El proceso mismo de paz, durante casi siete meses, les ha permitido a las Farc reencaucharse políticamente a nivel nacional e internacional. Los micrófonos abiertos, desde Oslo a La Habana, ya son suficiente concesión como para que ahora, sin dejar las armas y sin darles a los colombianos siquiera una tregua unilateral, esa guerrilla quiera alterar el proceso electoral (y su calendario) y demande una Asamblea Constituyente que la pondría, ipso facto, en el nivel de actor político con capacidad de decidir y reformar nuestro modelo de Estado.
Respaldamos la inmediata reacción del Gobierno, y de la mayoría de los colombianos, de decirles a las Farc que, por ahora, sin dejar las armas y en el contexto de un proceso de negociación aún incipiente, y con tiempos tan apremiantes como casi incumplibles, es improcedente que hagan solicitudes de alteración del cronograma electoral. Y aunque esa opción no esté proscrita en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, mucho menos nos cabe en la cabeza que la guerrilla crea que logrará la realización de una Constituyente para refrendar los contenidos de los acuerdos a los que llegue con el Gobierno en La Habana.
El diseño de las conversaciones Gobierno-Farc es claro: se pretende que la insurgencia primero deje las armas, que cese sus acciones militares, para que luego se le garanticen espacios y participación que le permitan conseguir un respaldo ciudadano y una acción política capaces de conquistar reformas y ajustes a la democracia colombiana.
No puede ser al contrario: que sin dejar las armas, sin cesar sus ataques a la infraestructura productiva, sin desligarse de la financiación del narcotráfico y el secuestro, sin reconocer sus daños a los civiles, sus bienes y sus vidas, sin abstenerse de reclutar menores y de usar armas no convencionales, las Farc quieran ser jugadoras de la vida política nacional.
Por eso resultan desatinadas y pretenciosas las declaraciones de las Farc condenando el manejo que el Gobierno les está dando a los actuales líos políticos con Venezuela. Suenan salidos de tono sus señalamientos al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Se sienten fuera de lugar sus juegos de palabras para advertir que el proceso de diálogo está pateado y en el limbo.
Bien podrían las Farc invertir mejor su retórica y sus ideas en permitir que las conversaciones tengan más fluidez, resultados y cumplimiento de los tiempos previstos. Si bien no les está prohibido dar sus puntos de vista sobre las realidades políticas del país, de la región y del mundo -que de eso se trata, en vez de disparar- sería más prudente y alentador que, por ahora, nos asombren, a propios y extraños, con propuestas arrojadas en las que den más y exijan menos.
No caen bien las justificaciones a la propuesta de las Farc que advierten que si no hay aplazamiento, las próximas elecciones podrían verse "ensangrentadas". Vaya tufo apocalíptico para claudicar ante planes criminales que podrían provenir incluso de las mismas Farc, si es que a final del año no se han desmovilizado.
El país y su dirigencia pública y privada no pueden en este momento habilitar los calculados juegos políticos de las Farc. A esas iniciativas truculentas, para ganar tiempo y espacios, el Estado -incluidos ciudadanía e institucionalidad- debe responder monolíticamente diciendo con pragmática sencillez: "no, señores, no va". Debe entender la guerrilla que entre menos tiempo tarde en terminar el conflicto, más pronto estará en la arena política.
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