El sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UNP), UT-UNP, inició una Asamblea Informativa Permanente en las instalaciones de la entidad en Bogotá para exigir garantías sobre la continuidad laboral de los escoltas contratados mediante empresas privadas y reclamar transparencia en el proceso de provisión de más de 6.000 cargos creados en la entidad.
Como parte de la protesta, en la madrugada de este martes 21 de julio, los trabajadores instalaron carpas en las instalaciones de la UNP y anunciaron que permanecerán allí hasta que se conforme una mesa de trabajo que permita discutir sus exigencias.
A través de un pronunciamiento, el sindicato afirmó que “desde UT-UNP actuamos con hechos, no con promesas. Nuestra organización continúa firme en la defensa de los derechos laborales, la igualdad”.
Uno de los dirigentes de la organización aseguró que más de 250 trabajadores participan en la movilización y explicó que la principal preocupación es la incertidumbre presupuestal que enfrentan los contratos de prestación del servicio de escoltas.
Según el vocero sindical, la UNP cuenta actualmente con cerca de 16.000 escoltas distribuidos en 14 zonas del país, quienes desconocen si existen los recursos para mantener la operación durante el segundo semestre de 2026.
“No puede ser que estemos a 20 de julio inaugurando un Congreso y que los escoltas tengan un contrato que termina el 21 de julio sin saber si hay plata para la operación hasta diciembre”, afirmó el dirigente.
¿Por qué protestas los escoltas de la UNP en Bogotá?
El sindicato sostuvo que la primera exigencia consiste en que la administración garantice la disponibilidad presupuestal para mantener vigentes los contratos de prestación del servicio de protección durante el resto del año.
Los trabajadores solicitaron que la entidad certifique la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y de las partidas necesarias para asegurar la continuidad de los esquemas de protección.
El segundo punto de la protesta está relacionado con el proceso de vinculación de los nuevos cargos creados en la UNP.
De acuerdo con el sindicato, existen 6.000 cargos operativos y cerca de 900 administrativos cuya provisión debe realizarse mediante un procedimiento transparente.
Los representantes de los trabajadores sostienen que los 16.000 escoltas deberían tener la posibilidad de participar en igualdad de condiciones para acceder a los nuevos empleos y rechazaron la posibilidad de que los nombramientos se realicen de manera discrecional.
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“Queremos una publicación, queremos transparencia, queremos saber cuál es el método de competitividad que van a tener los escoltas, porque todos los 16.000 tienen derecho. Debe haber un proceso selectivo donde la entidad sea transparente y nos diga cómo va a ser ese proceso”, manifestó el dirigente.
También expresaron preocupación por la provisión de aproximadamente 900 cargos administrativos correspondientes a técnicos, auxiliares y profesionales.
Según el sindicato, existen contratistas que llevan entre cinco y diez años prestando servicios para la entidad sin que su experiencia haya sido considerada en estos procesos.
Los trabajadores señalaron que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas de la administración. Incluso advirtieron que, de no instalarse una mesa de negociación, permanecerán en las instalaciones “hasta el 7 de agosto” con el propósito de defender los derechos de los 16.000 trabajadores operativos y de los cerca de 2.500 contratistas vinculados a la entidad.
Procuraduría revisa contratación y provisión de más de 6.000 cargos en la UNP
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación informó que realizó una visita a la Unidad Nacional de Protección para revisar el proceso relacionado con la denuncia de los sindicalistas.
En el encuentro con las directivas de la entidad, el Ministerio Público solicitó información sobre los procesos contractuales, las modalidades de selección, los requisitos, los pliegos y las condiciones establecidas por la UNP.
Entre los procesos analizados figura un contrato superior a los $78.000 millones destinado a la prestación del servicio de escoltas para personas protegidas en las zonas 1 y 2 del Programa de Protección.
La Procuraduría indicó además que planteó inquietudes frente a la reducción de la cobertura del programa de protección, al advertir que un proceso contractual pasó de contemplar diez zonas a cubrir únicamente dos.
De acuerdo con el ente de control, esas zonas comprenden la ciudad de Bogotá y algunas poblaciones de los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.
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Ante esta situación, la Procuraduría solicitó a la UNP los argumentos técnicos, jurídicos, presupuestales y administrativos que sustentaron esa decisión.
Según explicó el organismo de control, estas actuaciones buscan identificar posibles riesgos asociados a los procesos de contratación y provisión de cargos, así como promover medidas que garanticen la continuidad del servicio de protección, el cumplimiento de los principios de la contratación estatal y una adecuada gestión del talento humano.+
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