El Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección de los Derechos del Niño emitió un contundente informe en el que criticó al Vaticano por no cumplir con los compromisos internacionales para proteger a los menores.
Aplausos.
El panel de la ONU estableció que el abuso sexual generalizado en contra de los niños por parte de algunos sacerdotes se había agravado por la política de la Iglesia de proteger a los abusadores de la justicia ordinaria, lo que, a corto y mediano plazo, permitió, y permite, a esos pederastas seguir acechando a sus indefensas víctimas.
Lo que más impugna el informe es el patrón de encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas cuando estos lamentables casos suceden, ya que esto lleva a la impunidad de los responsables y a la consecución de nuevos abusos a menores.
Según la ONU, cuando estos casos son evidentes o denunciados, la Iglesia pone a andar un esquema en el que los sacerdotes abusadores son trasladados a otras parroquias, o cambiados de ciudad, dependiendo de la gravedad del asunto, y se omite la obligación de notificar a las autoridades de los crímenes para evitar los escándalos.
Un par de cosas claras. Un abuso a un menor es un crimen terrible, cométalo quien lo cometa. Y cada vez que la Iglesia protege a un sacerdote abusador, está protegiendo a un criminal.
No solo eso, sino que al cambiar de locación a estos desajustados y no dejar que los persiga la justicia para ponerlos en la cárcel, lo que están haciendo las autoridades eclesiásticas, fuera de convertirse en cómplices del delito, es abrirles un nuevo terreno a estos violadores para que sigan cometiendo daños irreparables a otros menores indefensos.
Atroz.
Pero el informe va más allá de los casos de pederastia por parte de clérigos y también hace anotación a delitos como la esclavitud de menores que se presentaron en algunos conventos y la incapacidad del reconocimiento de paternidad por parte de algunos sacerdotes que tienen hijos sin permiso de la Iglesia.
En eso la ONU citó inequívoca documentación y evidencia que muestra que en la mayoría de los casos, estos hijos de sacerdotes desconocen la identidad de sus padres, mientras que las madres obtenían, y obtienen, pagos regulares por parte de la Iglesia Católica para financiar el sostenimiento del menor, en contraprestación a la firma de una cláusula de confidencialidad. (Ver el informe completo: http://s3.documentcloud.org/documents/1013724/u-n-issues-scathing-report-on-vatican-handling.pdf)
¿Es ese un uso legítimo para el diezmo de los creyentes? Claramente no.
La respuesta oficial del Vaticano fue mediocre y evasiva ante el concluyente informe de la ONU, quejándose que el reporte interfería con enseñanzas de la libertad Católica, haciendo referencia a los comentarios del panel sobre la retrógrada posición de la religión frente el aborto, la anticoncepción y los homosexuales.
La Iglesia no puede seguir siendo dura frente a los pecados de la cama de sus religiosos, y blanda frente a los crímenes sexuales de sus clérigos.
Es una doble moral que arroja como resultado a niños indefensos brutalmente abusados por las mismas personas que intentan emitir juicios de valor sobre las acciones de sus feligreses.
Sin duda, una deformación aterradora del papel que deben tener estos líderes religiosos en la sociedad.
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