El representante a la cámara por el partido conservador David Barguil denunció la violación a la libre competencia en la que, presuntamente, están incurriendo las cementeras Argos, Cemex y Holcim, en Colombia.
Barguil aseguró que existe una “relación de negocios” entre las cementeras, con lo que violan la ley de libre competencia.
Indicó que a través de reuniones y correos electrónicos, los empresarios se comparten información, precios de los insumos, cotizaciones, informes de gestión y sostenibilidad para trazar la ruta de acción y fijar los precios del cemento en el mercado.
“Si yo llamo a mi competidor para ponerme de acuerdo sobre los insumos, no se qué tipo de competencia sea eso”, dijo Barguil.
El representante fue más allá y elevó una crítica a la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que él considera la falta de contundencia a la hora de imponer las sanciones y el debilitamiento institucional del organismo.
“Esto no es un tema nuevo, es un tema estructural de años donde no se ha ejercido de manera debida la autoridad de competencia para poner en cintura aquellos sectores de la economía, aquellas industrias y grupos económicos que incumplen la Ley, que se cartelizan y hacen prácticas de tipo monopolístico”, enfatizó Barguil.
El Superintendente, Pablo Felipe Robledo, le salió al paso a las críticas y sostuvo que en lo que va corrido de este año la SIC ha impuesto 22 veces más multas de las impuestas en el año 2009, hecho que atribuyó al fortalecimiento de la legislación y las nuevas herramientas, como la ley de competencia o Ley 1340 de 2009, que permitió el endurecimiento de las sanciones.
Sin embargo, dijo que aunque “estamos haciendo la tarea, este país no solo lo vamos a arreglar a punta de multas”.
En la arremetida contra las cementeras, Barguil cuestionó que el precio de producción de un bulto de cemento oscilará, según él, entre los $9mil y $9500 y le fuera vendido a los colombianos por cerca de 25 mil pesos.
Pero el congresista no sólo denunció a empresas cementeras, dijo que el sector de los insumos agrícolas también presenta un “cartel” que ha golpeado “significativamente” el campo colombiano.
“El Gobierno ha hecho esfuerzos bajando aranceles y el IVA, pero esa reducción nunca le ha llegado al campesino porque los productos en vez de bajar, incluso muchas veces suben, ¿y por qué pasa eso? por el control de mercado que tienen estas empresas o estas casas comerciales y que permiten que ellos dispongan y determinen los precios y abusen de los campesinos colombianos”, precisó Barguil, quien puntualmente se refirió a las empresas Monómeros y Abocol, de los cuales hoy en día se adelanta una investigación.
Asimismo, otro de los puntos que salió a relucir en el debate fue el tema de los medicamentos, según el congresista, luego de la Ley Estatutaria de Salud que buscaba bajarle el costo de venta a varios fármacos, ese beneficio tampoco se ha evidenciado en el consumidor final.
"Muchos de esos precios que ya están regulados, valen cinco, seis, siete u ocho veces más en las farmacias y droguerías; por eso el precio no solo tiene que ser regulado al por mayor sino que tiene que haber una actuación de la autoridad de competencia para que se cumpla en todo sentido con la normatividad de control de precios de medicamentos”, dijo.
Para el parlamentario, la raíz de todo es que “no tenemos la contundencia para poner en cintura a los abusadores” refiriéndose a los acuerdos de garantía y las acciones adelantadas por la SIC, entidad que propone reformar para impulsar una institución “fuerte, independiente, con un cuerpo colegiado, que no dependa del vaivén de las presiones políticas o de grupos económicos”, puntualizó.
Finalmente, Barguil anunció que llevará una nueva denuncia contra la telefonía celular por la tasa de interés impuesta al momento de financiar los equipos móviles, “yo hice el cálculo y encontré tasas hasta del 89 por ciento de efectivo anual, es decir que es el tripe de la usura en Colombia, lo cual es absolutamente irregular”.
Las denuncias las hizo en el debate de control político a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística(DANE), convocado por el parlamentario, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.
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