Que la Fiscalía haya adelantado que pedirá medida de aseguramiento para Miguel Quintero por la corrupción presuntamente acaecida en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023 no representó una sorpresa; lo que sí lo fue es que no lo hará contra ninguna de las otras tres personas que fueron imputadas con él por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
El anuncio fue hecho por la fiscal 40 anticorrupción en la parte final de la audiencia que se celebró el martes en la tarde y en la cual un juez de control de garantías avaló la lectura de cargos que ella efectuó contra el hermano mayor del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, contra el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Villada; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica en esa misma entidad, y contra Sebastián Ortega, hijo de un cuestionado político de Bello (William Ortega).
También al término de la misma diligencia, el abogado del AMVA, entidad que previamente ha sido reconocida en este caso como víctima, adelantó que, por su parte, solicitará la medida intramural para Sebastián Ortega.
Los cuatro antes mencionados, de acuerdo con la Fiscalía, habrían participado en el direccionamiento de contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que en total se celebraron por un monto de $17.656 millones, y habrían cobrado una coima de $2.481 millones.
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En sesiones previas, la fiscal 40 adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública mencionó el mecanismo que habrían utilizado. Presuntamente, desde 2019 habrían comenzado a planear la trama.
Tan pronto se posesionó Daniel Quintero como alcalde de Medellín (enero de 2020) y, por tanto, como presidente de la junta del AMVA, habrían patinado el nombramiento de Juan David Palacio como director de esa entidad y el de Villada en la subdirección administrativa y financiera.
Luego, en junio de 2020, se habría celebrado una reunión en la sede de esa entidad en la que Villada y Álvarez negociaron una rebaja en la coima, del 20% al 15% con Misael Cadavid, gerente de los bomberos de Itagüí para ese momento.
Las dos terceras partes, es decir, $1.653 millones, se habrían quedado en manos de Miguel Quintero, en tanto que Villada se habría lucrado de más de $693 millones y Sebastián Ortega de más de $133 millones, según la hipótesis de la Fiscalía.
Los pagos se habrían hecho en cheques de $50 millones que desde los bomberos se hacían a nombre de terceras personas y que eran recibidos por Villada o su conductor en un tiempo y en otra época por Ortega.
Este 15 de septiembre, luego de que la fiscal contestó alrededor de 40 preguntas o aclaraciones que hicieron los abogados defensores, el juez determinó que se cumplieron a cabalidad los requisitos de la imputación.
Posteriormente, les aclaró a los imputados cuáles son sus derechos, incluidos el de guardar silencio y no autoincriminarse, pero también el de allanarse a los cargos obteniendo beneficios judiciales a cambio. Igualmente, les advirtió que en este periodo no podrán enajenar bienes que estén a su nombre. Ninguno aceptó haber estado inmerso en la comisión de delitos, pero Miguel Quintero fue más enfático en su turno: “No, su señoría, soy inocente”, dijo.
Si bien apenas el miércoles 16 de septiembre se conocerán los argumentos de la Fiscalía en la audiencia que está programada para comenzar a las 2:00 pm, habría varias razones por las cuales se da casi por seguro que la solicitud de medida de aseguramiento llegará hasta requerir que Miguel Quintero vaya a la cárcel mientras concluye la investigación.
Lo normal es que la privación de la libertad se pide por varias razones: por la contundencia de las pruebas, porque el indiciado puede afectar la investigación, porque represente algún riesgo para la sociedad o porque haya peligro de que se escape.
Para empezar, hay una batería de chats, fotos y declaraciones de testigos que hablan de que el hermano del alcalde Quintero habría sido quien daba las órdenes en el AMVA, a través de Villada y del director Palacio. Igualmente tendría que explicar de dónde provienen los lujos de los que hacía alarde, como un reloj Rólex, varios carros (entre ellos un Ferrari) y una finca ostentosa.
También se argumentaría que pueda torpedear el proceso. Por una parte, existen versiones de que antes de salir, a finales de 2023, Palacio —quien supuestamente seguía órdenes de Miguel— atornilló a varias personas en la nómina del AMVA, con lo cual podría incidir en el manejo de información.
Adicionalmente, información en poder de la Fiscalía indica que testigos potenciales habrían sido citados en la oficina de un abogado cercano a Miguel Quintero y quien ha defendido a capos de bandas ligadas con la Oficina, para disuadirlos de no hablar. La oferta inicial sería la promesa de costearles abogados, pero la presencia de esta persona estaría dejando implícito el mensaje de qué pasaría si no aceptan.
Igualmente se habla de que otros han sido convocados a Panamá con el mismo propósito y esto coincide con que el istmo ha sido el destino de múltiples viajes de Miguel Quintero.
La Fiscalía podría mostrar acá también las fotos donde Miguel exhibe armas, como pistolas y hasta fusiles, en el chat de “amigos”.
Algunos de esos argumentos serían aplicables con relación a Ortega para sustentar la medida que el abogado Majer Abushihab (actúa en nombre del AMVA) requerirá en el sentido de que también permanezca entre rejas.
Ortega también ha sido ligado por testigos con un fallido negociado sobre el lote de Carabineros, al lado de Miguel Quintero, y de una especie de franquicia por el control de Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica.
Estarían intimidando a testigo: alcalde
- ¿Aceptó los cargos Miguel Quintero durante la audiencia?
- No. Ninguno de los cuatro procesados se allanó a las conductas imputadas. Miguel Quintero rechazó de manera enfática la acusación declarando ante el juez de control de garantías:
”No, su señoría, soy inocente”.
- ¿De cuánto fue la presunta coima y cómo se repartió según la Fiscalía?
- La investigación apunta a un direccionamiento de contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por
$17.656 millones, con la exigencia de una coima del 15% que sumó
$2.481 millones. Según la hipótesis judicial,
$1.653 millones habrían ido a Miguel Quintero, más de
$693 millones a Álvaro Villada y más de
$133 millones a Sebastián Ortega.
- ¿Qué argumentos usará la Fiscalía para pedir cárcel contra Miguel Quintero?
- El ente persecutor sustentará la privación de la libertad basándose en pruebas como chats, fotos exhibiendo armas, lujos sin justificar (vehículos como un Ferrari y un reloj Rolex), posible obstrucción a la justicia por atornillamiento de personal en la entidad, citas con abogados vinculados a estructuras criminales y presuntas presiones a testigos potenciales realizadas en viajes a Panamá.
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