El gobierno guatemalteco sumó una nueva arremetida contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y su comisionado, el colombiano, Iván Velásquez. El pasado martes el gobierno de Jimmy Morales retiró la inmunidad con la que contaban once funcionarios de este organismo y ordenó su salida del país en un plazo máximo de tres días.
Esta expulsión se suma a las hostilidades que ha tenido el gobierno contra la comisión desde agosto, cuando anunció que no renovaría sus visas de trabajo y acusó al comisionado Velásquez de “sobrepasar sus funciones”. Además, en ese entonces prohibió la entrada al país de Velásquez, quien se encontraba en una gira por Estados Unidos.
La expulsión no es un hecho aislado. Esta Comisión había pedido retirar los fueros presidenciales para investigar al mandatario por irregularidades en el financiamiento de su campaña a la presidencia en 2015. Se trata, entonces, de un trabajo que incomoda al gobierno centroamericano, pero que ha sido exaltado por la ONU, organismo ha ratificado su apoyo a Velásquez.
Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado, encuentra dos razones en esta expulsión. La primera es que ante la inoperancia e ineficacia del aparato de justicia de Guatemala, “la comisión de Naciones Unidas terminó siendo el único mecanismo viable, legítimo y confiable, para esclarecer los principales delitos contra la corrupción”. El segundo es que esta ha logrado adelantar sentencias en contra de los principales integrantes de la clase política, enviando un mensaje de que “no hay intocables” en esta lucha.
