Colombia vive momentos de agitación y protesta que no parecen estar en concordancia con las transformaciones de gran importancia en lo económico y lo social que se han dado en los últimos años.
El país ha venido creciendo a tasas mayores a las del promedio latinoamericano gracias a la estabilidad macroeconómica, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por una muy baja inflación. Igualmente, nuestra nación se ha convertido en un foco de atracción para la inversión extranjera.
En materia social, los logros se expresan en una caída continua de los índices de pobreza, total y extrema. En diez años, Colombia consiguió disminuir en casi 20 puntos porcentuales la pobreza total; reducir la pobreza extrema a niveles cercanos al 10 por ciento; y mejorar el índice de distribución del ingreso (índice Gini) de 0,572 a 0,539 por ciento.
Sin embargo, estos avances no se han dado de manera homogénea, pues en el país subsisten grandes desequilibrios. Mientras en las 13 principales áreas metropolitanas la pobreza total es de 18,9 y la extrema es del 3,3 por ciento, en los territorios rurales es del 46,8 y 22,8 por ciento.
Estas diferencias también se observan entre departamentos. Así, mientras la pobreza total en Antioquia, Valle y Cundinamarca es aproximadamente del 25 por ciento, en Chocó, Cauca, Córdoba y La Guajira es mayor al 58 por ciento.
Los mencionados desequilibrios también se manifiestan en unas bajas condiciones de vida de la población rural. En estas zonas los niveles de educación promedio son casi la mitad de los urbanos y los de analfabetismo son más del doble. Sólo la mitad de los hogares rurales tienen acceso a acueducto y un 15 por ciento lo hacen al servicio de alcantarillado.
Estudios recientes muestran cómo, durante la pasada década, el gasto público nacional discriminó en contra del sector agropecuario y rural. Además, dentro del gasto en el sector se priorizaron los apoyos y los subsidios, afectando negativamente los programas de desarrollo rural. Finalmente, los beneficiarios de los apoyos y los subsidios son, mayoritariamente, los productos de la agricultura comercial.
Es esta realidad insoslayable la que da pie a protestas sociales como la del Catatumbo, cuyo abandono secular por el Estado no puede resolverse de golpe y más cuando se exigen soluciones bajo presión de los bloqueos y paros violentos.
Y más grave aún es que estas falencias pretendan ser capitalizadas, a través de los llamados "paros agrarios", por ciertos gremios de la producción para obtener beneficios sectoriales.
Tales protestas no van, en realidad, al fondo del problema que es la falta de una presencia decidida y unas políticas eficaces por parte del Estado para crear las condiciones que permitan ampliar las oportunidades y desarrollar las capacidades del campo colombiano.
La protesta tiene sentido si la solución buscada concuerda con el interés general y la imperiosa necesidad de dignificar el trabajo de la población rural y mejorar sus condiciones de vida, de manera que no se estimule la migración a las ciudades ni se facilite la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y del narcotráfico.
La sociedad colombiana debe comprender que la paz y el progreso demandan un país incluyente y con un medio rural pujante. Para ello, se deben resolver las tensiones sociales que allí existen y las cuales son la manifestación palpable de un error histórico del Estado que condenó al abandono a los habitantes de los territorios rurales.
Pico y Placa Medellín
viernes
no
no
