Quien quiera que haya ordenado la muerte de Fernando Villavicencio Valencia, no solo salpicó de horror las elecciones presidenciales de Ecuador. También silenció a un hombre que llevaba varios años haciendo graves denuncias contra miembros de la clase política, a quienes relacionaba con mafias de corrupción y narcotráfico.
“Si te pones a pensar a quién le pudo convenir la muerte de Fernando, te pierdes en una marea inmensa, porque les puede convenir a todos, y también les puede perjudicar a todos”, expresó ayer su amigo y colega Martín Pallares, columnista del diario ecuatoriano Expreso.
Se refería a que el difunto periodista, exasambleísta y candidato presidencial había dedicado su vida a destapar ollas podridas que afectaron a grandes poderes.
Villavicencio aportó las pruebas de los sobornos y financiación ilegal de la empresa Odebrecht en su país, que derivaron en sentencias contra el expresidente Rafael Correa (asilado en Bélgica) y su vicepresidente Jorge Glas.
Contra el correísmo, en particular, realizó múltiples denuncias, relacionando a sus militantes con oscuros manejos de corrupción. La última en la que puso la lupa fue Raisa Vulgarín, una candidata a la Asamblea ecuatoriana (Congreso) por el partido Revolución Ciudadana, cuyo líder es el exmandatario Correa.
Ella es pareja del contador Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro (el hijo del presidente Gustavo Petro), quien está judicializado por su presunta participación en hechos de corrupción, lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña presidencial de su papá.
Este episodio no parece relacionarse con la situación política en Ecuador.
En las pruebas reveladas por la Fiscalía en las audiencias de control de garantías, había chats de WhatsApp en los que Daysuris Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro y supuesta cómplice de sus delitos, mencionaba que -presuntamente- Raisa y Camilo participaron en el movimiento de los dineros calientes.
Una de las conversaciones expuestas sobre el manejo de la plata, entre Nicolás y Daysuris, detalla: “50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa”.
Al enterarse de esta situación, el pasado 29 de julio Fernando Villavicencio se pronunció en Twitter: “En varias fotos reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vásquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional Raisa Vulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raisa”.
Y concluyó: “Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige las campañas de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador”, al tiempo que le pidió a la Fiscalía de su país que le pidiera esas evidencias a su par de Colombia.
Frente a estos cuestionamientos, Raisa Vulgarín publicó un comunicado, señalando que no tiene nada que ocultar. “Mi relación sentimental es de carácter personal, íntima, privada y no tiene que ver con el movimiento político al que represento (...). Estoy a completa disposición para responder cualquiera de las interrogantes que las autoridades pertinentes soliciten y así aclarar cualquier malentendido”, dijo.
Tras conocerse el magnicidio, Rafael Correa escribió: “Ecuador se ha convertido en un Estado fallido. Dueles Patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo”.
Lo cierto es que ahora la opinión pública ecuatoriana está señalando a ese movimiento. En palabras de Pallares, “no creo que el correísmo lo haya mandado a matar, pero hoy son vistos como los villanos. Ellos detestaban a Villavicencio con toda el alma”.
La rivalidad con Piedad Córdoba
En enero de 2022, cuando era asambleísta, Villavicencio viajó a Colombia para reunirse con el presidente Iván Duque. Le entregó un informe de 125 páginas elaborado por la Comisión de Fiscalización del Legislativo, con detalles de los tentáculos en Suramérica de Alex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En el documento, del que también les dio copias al Departamento de Justicia de EE.UU. y a la Fiscalía de Panamá, se mencionó a la hoy senadora Piedad Córdoba y a una constructora bogotana (Fondo Global de Construcción) como presuntas cómplices del entramado.
“Esa empresa, que operaba también desde Ecuador, no exportó ni una sola casa a Venezuela. Fue una empresa de fachada. El objetivo de Alex Saab y Álvaro Pulido (su socio), y el objetivo del chavismo, era apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano. Ecuador fue víctima del asalto de las reservas, porque es el único país que tiene dólares (...). Esto permitió un drenaje de 2.697 millones de dólares, que puso en riesgo la economía de mi país”, recalcó Villavicencio.
Piedad Córdoba negó su participación en estos hechos e insistió en que no tenía conexiones con Saab. Al ecuatoriano lo insultó en una entrevista con Semana, lo acusó de montar una película para difamarla y advirtió que lo iba a denunciar.
“Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, declaró Córdoba.
Ante esto, el asambleísta le respondió por Twitter: “Señora @piedadcordoba su nivel primario de violencia expresa su desesperación al sentirse descubierta. La información entregada a la justicia desbarata su mentira de que no conocía a Álex Saab. Usted viajó en julio de 2013 a Ecuador, con su hijo y Alex Saab, en un avión de Saab”, y publicó un manifiesto del vuelo.
“Él tenía una información increíble, que no manejaban ni los servicios de inteligencia. Tenía documentos y mucho olfato, él era una fuente a la que todos los periodistas llegábamos”, recordó Pallares.
