A partir de la próxima semana comienza la venta de la participación accionaria que tiene el Gobierno en Isagén (cerca del 57%), la tercera generadora de energía eléctrica en el país, una decisión aparentemente irreversible.
Los argumentos en favor y en contra no se han hecho esperar. No obstante, la discusión (en particular la desplegada por los medios y las redes sociales) ha estado más permeada por la ideología, la emotividad y el ambiente preelectoral que por los argumentos técnicos, que deberían ser la base de la discusión para informar con precisión a la opinión pública.
El argumento de políticos e ideólogos es que el gobierno es "privatizador", que no debería vender un "activo estratégico" y así descapitalizar el Estado. Pero muy pocos mencionan que el sector eléctrico en Colombia –con un potencial de 90 mil MW– es el negocio del futuro (incluso más que el petróleo) y que quizá sería más prudente esperar un poco para vender.
Pero aún si este fuera el argumento de los detractores, no es suficientemente sólido como para justificar que el Estado desarrolle actividades de generación de energía eléctrica, pues desde promulgadas las leyes 142 y 143, que crea el Mercado Mayorista de Energía, el mercado ya está lo suficientemente maduro y, en ese sentido, la nación podría convertirse en un obstáculo para el crecimiento de Isagén. Es mucho más importante que el gobierno se dedique a planear la expansión, vigilar y regular diligentemente.
El Ejecutivo ha negado de manera sistemática que tenga problemas fiscales y, en contraste, ha dicho que los recursos generados por la venta de Isagén se usarán para la financiación del postconflicto e infraestructura.
Pero con un precio base de venta de 4.5 billones de pesos no es comprensible que los recursos de la venta sea pertinente para alguno de esos objetivos, si se tiene en cuenta la financiación del postconflicto cuesta 2 puntos porcentuales anuales del PIB (cerca de 13 billones de pesos), y menos en infraestructura, cuando la modalidad de concesión ha sido la estrategia promulgada –hasta la propaganda– por el Gobierno.
La realidad en números es que vender Isagén es vender la central hidroeléctrica más grande del país (San Carlos, 1240 MW), que se nutre del embalse importante (Guatapé), además de Hidrosogamoso que aportará 820 MW adicionales al sistema interconectado nacional.
Hay quienes piensan que el propietario natural de Isagén debería ser EPM (lo que no es descabellado, pero la regulación se lo impide). Sin embargo, y pese que el valor de venta de la compañía debe aproximarse a lo que pueda generar de ingresos en 50 años o más (pues las máquinas se repotencian y trabajan otro tanto sin problema), sería deseable que una compañía colombiana tuviera al menos el control accionario, como puede ser el caso del Grupo Argos a través de Celcia.
La venta de Isagén es un hecho y hay que verlo sin apasionamientos ni ideologías.
A mi juicio, la venta es más positiva que negativa: Isagén puede crecer más con un dueño preocupado solo por su expansión (y que no le deje deudas de otros), se dinamiza el mercado de generación de energía y, si creemos al gobierno, este recibirá cuantiosos recursos que ojalá no los dilapide en quimeras.
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