"Adelantaré un ejercicio moral del poder", dijo el Presidente Juan Manuel Santos desde su campaña, promesa que ahora se propone cumplir a través del proyecto de Ley Anticorrupción que radicó el pasado martes, justo al mes de su posesión. Valoramos esta iniciativa que pretende instaurar la cultura de la ética y la probidad en el actuar cotidiano de los servidores públicos y ciudadanos en general.
El Primer Mandatario no desea quedarse en los simples enunciados y por ello hará de la lucha contra la corrupción una Política de Estado, a través de una Comisión Nacional para la Moralización, en la cual tendrá un papel protagónico, y de una Comisión Ciudadana, en la que los colombianos tendrán una participación activa en este loable fin de la transparencia, obligación de la sociedad en pleno. No sólo del Estado.
Por desgracia, las múltiples herramientas que se han diseñado en el pasado para luchar contra el uso indebido de los dineros y bienes públicos, se han quedado cortas. Según el Índice de Percepción de Corrupción de 2009 presentado por Transparencia Internacional, Colombia ocupó el puesto 75 entre 180 países con una calificación de 3,7 sobre 10 (en una escala de 0 a 10 donde 0 es mucha corrupción y 10, ausencia de ella). Nueva Zelanda, fue considerado el país menos corrupto con un puntaje de 9,4. Somalia, el más corrupto con 1,1.
Implementar estrategias audaces y eficaces contra la corrupción, recurriendo a "técnicas de inteligencia similares a las usadas para combatir el terrorismo y el narcotráfico", es el propósito del Presidente. El Estatuto consta de 40 medidas, que van desde atacar a los carteles de la corrupción, hasta la suspensión inmediata del cargo al servidor público a quien se le formule una acusación por un delito contra la administración pública.
Uno de los aspectos más trascendentales es la prohibición de contratar con el Estado a quienes hayan sido condenados por hechos de corrupción. Consideramos lógica esta decisión, ya que no hay derecho a que unos cuantos "avivatos y ladrones", conocedores de los esguinces legales, se aprovechen de las falencias administrativas.
De igual forma vemos adecuado y conveniente excluir de los beneficios legales, como la casa por cárcel o la libertad provisional, a quienes cometen delitos relacionados con la corrupción.
Dado que la contratación pública es una de las actividades económicas de mayor importancia en Colombia, es fundamental evitar su politización para que se pueda presentar una competencia justa entre los distintos proponentes. Razón suficiente para apoyar la inhabilidad que formula el Estatuto y que les prohíbe, a quienes financien campañas electorales, beneficiarse de contratos públicos. Medida que será objeto de muchas discusiones y discrepancias, aún dentro de la coalición nacional.
Nos parece justo que también se sancione la corrupción privada, ya que siempre hay el que pide el soborno y el que lo paga. ¿Acaso había duda de que el delito lo cometían los dos?
Vemos útil esta nueva herramienta. Sin embargo, no basta con la expedición de normas para que la sociedad cambie. Se necesita la disposición ética y cultural de los colombianos para cumplir con las leyes y la moral.
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