La interlocución que aceptó darle el Presidente Uribe a Yidis Medina a través de los medios de comunicación, si bien pretende hacer claridad ante el país en una investigación por el delito de cohecho, no resulta ser la más apropiada para un caso judicial donde lo que el propio Gobierno está demandando son pruebas por parte de la ex parlamentaria ya judicializada.
La dignidad presidencial que Álvaro Uribe Vélez ha dejado muy en alto en escenarios internacionales y en todos aquellos acontecimientos donde está también de por medio la dignidad del país, no puede prestarse para debates mediáticos con una persona que está en prisión, al acogerse a sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho, por la forma en que aportó el voto definitivo para la aprobación en Colombia de la reelección presidencial.
No ha sido clara la actuación de la ex parlamentaria desde que en junio de 2004 descubrió el valor de su voto, cuando en la Cámara de Representantes, a la que llegó como suplente, se debatía la conveniencia o no de la reelección y el Gobierno buscaba persuadir sobre sus bondades a los parlamentarios de la Comisión Primera.
Son demasiados los baches y contradicciones en su historia e incluso son cuestionables los procedimientos que utilizó para su denuncia, pero de ahí a concederle un mayor protagonismo mediante una constante exposición del caso ante los medios de comunicación distorsiona un proceso que, como todo hecho judicial, necesita de la reserva y de la comparecencia de las partes en los estrados judiciales.
Mientras más se habla ante los micrófonos mayor es la confusión que la llamada yidispolítica va causando en una opinión pública, sin que el discurso mediático contribuya a hacer claridad sobre unos hechos, pues las palabras presidenciales son replicadas de inmediato por comunicados desde la cárcel. En menos de 72 horas, el Presidente y su contraparte han expedido, cada cual, cinco comunicados.
Amigos de la prudencia que hace verdaderos sabios, en innumerables ocasiones hemos recomendado menos micrófono y más vías legales para la solución de conflictos, tanto internos como externos, y en este caso reafirmamos nuestro criterio en torno al beneficio que le reporta al país y a su gobernabilidad un ejercicio del poder que conceda menos interlocución a través de los medios a contradictores tan faltos de credibilidad y sindéresis.
Pocos le creen hoy a Yidis Medina, que navega en un mar de contradicciones y que como apuntamos en un pasado editorial, ha revelado ser una ágil trapecista, dando volteretas políticas. Pero su actuación, como lo está siendo por parte de la Corte Suprema, tiene que ser puesta en evidencia, con todas las pruebas, en los escenarios que para ello dispone la Justicia.
Si el Presidente Uribe quiere salir en defensa de actos que en su concepto riñen con la verdad, está en todo su derecho, pero que las pruebas, como las que ahora revela tener en su poder en torno a las llamadas hechas a su hijo por la ex parlamentaria, sean puestas a consideración de los magistrados, antes que en los medios.
Incluso en coherencia con la tesis presidencial, que cada vez parece más clara en cuanto a la evidencia de que más allá de un cohecho, que Yidis Medina confiesa de manera anticipada con la intención perversa de involucrar al Gobierno, pues este delito presupone la existencia de otra parte, lo que posiblemente se produjo aquí fue un chantaje.
Confiamos en la palabra presidencial, pero la queremos más como expresión de un estadista y defensor de un Estado de Derecho, que como interlocutor de delincuentes.
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