El argumento de batalla del Gobierno y los sectores que defienden el Marco Jurídico para la Paz y los que, por el contrario lo atacan es el mismo: los derechos de las víctimas.
Los primeros argumentan que se debe aplicar para poder acabar con el conflicto armado, para que haya paz sin impunidad; los segundos creen que el instrumento jurídico fomenta la impunidad y es una afrenta a las víctimas.
El debate y la polarización que existe en el país frente al tema se evidenció ayer en la audiencia pública ante los magistrados de la Corte Constitucional a la que se sometió el acto legislativo 01 de 2012, más conocido como Marco Jurídico para la Paz.
En su intervención, el presidente Juan Manuel Santos reiteró lo que ha dicho desde que presentó el proyecto de Ley que fue aprobado por el Congreso el año pasado: que de aprobarse el instrumento se "permitirá terminar el conflicto armado y a la vez garantizar la mayor satisfacción posible de las víctimas".
Además, el jefe de Estado explicó que el conflicto armado de casi 50 años desborda la institucionalidad jurídica actual, "a pesar de que la Constitución de 1991 es considerada como un tratado de paz".
Al reconocer la degradación del conflicto, los crímenes de los grupos armados ilegales y de "algunos agentes del Estado por acción u omisión" pidió a los magistrados declarar exequible el marco y la reforma constitucional.
A su juicio, permite aplicar una estrategia integral de justicia transicional, que garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, consignadas en la Ley de Víctimas.
La aprobación del acto legislativo es vital para el Gobierno, porque complementa esa Ley, el proyecto bandera del presidente Santos y es el marco jurídico que sustenta el actual proceso de paz con las Farc, y que permitirá su desmovilización si prosperan los diálogos en Cuba.
Incluso, en el país se da como un secreto a voces que la decisión de aspirar a la reelección del actual mandatario depende del exito o fracaso de los diálogos con la guerrilla que se desarrollan en Cuba.
La polarización en torno a este marco jurídico es bien conocida hasta ahora, como se demostró ayer en las intervenciones. Pero se ahondará en el momento de aplicar el sistema de selección de los máximos responsables y los delitos graves y emblemáticos para su juzgamiento.
Una pregunta resume el debate nacional y los dilemas políticos que encarna asumir este marco juríridico: ¿cuánta justicia está dispuesta a sacrificar la sociedad colombiana en la búsqueda para terminar el conflicto armado?
El fiscal general Eduardo Montealegre ratificó ayer la postura del Gobierno de que es imposible para el aparato judicial colombiano investigar y juzgar todos los delitos y sus autores, como se evidenció con la Ley de Justicia y Paz (Ley 975) que procesa a los desmovilizados de las autodefensas.
Aunque el proceso consiguió motivar la desmovilización de paramilitares, revelar miles de crímenes, autores y cómplices del paramilitarismo, los resultados judiciales, tras siete años de aplicación son escasos: 7 sentencias condenatorias, sólo 2 en firme hasta 2012. Y según una proyección de la Fiscalía, las investigaciones "caso a caso" y la imputación de los más de 34o mil delitos denunciados podría tardar 100 años.
En su defensa del acto legislativo, el Gobierno plantea que se requieren mecanismos especiales de justicia transicional y la priorización de los delitos graves y de lesa humanidad, y en especial, la develación de los sistemas de victimización.
Según el Gobierno y el fiscal Montealegre, con ese fin se establece el "enfoque de selectividad, que concentra la acción penal en los máximos responsables y mecanismos excepcionales como el principio de oportunidad y penas alternativas a la privación de la libertad de los culpables".
Según analistas del conflicto y juristas, en medio de este ambiente de tensión y polarización, la Corte Constitucional deberá determinar si el sistema de selectividad consagrado en este Marco Jurídico viola deberes de la Carta Magna: investigar, acusar y castigar las violaciones a los derechos humanos.
Según el fiscal, no se violan derechos de las víctimas ni hay espacios a la impunidad. "La pregunta que debería hacerse la Corte es si es preferible que repitamos más de 200 mil muertos en otros 50 años de conflicto, o que restrinjamos un poco algunos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos más".
La voz líder de los opositores, la del procurador general, Alejandro Ordóñez, intervino para perdir a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del marco legal ya que "garantiza la impunidad y desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación".
Por su parte, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), reiteró que su demanda a esta reforma constitucional se debe a que "seleccionar algunos delitos para investigar, pemite que otros casos graves de crímenes de guerra y lesa humanidad queden en el limbo, impunes, así como sus responsables".
A finales de agosto, la Corte Constitucional decidirá si el llamado a ponderar y "sacrificar un poco de justicia" para las víctimas es el precio a pagar en Colombia para lograr el fin del conflicto y la paz.
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