El caso ocurrió en octubre de 2024, pero volvió a ocupar titulares en septiembre de 2026, cuando Jane Doe, una antigua estudiante de Cornell University, presentó una demanda contra la universidad y siete hombres que pertenecían a la fraternidad Chi Phi.
La demanda sostiene que la joven fue drogada, quedó incapacitada y fue agredida sexualmente durante varias horas. Los siete señalados son Matthew Ingalls, Diego Sarabia, Winston Lee, Jonathan Newell, Gillio Lopes, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno ha sido condenado penalmente por estos hechos.
El punto de mayor indignación pública radica en la aparente levedad del proceso disciplinario interno que adelantó la universidad. Según la demanda de la víctima, solo dos de los siete involucrados fueron expulsados, mientras que otros habrían recibido sanciones menores como suspensiones temporales o “la redacción de ensayos académicos”. Además, el caso nunca pasó a la justicia penal en 2024 debido a que la policía del campus omitió enviar a la Fiscalía las transcripciones clave de las entrevistas iniciales.
En contexto: Reabren caso de presunta violación de una estudiante por siete hombres en la Universidad Cornell de Estados Unidos
La decisión de reactivar la investigación penal se tomó tras la demanda civil presentada por la denunciante a mediados de septiembre de 2026 y la revelación de las transcripciones de entrevistas policiales, difundidas por CBS News, que el fiscal aseguró no haber visto. Ahora, el material será presentado ante un jurado, que deberá determinar si existen elementos para determinar si procede la imputación de cargos.
Cómo llegó la estudiante a la casa de Chi Phi antes de la denuncia de violación grupal
La noche del 18 de octubre de 2024, Jane Doe, que entonces tenía 20 años, salió con otros estudiantes y consumió alcohol antes de llegar a la casa de la fraternidad Chi Phi, en Ithaca, Nueva York.
De acuerdo con la demanda, la joven llegó a la casa de la fraternidad bajo los efectos del alcohol para visitar a Matthew Ingalls, su amigo. Luego declaró ante la Policía de Cornell que la primera relación sexual de esa noche fue consentida, aunque estaba muy ebria.
Pero la situación cambió. Dos integrantes de Chi Phi la habrían presionado para consumir ketamina y también habría consumido marihuana y alcohol. Conforme avanzaba la noche, tenía cada vez más problemas para tomar decisiones. En la transcripción de su entrevista con la Policía de Cornell dijo: “Sentía que no podía tomar ninguna decisión debido a lo intoxicada que estaba”.
Ese punto es central en el caso porque la demanda sostiene que la intoxicación llegó a impedirle consentir.
Los mensajes de Snapchat que quedaron como evidencia en el caso Cornell 7
Mientras la joven permanecía en la casa de la fraternidad, Jonathan Newell envió un mensaje a la 1:42 a.m. al grupo de Snapchat “Chi Phi Actives” avisando que había una mujer “disponible” para tener relaciones sexuales. En las capturas obtenidas por CBS News consta que otro integrante preguntó “¿Shop still open?” (“¿Sigue abierta la tienda?”), a lo que le respondieron “Yea” (“Sí”)
Después de esos mensajes, entraron más hombres a la habitación donde estaba Jane Doe y las agresiones sexuales continuaron. La joven relató posteriormente que intentó cubrirse con las cobijas cuando comenzaron a llegar más personas.
El consumo de ketamina continuó mientras la estudiante se encontraba cada vez más incapacitada. La reconstrucción de los hechos ubica el final de la noche hacia las 5:45 de la mañana del 19 de octubre. Jane Doe declaró que durmió hasta las 10 de la mañana y que luego fue llevada a casa por Matthew Ingalls.
“Me enteré de que lo que me había pasado en Chi Phi se estaba haciendo público”, escribió en la declaración. “Varias amigas me dejaron claro que las integrantes de Chi Phi se jactaban de haber tenido un encuentro sexual de ocho personas conmigo. Algunos rumores decían que eran diez, pero, en cualquier caso, ahora era obvio que todo el mundo sabía que me había pasado”.
Jane Doe denunció lo ocurrido ante la Policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, tres semanas después. Los días 14 y 15 de noviembre, investigadores de la universidad la entrevistaron.
En la transcripción de esa conversación, obtenida posteriormente por CBS News, dice que: “Puedo decir con 100 % de confianza que fui violada (...) estoy muy segura de esto”.
La Fiscalía de Tompkins no presentó cargos y cerró inicialmente el caso penal
El fiscal Matthew Van Houten explicó que en 2024 recibió una declaración jurada de seis páginas, pero no la transcripción completa de las entrevistas realizadas por la Policía de Cornell.
Según el fiscal, el documento que recibió describía parte de la actividad sexual y el consumo de drogas como voluntarios y consentidos. Con esa información, su oficina decidió no presentar cargos penales.
Pero en septiembre de 2026 cuando la periodista de CBS News Mahsa Saeidi le mostró la transcripción de la entrevista al fiscal, Van Houten dijo: “Nunca la vi, nunca la escuché hasta esta noche”. El fiscal añadió que, si esa información había quedado por fuera de los documentos que recibió su oficina, debía ser investigada.
Las pólemicas sanciones de Cornell tras la denuncia de violación grupal
Mientras no hubo cargos penales, Cornell adelantó un proceso disciplinario interno. La universidad aseguró que realizó una investigación bajo sus procedimientos del Título IX (ley federal de EE. UU. que obliga a las universidades a atender e investigar denuncias de discriminación y violencia sexual) y que el caso terminó con diferentes sanciones.
Según los balances oficiales de Cornell, el proceso disciplinario interno se saldó con apenas dos estudiantes expulsados y dos suspendidos por al menos dos semestres; un quinto implicado ya se había graduado y dos más fueron absueltos de responsabilidad. Sin embargo, la demanda civil destapó la faceta más escandalosa del manejo institucional: a varios de los acusados se les habría permitido mitigar y conmutar sus sanciones disciplinarias mediante la redacción de ensayos académicos.
Aunque Cornell argumentó de forma defensiva que la elaboración de textos no fue la “única” consecuencia impuesta, la idea de que un ataque masivo se pretendiera resarcir con tareas pedagógicas generó críticas. Como medida de contención, el capítulo local de Chi Phi fue vetado de manera permanente del campus y la directiva nacional de la fraternidad expulsó a los implicados.
Los abogados de algunos de los señalados han negado las acusaciones
El abogado Jeremy Saland, que representa a Scott Kretzschmar, sostiene que su cliente estuvo en la habitación solo unos minutos y que no participó en una agresión sexual. También presentó, según CBS News, una prueba de cabello que su defensa utiliza para cuestionar si hubiera consumido ketamina.
El abogado Andrew Miltenberg, representante de Gillio Lopes, dijo que su cliente niega categóricamente las acusaciones y cuestionó las diferencias entre el relato de la demanda y la investigación realizada anteriormente.
Ahora, la Fiscalía revisará nuevamente las pruebas y las llevará ante un jurado, que deberá determinar si existen elementos para presentar cargos. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también pidió una revisión independiente de la actuación de Cornell y la universidad aceptó contratar abogados externos para revisar cómo manejó la denuncia.
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