Actores del sistema judicial se han pervertido a niveles que son desagradables. Las estrategias del Procurador para buscar su reelección, las maniobras de los magistrados de la Corte Suprema para asegurar eso y protegerse de futuras investigaciones, y el silencio de los otros funcionarios de esa rama frente a este complot, deja un mal sabor que es sólo comparable con el del proyecto de la Reforma a la Justicia.
La elección de Alejandro Ordóñez por parte del Congreso parece ser únicamente un trámite. Una carrera con el ganador seleccionado. La firma de un documento de algo asegurado.
Y el silencio del Presidente Juan Manuel Santos frente a toda la sucia estrategia que se ha develado por los medios para asegurar eso, deja desconcertados a la mayoría de los que hoy piden que alguien haga algo en contra de un abuso que se hace de frente y en la cara de los ciudadanos.
La única institución que ha actuado, y ni siquiera directamente frente a este tema pero siendo el gran palo en la rueda, es la Corte Constitucional. Valiente y transparente, esta entidad se ha mantenido autónoma ante las fuerzas y las dinámicas sucias del poder.
Por eso han emitido un fallo sin precedentes en el que obligan a un funcionario tan poderoso como Ordóñez a rectificar sus declaraciones y circulares con las que pusieron barreras a la práctica del aborto en los tres casos que lo permite la Constitución.
Se tenga la posición que se quiera sobre este tema tan espinoso del fuero íntimo de la mujer, lo importante es que la Corte Constitucional le está estableciendo al funcionario, y al país, que, no importa su poder, nadie ni nada está por encima de la Constitución. Ni siquiera la palabra de Dios.
Seguramente el Procurador no acatará la orden. O por lo menos, buscará hacerle un esguince a la rectificación ya que para él, pareciera, el hecho que la Constitución prime por encima de la religión es un sinsentido. Pero no se trata de eso. Consiste en que nadie puede acomodar, a punta de trampas, la Ley a sus creencias.
Por eso este es el primer revés que tiene el funcionario en su turbia búsqueda de la reelección. Esa en donde ha nombrado en cargos de la institución a familiares de magistrados que eran competentes para intervenir en su designación y allegados de los congresistas responsables de su selección. Una fechoría expresamente prohibida por el artículo 126 de la Constitución.
El Procurador ha violado la ley en su intento, posiblemente exitoso pero desagradable, de permanecer en el cargo, y eso representa una desobediencia que amerita su no reelección.
Así de claro.
Increíblemente lo más peligroso de la actuación del Procurador no viene de su defensa, ilegal e inconstitucional, de la fe religiosa en los asuntos jurídicos del país. No. Proviene de su mala fe jurídica para lograr lo que quiere, que en este caso es hacerse reelegir en su cargo. Quién sabe qué será después.
Aplausos a la Corte Constitucional. A su valentía. A su independencia. A esa misma institución que detuvo el intento de un tercer gobierno del expresidente Álvaro Uribe .
Aplausos.
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