Hace 20 días un grupo de "exaltados trabajadores" de las petroleras mostraron en Puerto Gaitán su descontento laboral, hiriendo a más de seis personas y quemando siete vehículos. Producto de esta situación se afectó la producción y se disminuyó el transporte del crudo.
Como condición para que se suspendieran las protestas y se normalizara la producción, el Gobierno se comprometió a que una comisión de altísimo nivel visitaría la región e "invitaría" a las partes a iniciar un diálogo voluntario.
Mientras esto sucedía, se hicieron públicos regaños y advertencias a algunas de las compañías contratistas. Diez días después, un grupo de funcionarios, en cabeza del Vicepresidente, del Ministerio de Minas, de Protección, y del Interior, visitaron Puerto Gaitán y sostuvieron importantes conversaciones con los participantes de las protestas.
Llama la atención que mientras el Vice y su comitiva hacían mesa de trabajo en Puerto Gaitán, la historia se repitiera en Barrancabermeja, donde los manifestantes impidieron la entrada de más de 5.000 trabajadores a la refinería y se paralizó la producción. Me resisto a creer el rumor de que algunos líderes que coordinaban las protestas de Puerto Gaitán estaban a la cabeza de las de Barrancabermeja. Si así fuera, estaríamos ante una peligrosa y costosa forma de operar de consecuencias incalculables.
No es un secreto que la huelga es un derecho fundamental de cualquier trabajador, como tampoco es un secreto que ese derecho a la protesta debe ceñirse al marco de la ley, evitando actos de violencia. Es lamentable que bajo la premisa del derecho a la huelga y cobijados en un profundo malestar, algunos manifestantes quemen, apedreen, hieran a otros y hasta vulneren los derechos de aquellos trabajadores que no comparten la protesta o los métodos para llevarla a cabo.
Lo más grave, creo, es que desde el Gobierno se siente un precedente, enviando un mensaje que en nada beneficia el manejo de estas situaciones.
Y no me refiero solo al caos creado por los manifestantes, sino al caos producido por el mismo Gobierno que por alguna extraña razón cayó preso de su propia reacción.
Me explico: con sus acciones hostiles, los manifestantes violaron las reglas básicas de cualquier manifestación, que pasaron de exigir un derecho a irrespetar y violar los derechos de otros. Frente a esta situación, la pregunta es: ¿a qué tipo de problema se enfrentaba el Gobierno y a quién le correspondía el manejo?
En mi opinión, evidentemente, correspondía a la Fuerza Pública. ¿Por qué? Porque desde el primer instante en que los huelguistas hicieron uso de la fuerza, dejó de ser un problema de orden laboral y se convirtió de orden público.
De modo que el interlocutor válido para restablecer el orden y los derechos debería haber sido el Ministro de Interior y el Comandante de Policía de la región, y solo una vez restablecido el orden público, le correspondía al Ministro de la Protección intervenir en la crisis laboral. Me parece que esta confusión de roles no ayuda a la solución de los problemas, sino que por el contrario los alimenta.
Sobra decir que no se debe caer en la criminalización del derecho a la protesta, pero también hay que tener cuidado con los mensajes confusos que se envían a la ciudadanía y a los manifestantes. Lo importante y eficiente es saber cuándo se transforma un problema de orden laboral en problema de orden público y en reconocer que para cada uno de esos problemas hay un interlocutor válido y que su confusión puede desorientar la verdadera solución.
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