La Contralora General, Sandra Morelli, en entrevista concedida a un periódico capitalino hace la afirmación, casi dramática, de que existen en el país fuerzas ilegales capaces de arrodillar al Estado.
La entrevista, en todo su contexto, nos deja entrever una mujer valiente, bien informada y con intención de tomar el toro por los cuernos. Ojalá pueda hacerlo.
Considera la doctora Morelli que en muchos casos, y debido al poder de la corrupción, el bien particular prima sobre el bien general, y no al contrario, como es de esperar en una sana democracia.
Lo extraño es que tan grave afirmación, en boca de la persona a quien le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal y de las entidades y particulares que manejan fondos o bienes de la Nación, haya pasado casi desapercibida.
La Contralora nos habla de fuerzas económicas y políticas ilegales capaces de manipular el ordenamiento jurídico y hacer que la ley se aplique, como se dice popularmente, sólo para los de ruana. Utiliza, para referirse a la delicada situación del país, una frase muy raída dentro del argot militar, que en una disciplina empobrecida, las normas se acatan pero no se cumplen.
Son todas ellas frases de diagnóstico necesarias pero no suficientes. Lo complejo es determinar con acierto cuáles son esas fuerzas, quiénes las controlan, a qué intereses sirven y en qué ámbitos se mueven.
El análisis serio del tema planteado debería llevarnos a preguntas inquietantes como: ¿Están esas fuerzas oscuras agazapadas dentro de las estructuras del Estado o fuera de ellas? ¿En qué nivel han carcomido los poderes públicos? ¿Qué relaciones existen entre estas fuerzas nocivas y el poder electoral? ¿Cómo afectan el libre juego de las fuerzas del mercado? ¿Están intentando penetrar la estructura militar?
El tema se hace más complejo e incitante si analizamos los efectos que tales conductas delictivas pueden tener sobre el desarrollo equilibrado y sostenible del país, sobre la gobernabilidad, sobre la justicia, sobre la inseguridad que ellas generan y la forma como afectan el papel y la eficacia de las Fuerzas Militares, e incluso sobre la legalidad de algunas decisiones gubernamentales.
Pensando en soluciones, esas preguntas me llevan a recordar el verso de Lope de Vega y la inquietud de los ratones: ¿A quién le corresponde ponerle el cascabel al gato? La respuesta podría referirse a todos aquellos a quienes la carta política les ha impuesto el deber de velar por la supervivencia del Estado Social de Derecho.
Si así son las cosas, ¿deberían estar las Fuerzas Militares comprometidas en la acción correctiva?
El artículo 217 de nuestra Constitución asigna como finalidad primordial de las Fuerzas Militares la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Falta definir si las fuerzas a las que se refiere la doctora Morelli pueden tener el músculo para atentar contra la libertad, la soberanía y el orden constitucional.
Muy provechoso sería un proceso de análisis y debate interno dentro del liderazgo de las Fuerzas Militares, superando el ambiente académico de la Escuela Superior de Guerra, para discutir, más allá de los temas de las guerras jurídica y mediática, la génesis de la andanada de críticas que se están recibiendo, la vigencia de algunos de los aspectos de la denominada "doctrina Lleras" y la necesidad de construir una nueva visión estratégica que supere el ámbito de la confrontación de las huestes en conflicto, posiblemente expresión y no causa de las preocupaciones de la doctora Morelli.
A veces me atrevo a pensar que es posible que estemos oyendo la música, pero desconozcamos dónde está la orquesta.
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