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Una parte de la población asocia al dictador chileno con
las violaciones a los derechos humanos, y otra parte, con
la prosperidad del país austral.
El 10 de diciembre de 2006, el día en que Augusto Pinochet murió, a Roberta Bacic, compiladora de la memoria de la dictadura chilena, le llamó la atención que a pesar de los esfuerzos por reconstruir y contar los vejámenes del líder, millones de personas salieron a las calles a llorarlo.
“La dictadura y la guerra dividen a un país”, dice ella, para quien 3.200 asesinatos en manos de agentes del Estado, 1.192 desapariciones y más de 33.000 personas secuestradas, torturadas y encarceladas por razones políticas, son suficientes para haberse identificado más con las víctimas que con los perpetradores.
Bacic trabajó por cuatro años en la Segunda Comisión de la Verdad de su país. Escuchó a familiares de asesinados, desaparecidos y torturados; también se encontró con sobrevivientes e incluso con responsables de los hechos.
Al final encontró que había un vacío: aunque la justicia ha operado en Chile con relativa diligencia, esas personas debían esperar muchos años hasta que se condenara o se reparara...