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Chile aprueba ley “gatillo fácil” para reducir crimen
Tiene el apoyo del Gobierno de Gabriel Boric y relaja el uso de armas de fuego en la Policía. Asesinato de una sargento aceleró el debate.
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El Congreso de Chile, llamado Cámara de los Diputados, avanza en la aprobación de las denominadas leyes antidelincuencia. La que relaja el uso de armas en la Policía contaría con el apoyo del gobierno del presidente Gabriel Boric, militante de la izquierda de ese país. FOTOS: Cortesía
07 de abril de 2023
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Chile llegó a su límite y, tras un duro debate, suavizó los requisitos para el uso de las armas de fuego entre los cuerpos policiales. El asesinato de una sargento de la Policía durante un operativo contra la delincuencia –hace menos de una semana– refleja el fondo de esta ley, así como el incremento de los crímenes violentos que azota al que se consideraba uno de los paraísos en seguridad de América Latina.
La delincuencia armada, los sicariatos, las extorsiones y el tráfico de personas son la principal preocupación de los chilenos, según encuestas, y han presionado al Gobierno y al Congreso a tratar un paquete de leyes contra el crimen, entre ellas una calificada por organismos internacionales como “gatillo fácil” para efectivos policiales. Desde las filas de la oposición de derecha defienden la mano dura.
“Hemos tenido una importación de delitos que en Chile no estábamos acostumbrados. Eso acompañado de un Gobierno en el que nunca fue su prioridad la seguridad”, declaró a la AFP el diputado opositor Andrés Longton.
Sus palabras se dan luego de que la sargento Rita Olivares, de 43 años y madre de dos niños, fue acribillada al bajar del carro policial para atender una denuncia por robo en Quilpué, un pueblo a 120 kilómetros de Santiago.
Su muerte terminó por colmar la paciencia de los chilenos que –en los últimos años– viven un deterioro de la seguridad e incremento de todos los delitos, especialmente los más violentos. En 2022 los homicidios crecieron 33,4 % respecto al año anterior, según datos de la subsecretaría de Prevención del Delito.
Esta cifra significa la segunda mayor variación en América Latina, solo detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80 %. Y los robos con violencia e intimidación subieron 63,1 % en 2022 y los de automóviles 39,8 %.
Por eso, el presidente Gabriel Boric, acusado por sus detractores de haber alentado un discurso de izquierda contra la Policía durante las protestas sociales de 2019, ha dado un giro para apoyar las acciones contra el crimen. Incluso, aseguró que concurriría él mismo a procedimientos policiales.
“Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora, que es la gran mayoría”, afirmó el mandatario, tras prometer aplicar toda la fuerza de la ley para los asesinos de la sargento Olivares.
El combate de la delincuencia no era una prioridad en el programa de Boric, que se centra en aumentar los derechos sociales. Pero con los crímenes como principal preocupación de los chilenos “hay una necesidad muy fuerte de que el gobierno aparezca preocupado del orden público”, señaló a la AFP María Cossette Godoy, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
De ahí nació la ley “gatillo fácil”. En efecto, los diputados aprobaron en tiempo récord y con amplias mayorías las seis primeras leyes antidelincuencia, la mayor parte de estas llevan nombres de víctimas. Así, buscan garantizar la legítima defensa de los policías y tipificar crímenes no contemplados en el país, como la extorsión o el sicariato.
Ahora, tras la aprobación de la norma, conocida como “Naín-Retamal”, se establece “la legítima defensa privilegiada” de los policías para dejarlos “exentos de responsabilidad criminal” cuando actúen en defensa propia, de terceros o por impedir un delito.
“La propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”, criticó el jefe de ONU para derechos humanos en América del Sur, Jan Jarab.
Para Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile, esta ley “implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”.
La Policía de ese país enfrentó fuertes cuestionamientos en su gestión durante las protestas de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
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