Dos años después de la emergencia invernal que inundó a medio país, no se sabe con precisión cuántas familias están viviendo en albergues y tampoco en qué municipios.
A esto se suma que apenas el Fondo de Adaptación, encargado de la reconstrucción, inició hace un par de meses el censo de los damnificados que tendrán vivienda.
El caos se comienza a evidenciar cuando se comparan las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y de Colombia Humanitaria, relacionadas con la ola invernal de 2010-2011.
De acuerdo con la Ungrd, en el país hay armados 91 albergues en ocho departamentos, en los que viven 9.266 personas, siendo Atlántico el territorio en el que más personas permanecen en estos sitios, con 3.795, distribuidas en 22 alojamientos.
Estas cifras contrastan con las de Colombia Humanitaria que tiene en sus cuentas a 5.931 personas que viven en albergues en el país y ubica a Norte de Santander con el mayor número de municipios con campamentos, con un total de 12.
Al comparar las cifras de estas dos entidades hay una diferencia de 3.335 personas, ¿dónde están? Ahora, de acuerdo con la Gobernación de Norte de Santander en su departamento no hay albergues.
En entrevista con este diario, en días pasados, Jorge Londoño, miembro de la Junta Directiva del Fondo de Calamidades, calificó esta situación como el “dolor de cabeza” que han tenido durante el proceso de atención y reparación de la emergencia por la ola invernal. “Los albergues fueron una tarea que nosotros no podemos reclamar como un motivo de orgullo ni mucho menos, sino todo lo contrario. Fue algo que se pudo haber hecho mucho mejor”.
A la pregunta de por qué todavía hay familias en albergues, Londoño aseguró entonces que si bien han avanzado en el proceso de las reparaciones de viviendas, la reconstrucción de una casa es una tarea que, evidentemente, toma tiempo, al punto de llegar a admitir que muchas de estas familias estarán al menos dos años más en los alojamientos temporales.
Frente a la inconsistencia en las cifras, Roberto Zapata, gerente de Colombia Humanitaria explicó que los datos sobre familias en alojamiento temporales que maneja su entidad, corresponden a los de las familias que fueron damnificadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011.
“Obviamente, este no es el ciento por ciento de las familias que están en alojamientos temporales en el país, pues pueden haber otras damnificadas por otro tipo de fenómenos que son atendidas directamente por la Ungrd o por los entes territoriales”.
Altas inversiones
Durante estos dos años, Colombia Humanitaria invirtió en construcción, dotación, gestión y mantenimiento de alojamientos colectivos temporales 19.135.053.686 de pesos. Con este prepuesto se puede construir un proyecto de vivienda como el de Ciudad del Este, en Medellín, que entregará 328 casas, con una inversión de 15.000 millones de pesos.
Ahora bien, Colombia Humanitaria informó que adicionalmente hay 1.157 alojamientos individuales de los que no tiene datos precisos de ocupación, ya que fueron construidos por las mismas familias, “están dispersos y en su mayoría situados en zonas rurales”.
También advierte la entidad que de acuerdo con la Ungrd, son los municipios los responsables directos de la implementación e los procesos de manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Por esa razón, “a través de Colombia Humanitaria se suministraron los recursos a los departamentos para la construcción de los alojamientos temporales, necesarios en los municipios de su territorio. Estos alojamientos son entregados a los alcaldes para su manejo y administración, motivo por el cual la información sobre el movimiento de las familias es de manejo de las alcaldías”.
A raíz de esto, Colombia Humanitaria informó que debido a las dificultades que se estaban presentando en algunos alojamientos por falta de recursos humanos y económicos, el Gobierno Nacional suscribió un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para apoyar a las alcaldías en temas relacionados con las necesidades de los albergues.
¿Y las casas?
Más allá de esta inconsistencia, ¿por qué todavía estas familias están viviendo ahí? ¿Quién las mantiene? Atlántico es el territorio con más personas en albergues. De acuerdo con la Gobernación, tienen 1.000 familias que desde hace dos años viven en una carpa y apenas hasta ahora, explicó Deyana Acosta, asesora para la reconstrucción del sur de Atlántico, se inició la verificación de las viviendas destruidas y se firmó un acuerdo de colaboración con constructores para promocionar proyectos de vivienda.
“La demora ha sido básicamente en los censos, ya que el Fondo de Adaptación solo les puede dar viviendas a las personas que estén en el censo que el Dane hizo en esa época y a las personas que demuestren que sus casas fueron destruidas por la ola invernal. Es muy difícil porque casualmente mucha de la gente que está en albergues es porque simplemente no tenían casa. Este ha sido uno de los grandes cuellos de botella”, explicó la funcionaria.
Entonces, ¿qué pasó con los proyectos de vivienda para las familias en albergues?
El Fondo de Adaptación explica que apenas se inició el censo en los departamentos que resultaron afectados por el invierno y donde hubo reportes de familias con casas destruidas para verificar si se necesita o no. Indicó que la intervención en vivienda del Fondo supone dos fases: un ejercicio de verificación de los registros de afectados y en paralelo una fase de ejecución.
“Lo primero que teníamos que hacer era la verificación de que efectivamente esas viviendas estaban destruidas. Teníamos un inventario de 109.000 viviendas para reconstruir y ya hicimos un inventario en Antioquia, Atlántico y Valle. En estos departamentos ya sabemos exactamente el universo de viviendas a reconstruir”, explicó Carmen Arévalo, directora del Fondo de Adaptación.
Precisó que la verificación de los registros de afectados los están desarrollando a través de operadores zonales de la siguiente manera: En Atlántico y Cauca el operador es Comfenalco Valle; en Magdalena es Minuto de Dios y Comfacesar; en Norte de Santander será Comfenalco Santander; en Risaralda el operador es Comfandi y en Sucre es Comfama.
Según la funcionaria, en estos departamentos encontraron lo siguiente: En Antioquia un 80 por ciento de las viviendas que se reportaron como destruidas son las que deben reconstruir, mientras que en Atlántico y Valle deben reconstruir el 50 por ciento de las viviendas reportadas.
De acuerdo con Arévalo, se espera que en el primer semestre de este año se comiencen a ver los frentes de obra, por lo menos en el 50 por ciento de los departamentos afectados, que serían cerca de 24.000 de las 60.000 viviendas que están previstas y aseguró que el compromiso del Gobierno Nacional es que los primeros que van a llegar a esas viviendas son las familias que llevan dos años en los albergues esperando un techo.
*Esta publicación hace parte del proyecto académico Tras la pista de los dineros públicos
