”, aseguró el CIDH desde Washington.
De las 135.949 personas que están privadas de su libertad, solo 1.300 recibieron este indulto, todas condenadas por delitos menores, pero el debate de qué hacer con los presos de la dictadura sigue. Guillermo Holzmann, analista político de ese país, apunta que “hay sectores que siguen pidiendo la libertad de estas personas. Es un debate histórico, político e ideológico y con toda certeza va a volver de acá en adelante”.
Es tal el descontento de una parte de la ciudadanía con la posibilidad de que estas personas vuelvan a casa que hubo manifestaciones en las calles en medio de la cuarentena pidiendo que sigan presos. Piñera se defendió: “Esta ley de indulto conmutativo no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad porque no extingue la responsabilidad penal ni elimina la condena”.
Como lo indica Holzmann, el debate de qué hacer con los presos de la dictadura es un bumerán en la sociedad chilena y, jurídicamente, las rejas que los encierran desde 1990, cuando cayó Pinochet, pueden desvanecerse. Francisco Pinochet Cantwell, PhD en Derecho y profesor de Derecho Procesal, afirma que “no hay limitaciones para otorgar un beneficio carcelario a casos de violadores de derechos humanos o de criminales de lesa humanidad porque el derecho internacional en los distintos tratados de esta materia no ha impuesto limitación”.
Lo que reclama la jurisprudencia, indica el abogado Pinochet, es que estos criminales sean sancionados, mas no prohíbe darles beneficios humanitarios. “Sí es viable abrir el debate de los beneficios para estas personas por razones jurídicas, pero no se puede entregar un indulto de manera indiscriminada, tiene que haber fundamentos humanitarios”, agrega.
Por ahora, Chile dijo no a contemplar la casa por cárcel o el indulto para criminales de lesa humanidad, pero la cuestión, así como ocurrió en 2010 y 2013, puede volver como uno de los temas que aún incomodan a la ciudadanía que mantiene sus cicatrices de los embates de la dictadura.
en definitiva
Una parte de la sociedad chilena se niega a aceptar que las personas condenadas por sus vínculos con la dictadura tengan beneficios humanitarios, aún cuando estos son adultos mayores.
Contexto de la Noticia
Paréntesis nayib bukele en el salvador, el opuesto
El relato de las cárceles de El Salvador es diferente. El presidente Bukele decretó el estado de emergencia máxima y el pasado martes celebró detenciones masivas de pandilleros vinculados con el asesinato de 58 personas durante el fin de semana, una de las cifras más altas del país en tan solo dos días. La solución que planteó el mandatario fue encerrar en la misma celda a pandilleros de facciones diferentes. Además, autorizó a la Policía a emplear la fuerza letal contra estas personas, responsables de los problemas de criminalidad del país.
Periodista egresada de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.
