El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre que su Gobierno evalúa un programa de libertad anticipada y condicional que podría beneficiar a cerca de la mitad de los más de 92.000 presos detenidos durante el régimen de excepción, instaurado en 2022 para combatir a las pandillas.
La medida estaría dirigida a personas que colaboraron con estas estructuras y dependería de una evaluación individual, con condiciones de permanencia en libertad y mecanismos de vigilancia.
El mandatario presentó la propuesta durante una sesión de preguntas y respuestas posterior al anuncio de un acuerdo de inversión en energía con el grupo español COx. Allí explicó que la iniciativa busca revisar las circunstancias de los reclusos y determinar quiénes podrían acceder a una salida anticipada de prisión.
“Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50%, más o menos, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, dijo Bukele.
El presidente aclaró que el programa no implicaría retirar la responsabilidad penal de los beneficiarios. Por el contrario, las personas continuarían siendo consideradas culpables, aunque podrían cumplir parte de su condena fuera de la cárcel, bajo supervisión.
“Una liberación anticipada, o sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente. Liberarlo con monitoreo”, explicó.
¿Cómo se evaluaría la libertad condicional de los presos?
Bukele sostuvo que la revisión tendría en cuenta las circunstancias en las que cada persona se relacionó con las pandillas, en un país donde estos grupos ejercieron control territorial durante años. Según el mandatario, es necesario distinguir entre quienes formaban parte de las estructuras que ejercían violencia y quienes pudieron colaborar en medio de ese contexto.
“Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura. Estas personas vivían bajo ese yugo, pero no es lo mismo formar parte de quienes lo aplicaban que simplemente sobrevivir a esa realidad”, afirmó.
El gobernante reiteró que su administración está examinando los expedientes para determinar si existen circunstancias que permitan conceder el beneficio a una parte de la población carcelaria.
“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se pueda hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, señaló.
Por ahora, el Gobierno no ha establecido una fecha para poner en marcha el programa. Tampoco ha precisado cuántos reclusos podrían quedar en libertad, cuáles serían los requisitos de acceso ni qué mecanismos se utilizarían para vigilar el cumplimiento de las condiciones.
Una comisión revisa los casos de los detenidos
El anuncio también puso de nuevo sobre la mesa la existencia de una comisión gubernamental que revisa los expedientes de las personas capturadas durante el régimen de excepción. Bukele explicó que este mecanismo no depende de los jueces ni de la Fiscalía General de la República y lo describió como una vía adicional para evaluar la situación de los detenidos.
La existencia de esta instancia había sido divulgada en abril por Ibrahim Bukele, hermano del presidente, quien señaló que sus integrantes examinan los casos de manera individual. Según sus declaraciones, la comisión estaría integrada por jueces, fiscales y funcionarios del Ejecutivo, entre ellos la primera dama, Gabriela de Bukele.
El mandatario defendió la revisión al afirmar que su Gobierno no busca mantener encarceladas a personas que no sean culpables. Sin embargo, no detalló cuál es la base jurídica del mecanismo, qué criterios se aplican para tomar las decisiones ni cómo se articula con los procedimientos judiciales establecidos en la Constitución.
La revisión se produce mientras miles de personas permanecen detenidas desde la entrada en vigor del régimen de excepción. Además, organismos defensores de derechos humanos han documentado más de 500 muertes bajo custodia estatal desde 2022.
El régimen de excepción y los cuestionamientos a la estrategia de seguridad
Bukele ha situado la seguridad como uno de los ejes de su Gobierno desde que instauró el régimen de excepción en marzo de 2022. La estrategia incluyó detenciones masivas de presuntos integrantes de pandillas y ha coincidido con una reducción de los homicidios en el país.
No obstante, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado presuntas detenciones arbitrarias, restricciones al derecho de defensa y limitaciones al debido proceso. También se han señalado posibles abusos, incluidos torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, durante la aplicación de estas medidas.
Desde enero de 2026, los tribunales salvadoreños han adelantado juicios masivos en los que se procesa simultáneamente a miles de personas señaladas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas. Abogados consultados por medios de comunicación han cuestionado las garantías de estos procedimientos y han advertido que los acusados tendrían dificultades para ejercer su defensa de manera individual.
La posibilidad de revisar los casos para conceder libertades condicionales representa un cambio en el tratamiento de una parte de los detenidos, después de que Bukele defendiera durante años la política de capturas y sostuviera que el margen de error de su estrategia era reducido.
La propuesta se conoció tras una conversación con Marco Rubio
El anuncio se produjo el mismo día en que Bukele conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la protección de la infraestructura crítica y los puertos salvadoreños frente a lo que Washington denomina “influencias extranjeras malignas”, según informó el Departamento de Estado.
Bukele mantiene una relación cercana con el presidente estadounidense, Donald Trump, y participa en el Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional en seguridad respaldada por Washington y varios gobiernos latinoamericanos.
Los dos países también mantienen acuerdos de cooperación en materia migratoria. En ese contexto, El Salvador aceptó recibir a cientos de personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas ciudadanos venezolanos señalados por las autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Parte de los deportados fue trasladada al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión construida durante la administración de Bukele y que se ha convertido en una de las principales instalaciones de su política de seguridad.
Por el momento, la propuesta de libertad anticipada continúa en evaluación. Su alcance dependerá de los criterios que establezca el Gobierno y de los mecanismos que finalmente se definan para seleccionar a los beneficiarios y supervisar su permanencia fuera de prisión.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué presos podrían beneficiarse del plan de libertad condicional de Nayib Bukele?
- La propuesta estaría dirigida a personas que colaboraron con pandillas y cuyas circunstancias particulares podrían justificar una liberación anticipada, tras una evaluación individual de sus casos.
- ¿Cuántos presos podría liberar Nayib Bukele en El Salvador?
- El presidente señaló que el programa podría beneficiar a cerca del 50 % de los presos que habrían colaborado con pandillas. No precisó cuántas personas representarían esa proporción.
- ¿Qué condiciones tendrían que cumplir los presos para salir de la cárcel en El Salvador?
- Los posibles beneficiarios tendrían que acceder a una libertad condicional bajo supervisión y cumplir determinadas condiciones. El Gobierno todavía no ha especificado los requisitos ni los mecanismos de vigilancia.
- ¿Los presos que reciban libertad condicional quedarían absueltos de sus delitos?
- No. Bukele explicó que las personas beneficiadas seguirían siendo consideradas culpables, pero podrían salir de prisión anticipadamente bajo monitoreo.
