Sally Yates, quien fue fiscal general adjunta durante el gobierno de Barack Obama, estará al frente de una revisión independiente sobre la respuesta de la institución ante la denuncia presentada por una estudiante que señala a siete integrantes de una fraternidad.
La Universidad de Cornell, en Estados Unidos, anunció este martes el nombramiento de Sally Yates, exfiscal general adjunta durante el gobierno de Barack Obama, para dirigir una investigación independiente sobre la forma en que la institución atendió la denuncia de violación grupal presentada por una estudiante por hechos ocurridos el 20 de octubre de 2024 en el campus.
La estudiante, identificada como Jane Doe en la demanda para proteger su identidad, sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, durante la madrugada de esa fecha. El caso generó cuestionamientos sobre las actuaciones de la universidad y las medidas adoptadas contra los señalados.
El Comité Especial del Consejo Directivo de Cornell informó que Yates estará a cargo de una «revisión independiente exhaustiva» para analizar las políticas y procedimientos de la universidad frente al acoso sexual, la agresión sexual y otras conductas relacionadas.
“La revisión examinará las políticas, prácticas y recursos de Cornell en todo el espectro de prevención y respuesta, incluyendo cómo se reciben e investigan los informes; cómo se apoya a los estudiantes; cómo se manejan las audiencias, las decisiones disciplinarias y las apelaciones; el papel, los procesos y la respuesta de la policía del campus”, explicó el nuevo órgano del centro en un comunicado.
La investigación busca establecer cómo actuó Cornell desde la recepción de los reportes hasta los procesos disciplinarios y las respuestas institucionales. Para ello, examinará la manera en que la universidad recibe e investiga los reportes, los mecanismos de apoyo disponibles para los estudiantes, el desarrollo de las audiencias y las decisiones disciplinarias, los procedimientos para presentar apelaciones, el papel y la actuación de la policía del campus, y las políticas y recursos destinados a prevenir y responder ante agresiones sexuales.
La presidenta del Comité Especial, Anne Meinig Smalling, señaló que la universidad debe revisar sus propias actuaciones.
“Es imperativo que Cornell esté dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás”, declaró Smalling en un comunicado.
La directiva agregó: “Queremos entender no solo lo que ocurrió en 2024, sino también cómo Cornell puede convertirse en un referente en la prevención de la violencia sexual, en el apoyo a quienes denuncian y en las respuestas a las denuncias de manera rigurosa, justa y empática”.
La decisión se produce después de los cuestionamientos a la respuesta de Cornell frente a las denuncias. Tras los reportes iniciales en 2024, la universidad cerró la fraternidad Chi Phi y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados. Posteriormente, dos de ellos fueron expulsados.
El caso también motivó manifestaciones dentro de Cornell. Miles de estudiantes y miembros del profesorado se concentraron el lunes para pedir justicia para la denunciante. Durante la protesta se observaron carteles con mensajes como “Que rindan cuentas” y “Protejan a las sobrevivientes”.
La denunciante afirma en la demanda que fue “presionada (...) para esnifar” ketamina antes de la agresión. También sostiene que, durante los hechos, se encontraba bajo los efectos del alcohol y que hubo coacción.
En noviembre de 2024, la estudiante declaró ante la policía universitaria que podía afirmar “con seguridad al 100 %” que había sido violada. Según documentos citados por CNN, también describió situaciones de coacción y falta de capacidad para decidir debido a su estado de embriaguez.
El abogado de la estudiante, además, denunció que usuarios de redes sociales han intentado revelar la identidad de la joven, pese a que en la demanda aparece bajo el nombre de Jane Doe.
La investigación penal fue reabierta la semana pasada, luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para asumir el caso. En 2024, las autoridades locales habían decidido no presentar cargos al considerar que el testimonio de la denunciante no demostraba la ausencia de consentimiento.
Le puede interesar: Nidal Hasan, el primer militar que será ejecutado en EE. UU. con pelotón de fusilamiento desde la II Guerra Mundial
Yates fue fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia entre 2010 y 2015. Posteriormente, el entonces presidente Barack Obama la nombró fiscal general adjunta de Estados Unidos, cargo que ocupó entre 2015 y 2017.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Yates se desempeñó brevemente como fiscal general interina. Diez días después de asumir el cargo, fue destituida luego de ordenar al Departamento de Justicia que no defendiera en los tribunales una orden ejecutiva firmada por Trump.
La Casa Blanca la acusó de traicionar al Departamento de Justicia.
La revisión de Cornell estará centrada en las políticas, procedimientos y actuaciones de la institución frente a las denuncias de violencia sexual, mientras la investigación penal sobre los hechos de 2024 continúa bajo la dirección de la fiscal especial Letitia James.
En Estados Unidos, una de cada cuatro estudiantes universitarias de grado reportó haber sufrido contacto sexual forzado o contacto sexual sin consentimiento, de acuerdo con un estudio de 2020 realizado en 33 instituciones por la Asociación de Universidades Americanas.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas y respuestas:
Regístrate al newsletter
