La minería aurífera antioqueña, cuya producción representa más de la mitad de la producción nacional, es un sector clave para el desarrollo del Departamento, pero paradójicamente es hoy la mayor fuente de conflictos, con la muerte de más de 280 mineros en lo corrido del año.
Por la alta cotización del oro en los últimos cinco años, y como consecuencia también del conflicto interno, un sector ilegal de esta minería se convirtió en fuente de financiación de grupos guerrilleros y bandas criminales (bacrim).
La explotación de este recurso que bien podría ser fuente de progreso para los habitantes del Bajo Cauca antioqueño y el Nordeste, se transformó en una maldición por la fragilidad institucional para enfrentar a los actores ilegales que se lucran de esta actividad.
En la última semana, la alarma se encendió de nuevo ante el asesinato de tres trabajadores en Segovia. Y un número similar de muertes se presentó el miércoles en Remedios. No se trata de hechos aislados sino que, por el contrario, muestran la persistencia de la criminalidad en la zona, que no es nueva, pero parece no tener tregua.
Y preocupa, porque estas muertes se producen pese a los anuncios, hace 15 días, sobre la puesta en marcha del Plan Troya, que significa la llegada de 386 miembros de la Policía y el Ejército, para ejercer control sobre la minería ilegal y garantizar la seguridad en Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí.
El reportaje publicado por EL COLOMBIANO el martes pasado, que da cuenta de un incremento de los homicidios del 200 por ciento, es una cruda radiografía de cómo la fiebre del oro deja un creciente rastro de sangre que exige soluciones urgentes por parte del Gobierno Nacional y el Departamental.
La Gobernación, por delegación del Estado, tiene el poder regulatorio de la actividad minera, sin que tenga los "dientes" para ejercer el control ante el desborde de la minería asociada a grupos ilegales.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño , reconoce la gravedad de la situación que ha llevado al Nordeste a un índice macabro de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes.
De momento, el presidente Juan Manuel Santos anunció "mano dura y contundente contra la minería criminal", al dar a conocer el Decreto 2235 por medio del cual se autoriza el decomiso y destrucción de maquinaria pesada utilizada en explotaciones ilegales, al tiempo que estimulará la formalización de los mineros artesanales. Otro decreto atacará los insumos y el lavado de activos.
Si bien estas medidas están bien encaminadas, no pueden restringirse a la mera criminalización de la minería ilegal, sin ir al fondo del problema que es la necesidad de que el Estado haga una presencia más efectiva, en todos los frentes, en las regiones auríferas.
Por ser zonas en disputa de grupos armados ilegales, el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública es indispensable y bienvenido, pero no hay que desestimar los graves problemas sociales que padecen los habitantes, agravados por esa fiebre del oro que produce desplazamientos y nuevas migraciones, con problemáticas y conductas no deseables.
Dada la importancia adquirida por el sector minero, el Estado está en mora, además, de adoptar una política sólida, coherente y estratégica de la explotación de sus recursos. Para empezar, a la reforma al Código Minero no se le puede seguir dando vueltas y ya es hora de que se presente al Congreso, con llamado de urgencia.
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