A Leonidas Albornoz una bala de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía de Venezuela, le quitó la vida en septiembre. Tenía 15 años de edad y era el único hijo varón de Zulange Martínez, una madre que espera justicia para esclarecer la muerte del joven.
Él estudiaba en un colegio del barrio Petare y en los tiempos libres trabajaba lavando carros para apoyar a su mamá con los gastos de la casa, “era el único que me ayudaba”, cuenta ella.
Su vida se apagó en medio de un operativo policial por el que aún no hay condenados y que entró a engrosar la lista de las al menos 715 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante 2022, a pesar de la apertura de Nicolás Maduro con el mundo democrático.
A Leonidas le gustaba jugar baloncesto y por eso entró al Polideportivo de Mescua para entrenar con cinco amigos. Era la tarde del 20 de septiembre y el plan era practicar unas cestas y disfrutar de la piscina después del entrenamiento, pero el vigilante del complejo llamó a la Policía cuando los vio porque creyó que esos pelados que tenían un balón en sus manos eran ladrones.
Cuando la Guardia arribó al lugar, llegó disparando. Los jóvenes salieron corriendo al ver a los uniformados armados hasta los dientes y ellos siguieron descargando sus cartuchos sobre ellos hasta que una bala le dio en la pierna a Leonidas. Los vecinos lo llevaron al hospital, pero ese tiro, si bien fue en el tren inferior, resultó letal porque le comprometió una arteria. De sus amigos cuatro escaparon y uno fue detenido.
Ya es 2023, Zulange recibió el Año Nuevo sin su hijo y ese expediente es uno de los pendientes de la justicia venezolana. La madre solo sabe que tres guardias fueron detenidos por ese caso y las autoridades le dicen que tiene que esperar hasta que se surta una investigación.
Desde su casa en Caracas, Zulange reclama que “la ley no debe actuar así porque todos los adolescentes que viven el los barrios no son delincuentes. Hay muchos que hacen el esfuerzo de salir adelante”.
Su clamor responde a un patrón en el modus operandi de los cuerpos de seguridad del Estado, en el que la mayoría de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales son hombres jóvenes de sectores populares o de escasos recursos.
Esas irregularidades han sido tan recurrentes que ya hacen parte de los expedientes que se estudian en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las posibles violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el régimen.
Víctimas se cuentan por miles
La administración de Maduro reconoció en diciembre de 2017 que miles de personas han muerto por disparos de los uniformados en situaciones que ellos llaman como “resistencia a la autoridad”.
Las cifras son un panorama difuso que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos calculan a cuenta gotas revisando denuncia por denuncia, notas de prensa y declaraciones de madres para intentar llegar a un consolidado.
El registro de Provea indica que hubo 1.114 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2021 y otras 3.034 en 2020. Para 2019 un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabilizó al menos 2.124 durante ese año, se reportaron 7.523 en 2018 y en el rango comprendido entre 2012 y 2017 hay un conteo constatado por esa institución de 6.385 casos.
Todos esos números, sumados, dan cuenta de por lo menos 20.895 ajusticiamientos extrajudiciales que habrían ocurrido a manos de los organismos de seguridad del Estado. Para confirmar que sí son ejecuciones extrajudiciales se necesitan pesquisas dentro de un aparato judicial que marche, un paso esquivo para la Defensoría del Pueblo venezolana.
Rocío San Miguel le ha seguido la pista a esos casos como presidenta de la organización Control Ciudadano, un observatorio de seguridad y defensa que tiene en su lupa a la Fuerza Pública de régimen.
Ella apunta que “hay muy serias dudas porque no podemos constatar que en todos los casos de ‘muertes por enfrentamientos con autoridad’ se abra un oficio de investigación, a pesar de que eso debería ocurrir, de que cada órgano de seguridad del Estado debería reportar al Ministerio Público toda muerte que se dé en el cumplimiento de su función”.
Lo que está claro para los defensores de Derechos Humanos es que el patrón de ejecuciones es el mismo: las víctimas son jóvenes, los asesinan en sus casas, a veces frente a sus familias y en otras ocasiones en un cuarto encerrado en el que los seres queridos no ven –pero sí escuchan– los balazos.
Además de la Guardia que mató a Leonidas, los cuerpos de seguridad implicados en más casos son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la FAES, un grupo del choque que el régimen cerró en medio de la presión internacional de las investigaciones en su contra.
Madres necesitan verdad
Aracelis Sánchez se presenta como “una madre víctima”. Ella lleva casi diez años esperando la verdad sobre su hijo Darwinson, quien fue asesinado en su vivienda en el barrio Jardines del Valle de Caracas el 11 de julio de 2013. Su otro hijo presenció cómo un agente del Estado le disparaba dentro de su casa y tuvo que irse del país por la persecución de la Cicpc.
Para entonces tenía 20 años y acababa de graduarse de una técnica en Mecánica Industrial. Aunque era un muchacho de casa y estudio, se volvió blanco de los policías que asediaban a la familia: los seguían, buscaban sus movimientos y tenían identificado dónde vivían.
Su preocupación de madre hizo que buscara ayuda de la justicia, pero un fiscal le dijo que “no pasaba nada, que podía regresar a casa”. Pisó su hogar y le asesinaron a Darwinson. El caso es de los pocos que ha avanzado en el paquidérmico sistema judicial venezolano y logró que llegara a los tribunales, pero los agentes presuntamente implicados en el homicidio no se han presentado a los juzgados cuando han sido citados por los tribunales.
El anhelo de verdad hizo que Aracelis agrupara a 500 familias de víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales en la organización que ella dirige, Orfavideh. Por ese conocimiento de causa asegura que “al principio los mataban y decían que eran jóvenes delincuentes que se habían enfrentado a los cuerpos de seguridad, pero no es así. En los expedientes se repiten las mismas armas, camionetas y muchachos”.
En el memorando de entendimiento que firmó el régimen con la CPI se pidió el fin de la violencia, pero los números indican que los fusiles del Estado siguieron disparando contra civiles en 2022 y dejaron a madres como Aracelis y Zulange esperando un imposible: que sus hijos regresen a casa.
