Con base en la resolución 24 del 26 de febrero de 1971 del Ministerio de Agricultura, fue declarada la reserva forestal protectora del río Nare, con el objeto de proteger el ecosistema y recurso hídrico para la vertiente Nare y represa de la Fe, como fuente principal de aguas, en su época, de la ciudad de Medellín, además de la creación del proyecto Parque Regional Eco-turístico Arví, en el municipio de Medellín.
Ahora, casi 40 años después, en la resolución 021 del 05 de enero de 2010 se resuelve un recurso de reposición y se ordena a los alcaldes, curadores y oficinas de Planeación de los municipios de Medellín, Envigado, El Retiro, Rionegro y Guarne, abstenerse de expedir licencias urbanísticas (de construcción) en los 118.25 kilómetros cuadrados en predios que hacen parte de la reserva forestal protectora del río Nare.
He leído con detenimiento varios comentarios sobre el tema por expertos inmobiliarios como Francisco Ochoa y Francisco Saldarriaga y otros artículos del periódico EL COLOMBIANO, donde ellos y los alcaldes de estos municipios expresan su preocupación por varias razones: el paro del desarrollo del oriente cercano, la falta de ingreso de recursos a los municipios por el cese de las licencias de construcción, la importancia de la protección boscosa y de las aguas y, en general, la búsqueda de la protección del medio ambiente con la creación de una reserva forestal y del Parque Arví para las generaciones futuras.
Todas estas razones son muy importantes y las comparto en su mayoría, pero no he visto por ningún lado la defensa al derecho privado del ciudadano y la defensa de los propietarios de los predios que ocupan esta reserva forestal.
Que el Ministerio del Medio Ambiente quiera ratificar una reserva forestal decretada en el año de 1971 y darle eficacia a lo que en aquel entonces decretó para beneficio de la comunidad y así proteger las aguas que desembocan en la represa de El Peñol, protegiendo ese embalse y el de La Fe, es una muy buena intención; igualmente lo es el hecho de que el Municipio de Medellín, a través de su Honorable Concejo Municipal, quiera decretar un parque para beneficio de toda la comunidad, pues eso es correcto y constituye una idea altruista.
Sin embargo, no comparto de ninguna manera que la forma de decretar la mencionada reserva natural sea en detrimento del patrimonio de los propietarios de los predios. Personalmente considero que eso es un abuso y constituye una flagrante violación del derecho a la propiedad privada de que gozan los ciudadanos.
Yo estoy de acuerdo y creo importante el desarrollo del Parque Arví y de la reserva forestal río Nare, y si los municipios de Medellín, Rionegro, Envigado, El Retiro y Guarne y el Ministerio del Medio Ambiente lo quieren realizar, lo primero que deben hacer es comprarles a los propietarios la tierra donde se ubica esta reserva.
Casos similares a éste hay muchos y todos muy cuestionados, por ejemplo: cuántos predios de la ciudad han estado congelados por largo tiempo, pues por allí va a pasar una futura vía obligada para beneficio de la ciudad y a sus propietarios les ha tocado esperar 15 o 20 años para que el proyecto llegue a feliz término: (conexión carreras 43 B, C y D) en El Poblado.
Hay que aclarar que no todos los municipios tienen las agallas y los recursos legales para decretar a la fuerza estas vías obligadas y congelamientos como el Municipio de Medellín y que finalmente a los 20 años les compran estas fajas de terreno con avalúos a valor comercial. Pero el punto no es éste, la verdad es que ese desmejoramiento de la tierra de parte del Estado se convierte finalmente en una expropiación simulada, estudiada y llevada a cabo a través de decretos y leyes, lo cual implica finalmente una violación del derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, toda vez que en dichos predios éstos no van a poder desarrollar su vivienda, ni su proyecto de urbanización o ningún otro proyecto comercial, por lo tanto la tierra queda sin valor, ya que no tiene futuro de valorización sin normatividad.
Existen muchas formas de beneficiar a la comunidad y, personalmente, considero que para llegar a un feliz término se deben buscar mecanismos de acercamiento entre las autoridades públicas ambientales, los entes territoriales y los propietarios de las tierras para que a través del estudio de normas y densidades justas se proteja el medio ambiente sin afectar los derechos y el patrimonio de los propietarios de los predios.
Finalmente, considero que de ser expedidos los decretos y leyes que legalicen la reserva forestal y el Parque Arví, el Estado deberá comprarles a los particulares los predios en su precio justo, porque si no es así, ¿con qué argumentos los diferentes municipios implicados les han venido cobrando a los propietarios de estos lotes impuestos prediales desde que son dueños, sobre los predios que son parte de este congelamiento?
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