Reza el Artículo 319 de la Constitución Política que cuando "dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que den al conjunto características de área metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su autoridad (?)".
De común, lo metropolitano refiere un centro -la metrópoli, el lugar madre- y los lugares que le son aledaños y que experimentan todas las vicisitudes del centro; aunados el centro y la periferia es lo que se denomina una ciudad, esto es, la mayor de todas las agrupaciones humanas, como lo sentenciara Aristóteles.
Desde hace más de tres décadas, adelantándose a la propia Constitución Nacional, el Departamento de Antioquia alberga el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que de a poco sobresale y emerge en Colombia como una región bastante autónoma en lo fiscal, con un avanzado y equilibrado desarrollo demográfico, organizada y hasta bastante decente en lo administrativo, socialmente educada y dotada de la que pudiera ser la infraestructura de servicios públicos más importante del país.
Este buen panorama puede ser la materialización de una cierta solidaridad recíproca entre los municipios que la integran, debido a que su funcionamiento parece estar caracterizado por elementos de unidad y cooperación antes que por los de división y competencia.
Sin embargo, es frecuente escuchar de encontrones entre las administraciones por divergencias políticas, por exclusiones en espacios de dirección, por proyectos de infraestructura, etc. Que han llevado a que un municipio como Envigado no pertenezca al Área Metropolitana.
Pero avancemos. No obstante lo anterior, el reto que ahora interpela y compromete de modo dramático al Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una incestuosa espiral de violencia, la misma que incluso impide en muchas ocasiones la necesaria y apreciada libertad de las personas para ir y venir dentro de la misma ciudad, o para volver a ella, y que atenta de manera grave contra ese "desarrollo armónico e integrado del territorio" que promueve la Constitución.
En esencia, atravesamos un verdadero conflicto urbano que se pudo comenzar a evitar si los gobiernos hubieran asumido de verdad el Hecho Metropolitano 33 de 2007 , que adopta e implementa la política pública de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, excelente plan diseñado en consenso con administraciones y comunidades, donde incluso participó el municipio de Envigado, y que irresponsablemente fue sepultado en el olvido.
Es urgente que las administraciones espabilen y asuman la tarea de ponerse de acuerdo para enfrentar la violencia urbana y dar respuesta por la vida de la Gran Ciudad.
Los muertos no son sólo estadísticas de uno u otro municipio.
Este conflicto es algo que estamos obligados a superar, pues su continuidad no garantiza la seguridad que requiere el buen desenvolvimiento de la sociedad, seguridad que toda persona y toda comunidad precisan sentir y vivir.
He ahí el reto para todo este hermoso conjunto urbano denominado Área Metropolitana: más y mejor seguridad; esto es, incrementar la perspectiva y la sensación de un estado de cosas en el que la gente se encuentre a gusto, y que tenga razones para apreciar, reto en el que los municipios por separado evidentemente han fracasado.
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