La de Argentina es una historia en bucle. Martín Caparrós la asemeja a una inmensa caja de Pandora en la que están sentados millones de argentinos presionando, evitando que se abra, como el viajero que antes de partir se lanza en cuerpo a la maleta, en pro de su cierre. “Al final, la caja siempre vuelve a abrirse y todos saltamos por los aires”.
El monstruo que emerge es el mismo, de filosos dientes o sonrisa inocente, según quien habite la Casa Rosada: el FMI (Fondo Monetario Internacional), se ha mudado de Washington a Buenos Aires y allí, de tanto en tanto, sale a asustar, a poner presidentes y a tumbarlos. O, como en esta ocasión, a enfrentarlos. Alberto Fernández, el presidente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido llevar a juicio a su antecesor, Mauricio Macri. En el centro de la causa judicial: el FMI.
El escenario físico, un parlamento que inicia un año legislativo y electoral: en noviembre de 2021 se tendrá que renovar, en un país que, como el resto del mundo, vive en una anormalidad pandémica que ya cumple un año. Allí, en el púlpito donde en su posesión prometió unir a su pueblo, Fernández agudizó la ruptura entre sus fieles y sus detractores, nostálgicos del gobierno anterior: anunció lo que llamó una “querella judicial” contra Macri, a quien acusó de protagonizar “la mayor malversación de caudales que nuestra historia recuerda”.
Se refería la aprobación y uso final de un crédito, en 2018, que realizó el FMI a Argentina por una cuantía de US$57.000 millones, la más alta de la historia del fondo multilateral. Una deuda que hoy las autoridades consideran “excepcional” e “inédita”, no solo por su valor, también porque fue autorizado a un Gobierno que en ese entonces ya estaba cerca del default virtual (la suspensión de los pagos por falta de dinero).
Una semana después del discurso, que según Julio Burdman, politólogo argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, se debe leer ya en clave electoral, la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ejecutivo, presentó la denuncia formal. Macri (y varios de sus ministros, como el de Hacienda y el de Finanzas) tendrán que responder por supuesta defraudación por administración infiel, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública; y malversación de caudales públicos.
En su acusación, la OA señala a los imputados de ejecutar “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado”.
El objetivo del préstamo, entendido en el marco de un “programa” que buscaba salvar a la economía del abismo, fracasó. Así lo parece entrever el informe del Banco Central Argentino sobre lo ocurrido en el gobierno de Macri. El país, señala, “concluyó el año 2019 con una de las fases contractivas más prolongadas de su historia, una tasa de inflación que marcó el nivel más alto de los últimos 28 años, registros récord de desempleo en 13 años y niveles de pobreza que alcanzaban a más del 35% de la población”. No está claro, sin embargo, que el fracaso sea un delito.
¿Una venganza?
“Es erróneo creer que se puede llevar a la justicia decisiones políticas”, señala Burdman. “Macri tal vez fue irresponsable en su política de endeudamiento, pero no sé hasta qué punto es posible juzgar esa política en términos de los tribunales. Son decisiones tomadas por un presidente elegido para eso”. Lo cierto, más allá de si hubo o no delito en la aprobación y uso final del crédito, algo que tendrán que determinar las autoridades, la “justicia” y la política en Argentina han ido de la mano.
Días antes del discurso de Alberto Fernández en el Parlamento, su vicepresidenta se enfrentó a la justicia. Lo hizo desde su oficina, con la bandera nacional al fondo. “Enfrentar” no resulta una palabra suelta: Kirchner se dirigió durante poco más de una hora ante una sala del Tribunal Federal de Casación por una de las nueve acusaciones que se desarrollan en su contra. Allí responsabilizó a todo el poder judicial de la elección de Macri: “ustedes contribuyeron a que ganara. No miren para otro lado. Ustedes son responsables de lo que está pasando”. Los culpó de influir en la política argentina, en el día a día de todos los ciudadanos, a los que llamó a “espabilar”.
El juicio a la expresidenta comenzó tras la acusación del grupo parlamentario de la entonces oposición macrista. La suspicacia rodea la fecha en la que se hizo público: octubre de 2015, justo en medio de la primera y segunda vuelta presidencial, en la que el candidato del kirchnerismo, Daniel Osvaldo Scioli, se disputaba el cargo con Mauricio Macri, quien a la postre sería el ganador, poniendo fin a 15 años de gobierno peronista.
“No solamente es lawfare (´Guerra jurídica, persecución judicial con fines políticos), sino también introducción y manipulación de procesos electorales por parte del Poder Judicial. Los hechos me eximen de mayores explicaciones”, apuntó en su extensa diatriba, seguida por cerca de un millón de personas. “Generan climas (refiriéndose a ambientes políticos) y así estamos”. Seis años después, son gobierno. La tesis de que el peronismo está respondiendo con la misma moneda, en la querella anunciada por Fernández contra Macri, no se hizo esperar.
La primera reacción del expresidente, según señaló Infobae citando a allegados de Macri, fue de indiferencia. “Es la continuación de las hostilidades del kirchnerismo, pero esa denuncia no tiene fundamentos jurídicos”. Después, tras presenciar el discurso completo, enfureció: “No podemos naturalizar esas barbaridades”.
Desde finales de 2020, Alberto Fernández se adelantaba a las acusaciones de que bajo su poder no solo se iba a perseguir a la oposición macrista, también se iba a favorecer la defensa de su vicepresidenta. En una entrevista al medio C5N, señaló: “no lo voy a hacer porque la vi sufrir a Cristina. Solo pido a la justicia que haga justicia. No voy a levantar un teléfono para hablar con un juez”. Era otro entonces. El presidente cumplía un año en su cargo y vivía, aún, la “luna de miel” propia. Hoy la situación es más crítica.
Fernández consolida una caída de popularidad, según los medios argentinos, que pasó del 64% en febrero de 2020, al 30% del mismo mes de 2021. El escándalo de “vacunas VIP”, en el que se demostró que figuras políticas argentinas accedieron con privilegio a las vacunas, afectó su aceptación. Aunque ha insistido que su anuncio de acusación a Macri no es político, su cambio de tono parece que sí lo es, a meses de elecciones parlamentarias. A la mano de la campaña: la justicia y el FMI, el eterno monstruo escondido debajo de la cama argentina, ese que, como dijo Caparrós, de vez en vez abre la caja de Pandora. “(...) Tiempo después, con gran esfuerzo y renovadas esperanzas —alguien que nos convence— volvemos a subirnos, nos sentamos encima, hacemos fuerza, presionamos con puños y...”. A esperar la siguiente crisis.
2018
fue el año en que Argentina accedió al crédito más grande de la historia del FMI
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