Todo comenzó hace once años, cuando Naciones Unidas designó un organismo especial para apoyar a Guatemala en su lucha anticorrupción, y termina este martes, por orden del presidente Jimmy Morales, quien retiró el mandato de ese grupo.
Esa es la historia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presidida por el colombiano Iván Velásquez, y que realizó más de cien denuncias de corrupción e identificó 60 estructuras ilegales del país.
Pero cuando llegó Morales al poder, el Gobierno comenzó a incomodarse con su gestión, hasta que en agosto de 2018 anunció que prescindiría de las funciones de la Comisión. Desde entonces, su trabajo tenía una fecha de caducidad que se cumple hoy.
Huella de la Cicig
Antes de partir, la Cicig dio una última declaración clave: Guatemala es un Estado “capturado y coptado” por “redes político-económicas ilícitas”. Esa disputa entre el gobierno de Morales –quien entrega la presidencia el próximo año– y el organismo, se resume en que la Cicig comenzó a desenmascarar casos de corrupción que salpicaron a los principales grupos políticos.
El impacto de su gestión lo explica el analista político de ese país, Marco Antonio Barahona: el hijo y el hermano de Morales se vieron envueltos en un caso de uso ilegal de recursos del Estado, y él mismo, como secretario de su partido, fue denunciado por financiamiento electoral ilícito en 2015.
Y no solo fueron personas cercanas al presidente. El director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Rubén Hidalgo, explica que “la no continuación de su mandato se debe a que los poderes políticos tradicionales se alinearon en contra de la Cicig” y sentencia que todo lo que se avanzó en Guatemala en estos once años se debe al trabajo de la Comisión.
Ahora las investigaciones estarán a cargo de la justicia interna, con el apoyo de un grupo de Estados donantes, Naciones Unidas y Estados Unidos. No obstante, la coordinadora del movimiento Pro Justicia, Carmen Ibarra, teme que la nueva etapa que enfrenta Guatemala es un reto grande porque “los actores de poder quieren que las cosas estén como antes de que llegara Iván Velásquez”.
El investigador, a su juicio, permitió que la institucionalidad avanzara en su lucha anticorrupción tras lograr procesar a 680 personas y condenar a 310 de estas por corrupción, un proceso que ahora puede quedar en el limbo.
