Cuando los negociadores del Gobierno y las Farc reanuden los diálogos de paz el próximo 24 de febrero tendrán el camino allanado para concretar el acuerdo definitivo sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos.
Tras los primeros entendimientos sobre este tema (el cuarto de la agenda), el jefe negociador del Estado, Humberto de la Calle, anticipó que el próximo ciclo se concentrará en buscar acuerdos sobre "prevención del consumo" con enfoque de salud pública y "solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, lo que comúnmente se conoce como narcotráfico".
Al terminar el ciclo 20 ayer en La Habana, las delegaciones se pusieron de acuerdo en que los planes para la sustitución de cultivos de coca, marihuana y amapola deben partir de una "reforma rural integral". Este asunto constituyó el primer tema de la agenda de la mesa de negociación.
"Tenemos los primeros borradores sobre los lineamientos o bases de esa solución", indicaron ayer los equipos negociadores en un comunicado conjunto.
También hay consenso en que la solución definitiva exige la llegada de las instituciones del Estado a esas regiones apartadas y debe involucrar a las comunidades en el diseño y ejecución de los programas agrícolas alternativos, con "enfoque territorial".
"Un elemento importante es el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado en los territorios afectados, promoviendo el desarrollo integral y la satisfacción de los derechos ciudadanos", señaló el mensaje conjunto.
Infraestructura agraria
Según Juan Manuel Ospina, exdirector del Incoder y expresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, esa presencia del Estado significa "modernizar el campo y eso requiere infraestructura; construir vías veredales, servicios públicos, electrificación rural, la adecuación de tierras para nuevos cultivos".
Delegados de las Farc ratificaron que el ciclo cerró "con avances y entendimientos".
También reiteraron sus críticas a la política antidrogas: "Si el Gobierno asume que la política de guerra antidrogas trazada a sangre y fuego por los Estados Unidos en nuestro país ha fracasado, no debe persistir en la tozudez de mantener la represión y el prohibicionismo que han agudizado el problema".
Analistas como Daniel Mejía, profesor de Economía y del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, concluyen que el Gobierno "no puede negociar la política criminal con la guerrilla, a la que se debe exigir desmontar su participación en la producción en cultivos y laboratorios".
Las autoridades advierten el riesgo de que reductos de la guerrilla que no se desmovilicen continúen con el narcotráfico y se repita el caso de los mandos medios de las autodefensas, que se reagruparon en bandas criminales.
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