La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) convocó a una audiencia extraordinaria para escuchar, el 2 de febrero, a las partes implicadas en el indulto concedido al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
“La corte ya ha notificado a las partes a una audiencia conjunta, en dos casos abiertos en supervisión de cumplimiento de sentencia, que son Barrios Altos y La Cantuta”, informó a Efe la abogada Gloria Cano, directora de una de las organizaciones civiles que representan a los deudos de las víctimas de estas matanzas.
Cano agregó que en la audiencia se revisarán “dos pedidos en una sola audiencia” y ya se ha convocado al Estado peruano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos representantes de los deudos, como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que ella dirige.
Sostuvo que “normalmente la corte tiene sesiones y al final del periodo toma una decisión, pero ahora ha visto necesario convocar a la audiencia dentro de ese periodo, de acuerdo a la gravedad” del caso.
Añadió que después de la audiencia del próximo 2 de febrero, la corte “emitirá una resolución de cumplimiento obligatorio”, en una plazo no determinado.
Ahí señalará si el Estado peruano ha cumplido o no sus obligaciones establecidas en estos casos, por los cuales Fujimori fue condenado, en 2009, a 25 años de cárcel.
Masacres en Perú
Fujimori fue considerado autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el 24 de diciembre el indulto humanitario a Fujimori, quien actualmente permanece en una clínica de Lima, sustentado por razones humanitarias, al considerarse que padece una serie de enfermedades y su salud podía agravarse en prisión.
Kuczynski también otorgó el derecho de gracia presidencial a Fujimori, por lo que el exmandatario no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca, en el norte de la región Lima, también a manos del grupo Colina.
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