Desde 1925 los periódicos colombianos informaban sobre el consumo de morfina y heroína. Lo catalogaban como un serio problema de salud pública, advirtiendo que estaba haciendo estragos en la población. Hasta los años veinte el consumo de droga se aceptaba en ciertos círculos sociales. Incluso ésta se conseguía con facilidad en las farmacias. Luego hubo duros señalamientos a poetas e intelectuales que las consumían.
Lo paradójico es que buena parte de esa misma alta sociedad escandalizada, tiempo después sería cómplice de la degradación social que ha promovido en Colombia el narcotráfico. Para nadie es desconocido que parte de la alcurnia antioqueña compartía estrechos círculos sociales con el capo Pablo Escobar.
Muchos ricos paisas aprovecharon para venderle sus propiedades a precios exorbitantes y a algunos grandes empresarios los sacó de su iliquidez. Luego Escobar intentó incursionar en la política, seguro de que ya estaba legitimado por algunos sectores de la alta sociedad. Ese paso lo llevó a una confrontación terrorista en contra del Estado.
En los clubes sociales, políticos y empresarios se reunían como precursores de la libertad y el orden. Pero, paradójicamente, en muchos casos fue allí donde también se fraguaron acciones inmorales y corruptas.
La sanción y la tolerancia constituyen una doble moral, marcada por un silencio cómplice ante la dinámica del narcotráfico. Por años se pensó que el problema del consumo era cuestión de indigentes. En otros casos, la adicción se ha amparado en la actividad intelectual. Pero al fin, en las dos últimas décadas, quedó en evidencia que la degradación social del narcotráfico le incumbe a todos los estratos sociales.
Ahora se mantiene vigente, y candente, el debate sobre la legalización y despenalización del consumo de la droga. La discusión incluye argumentos como la posible reducción de la violencia y el cobro de nuevos impuestos por parte del Estado. El crimen que soporta al narcotráfico se ha convertido en una gran carga social que afecta a familias y a los entornos sociales.
¿Cómo repercute la dualidad legalizar-despenalizar en la ecuación droga-negocio-crimen? ¿Qué beneficio tendría esa dualidad para el futuro de las nuevas generaciones?
En 2001, la entonces senadora Viviane Morales presentó dos proyectos de ley: el primero sobre la despenalización del consumo de la cocaína; el segundo sobre la regulación de la producción, distribución y consumo de drogas. Posteriormente como Fiscal General se opuso radicalmente a la legalización, advirtiendo que en la última década nada ha variado en la tesis de que la droga es la principal generadora de violencia.
Un estudio del Departamento de Planeación Nacional, orientado por Vergara Ballen sobre las posibles implicaciones de la legalización en Colombia, señala que en países como Inglaterra aumentó el número de adictos con la legalización de la dosis personal. Además, se incrementó la inseguridad y aumentó en un 300 por ciento su tráfico ilegal.
En Suiza también se incrementó el número de adictos y hubo serios problemas de seguridad. Allí, finalmente, fueron modificadas o derogadas las leyes.
Una cierta doble moral, bastión de la historia reciente de Colombia, ocasionó esta grave degradación social. Ahora el debate por la legalización exige una reflexión crítica y coherente, desde lo privado y lo público, para rescatar el futuro de nuestras generaciones venideras.
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