Como "trampas insalvables" calificó el exasesor del Parlamento Latinoaméricano en Derechos humanos y asuntos carcelarios, G uillermo Arizmendi , las condiciones infrahumanas en las que viven miles de presos en los países de América Latina.
Y es que lo sucedido en Honduras, en la noche del martes, donde al menos 375 presos murieron calcinados o asfixiados en un incendio en la cárcel de Comayagua, localizada a 80 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, es una prueba de lo que se vive en un sistema carcelario en el que los reos, hacinados en especies de depósitos humanos, lo único que piden es justicia.
Las autoridades hondureñas no ubican con certeza el número de muertos. La vocera de la Fiscalía, Daniela Ferreira , indicó a Reuters que de los cerca de 857 reclusos del penal, sólo 144 se han contado como sobrevivientes, lo que implica que no se sabe del paradero de 338 personas.
El misterio rodea también las causas del siniestro, ya que las versiones oficiales coinciden muy poco entre sí.
"Un reo habría causado el incendio al quemar su colchón. Algunos de sus compañeros de celda dijeron que él gritó 'aquí nos moriremos todos' y en cinco minutos todo ardió", indicó a AP el director nacional del sistema penitenciario, Danilo Orellana.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Héctor Iván Mejía , dijo a periodistas locales que "al parecer un cortocircuito" ocasionó la conflagración en uno de los dos módulos del presidio.
El vocero de los bomberos de Comayagua, Josué García , relató que muchos reclusos murieron pidiendo auxilio, sin poder salir de sus celdas.
"Unos 100 prisioneros murieron calcinados o asfixiados por los gases provocados por las llamas en el interior de sus celdas, que estaban aseguradas con candados. Lamentablemente no pudimos sacarlos por no tener las llaves a mano y no hallar al guardia que las portaba", añadió.
El sargento de los bomberos, Ricardo Granado s, indicó que con herramientas especiales sacaron los cuerpos de las literas mientras que el comisionado nacional de derechos humanos, Ramón Custodio , sostuvo que "hay escombros mezclados con cuerpos humanos en el interior de las celdas".
De acuerdo con AP , seis prisioneros murieron ahogados al tratar de salvarse sumergidos en una pileta de agua de la celda que ocupaban.
Lucy Marder , directora del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, informó que un equipo de médicos de la Fiscalía se encuentra en Comayagua para identificar los cadáveres, una labor que podría tardar, según ella, un par de semanas.
Cerca de treinta heridos de gravedad fueron tratados por quemaduras y fracturas en brazos y piernas, ocasionadas por saltar del techo de la Granja Penal de Comayagua para escapar de las llamas del siniestro, el de mayor magnitud registrado durante la última década en las cárceles de Honduras.
Una noche infernal
Un prisionero, que se identificó como Silverio Aguilar , contó cómo las llamas consumieron colchones, ropa y sábanas mientras avanzaban por el edificio.
"De repente alguien gritó 'fuego, fuego, fuego' y sentí miedo y comencé a pedir auxilio junto a mis compañeros de celda" que eran cerca de 60, relató Aguilar a la emisora HRN.
En el exterior, la Policía se enfrentó a cientos de familiares a quienes la angustia llevó a tratar de ingresar a las instalaciones. Ante la falta de información sobre sus seres queridos, hombres y mujeres que esperaban fuera de las instalaciones arrojaron palos y piedras contra los agentes, y lograron romper los candados que los mantenía a raya.
"Los policías no nos dejaban entrar para ver a nuestros seres queridos", dijo llorando a la AP Natalia Juárez , hermana de un reo presuntamente muerto.
La agencia AP relató escenas de personas solicitando ver los cadáveres y grupos de niños y mujeres con bebés en brazos, arremetiendo contra las rejas.
Bertha Oliva , coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos de Honduras, declaró a AP que el incendio fue "una negligencia inexcusable que refleja la poca sensibilidad y el nulo compromiso del Estado para con los derechos de los prisioneros".
Agregó que los penales hondureños "mas allá de estar desbordados, se convierten en campos de concentración y escuelas de crimen".
Una apreciación con la que se mostró de acuerdo Guillermo Arizmendi, quien indicó que los reclusos sufren la doble condición que implica cumplir con su pena y sufrir el abandono de los Estados en Latinoamérica, que invierten un promedio de 420 dólares al año por cada reo.
"Los gobiernos no consideran a los reos como una franja vulnerable de la población, por lo que no mejoran sus cuidados para que no salgan más golpeados de lo que entraron", señaló el analista.
En sus palabras, las estructuras de las cárceles son trampas mortales para los reclusos, y el diseño de los sistemas de compuertas y la falta de planes de contingencia impiden una respuesta eficaz frente a fenómenos como el ocurrido en Honduras.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla , dijo en rueda de prensa en Comayagua que el gobierno adoptará medidas para mejorar los centros penitenciarios del país, que permanecen en malas condiciones estructurales desde hace 40 años y no han sido mejorados por falta de recursos.
"Este es un problema de Estado y en esa forma se resolverá", dijo Bonilla. Agregó que el gobierno suministrará los ataúdes a los familiares de las víctimas y les proporcionará "todo lo que ellos requieran".
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo , se solidarizó ayer con los familias y anunció que se investigará la tragedia con "total transparencia" y "observación internacional". "Haremos toda la investigación para determinar qué fue lo que provocó esta lamentable e inaceptable tragedia y deducir las responsabilidades", indicó Lobo en un mensaje radial.
En julio de 2010, el mandatario declaró un estado de emergencia en nueve de las 24 prisiones de Honduras. Su ministro de Seguridad consideró entonces que las prisiones eran "universidades del crimen" y estaban desbordadas n
La suerte de Honduras no es diferente a la de los demás países centroamericanos y México. El drama social se multiplica en los barrios miseria donde dos fenómenos sociales, las pandillas juveniles, conocidas como "Maras" y el narcotráfico atizan una hoguera de violencia y muerte.
Lo que se vive en las calles luego se traslada a la cárceles, donde los problemas se multiplican. La muerte, el miedo, las violaciones, la droga y las guerras entre "Maras" son constantes. "Entrar a uno de estos penales es perder la esperanza", dice el investigador Guillermo Arismendi, cuyas denuncias llevaron al cierre de varios penales suramericanos e incluso a que países como Panamá los cerraran y luego dinamitaran.
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