Nadie sabe muy bien cuáles eran las fuentes de Villavicencio, pero tenía un panorama investigativo que abarcaba gran parte de Suramérica. Aún así, de momento estos casos lejanos a su país no los relaciona la justicia ecuatoriana con el asesinato.
La Cancillería de Colombia expresó sus condolencias en redes sociales: “El ministro Álvaro Leyva, y el Gobierno todo, reafirman su solidaridad al pueblo ecuatoriano y confían en la fortaleza de las instituciones de la hermana República del Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.
Colombianos involucrados
El presidente Guillermo Lasso calificó lo sucedido como “un crimen político”, declaró un Estado de Excepción durante 60 días y le pidió apoyo investigativo al FBI.
El asesinato fue perpetrado a las 6:14 p.m. del pasado miércoles, a la salida de un evento proselitista en una institución educativa de Quito.
La Policía aseguró que Villavicencio tenía tres anillos de seguridad; sin embargo, la moto de los sicarios se acercó con facilidad a la camioneta sin blindaje que lo iba a transportar, y cuando este se subió a la silla trasera, lo acribillaron a través de la ventanilla.
Luego se desató un tiroteo con la escolta, en el que resultaron heridos tres policías y el presunto homicida, quien fue capturado.
En este punto hay que resaltar una irregularidad en el procedimiento: en vez de llevar al sospechoso de asesinato a un hospital para que le atendieran las heridas, los uniformados lo trasladaron a una sede de la Fiscalía (Unidad de Flagrancia), donde luego reportaron su muerte por causa de las graves lesiones, el occiso resultó ser colombiano.
La Policía hizo varios allanamientos en dos áreas semirrurales de Quito, llamadas Conocoto y San Bartolo, donde capturó a otros seis colombianos que al parecer estarían involucrados en el magnicidio. Les incautaron un arsenal de armas de fuego y granadas.
Sus nombres circularon después en la prensa: Adey Fernando García García, sentenciado a 10 años por homicidio y narcotráfico; Jules Osmín Castaño Alzate, quien pagó cuatro años de prisión por porte de estupefacientes; Andrés Manuel Mosquera Ortiz, Jhon Gregore Rodríguez, José Neider López Hitas y Camilo Andrés Romero Reyes.
Los dos primeros, además, tenían órdenes de captura pendientes, por el delito de receptación.
El ministro del Interior, Juan Zapata, acotó que pertenecían a un grupo de crimen organizado, aunque no especificó cuál. En Ecuador hay peligrosas bandas locales que se disputan el territorio para el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros delitos; algunas de ellas trabajan para carteles mexicanos y de la región europea de los Balcanes.
Villavicencio ya había denunciado amenazas en su contra. En septiembre de 2022 un par de sicarios dispararon contra la fachada de su casa. En ese entonces, el sospechoso de orquestar el ataque fue José Adolfo Macías Villamar (“Fito”), uno de los cabecillas encarcelados de “los Choneros”, una banda que trabaja en asocio con carteles extranjeros.
Tras el asesinato, circuló por redes un video en el que supuestamente “los Lobos”, una facción enemiga de “los Choneros”, se atribuía el hecho; no obstante, resultó ser un montaje.
Villavicencio solía decir que “Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, la minería ilegal y la corrupción”. Prometió que, de llegar al poder, construiría una megacárcel en la Amazonía para aprisionar a todos los peces gordos y haría una depuración sin precedentes en la Fuerza Pública, para eliminar sus nexos con el crimen organizado.
Alguno de todos estos adversarios ordenó aniquilarlo a 11 días de las elecciones. Aunque las encuestas no lo daban como favorito frente a los otros siete candidatos, su muerte envía un mensaje nefasto para la democracia ecuatoriana. En homenaje a su carrera, sus colegas republicaron las entrevistas que le hicieron; en una de ellas, el periodista Carlos Vera le advirtió que, por sus denuncias, estaba cosechando muchos enemigos.
“¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? Que esté vivo. ¿Si vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia?”, le preguntó. A lo que él respondió: “Uno sobrevive perdiendo el miedo”.
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ANEXO: LA CONEXIÓN DE “LOS CHONEROS” CON COLOMBIA
La banda “los Choneros”, que está en la extensa lista de sospechosos del magnicidio, tiene nexos con grupos narcotraficantes de Colombia, como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y redes independientes, que les proveen la cocaína para su mercado local y de exportación.
De hecho, uno de los cabecillas de esa organización, Junior Alexánder Roldán Paredes (“Junior” o “JR”), huyó de la justicia ecuatoriana para refugiarse en Colombia a principios de 2023.
Tal cual informó EL COLOMBIANO en ese entonces, estaba escondido en una finca del Suroeste antioqueño, donde fue cazado por los asesinos. Su cadáver fue encontrado el pasado 6 de mayo en la vereda El Mango, del municipio de Fredonia. Lo abandonaron en una zona boscosa, con un orificio de bala en la cabeza.
Por este homicidio todavía no hay órdenes de captura ni sospechosos identificados.
