En el mediodía del 25 de julio de este año, justo en la fecha de las inscripciones a la alcaldía de Marinilla, José Gildardo Hurtado Alzate, candidato por el partido de la U y exalcalde del municipio, aparecía inhabilitado en primera y segunda instancia por la Procuraduría para ejercer funciones públicas y contratar con el estado hasta el 6 de mayo de 2024. A las 2:00 p.m. ya no se registraba la sanción.
Esto lo evidenció el concejal de este municipio del altiplano del Oriente, Hernán Jaramillo, uno de los que ya había detectado irregularidades por la entrega de seis predios a personas allegadas a Hurtado Alzate, que luego se convirtieron en once.
Jaramillo, quien tiene títulos como abogado administrativista, aseguró que esta es una de tantas irregularidades en el caso de Hurtado. Se desapareció una sanción en la Procuraduría que le habría permitido postularse nuevamente a la alcaldía de Marinilla y, a la vez, hubo una veloz revocatoria por parte del excontralor Sergio Zuluaga Peña, un proceso en segunda instancia que a su vez ya había revocado y sancionado el primer fallo.
Zuluaga –inmerso en un proceso judicial, entre otros hechos por manipulación de investigaciones en su despacho– luego de 10 meses de sanción volvió a funciones el 4 de junio de este año y firmó la revocatoria de Hurtado dentro del proceso de responsabilidad fiscal el 19 de junio, apenas unos días después.
Al consultarle a Hurtado por la veloz revocatoria, aseguró en entrevista con EL COLOMBIANO: “no sé de asuntos legales”, pero que tal vez se debía a que en primera instancia fue exonerado, y aunque en una segunda el fallo le resultó adverso; tal vez en la tercera el excontralor Zuluaga habría firmado la revocatoria teniendo en cuenta la primera exoneración.
Hurtado también dijo en entrevista con este diario que no tenía relaciones políticas con Zuluaga. No obstante, sí lo han relacionado políticamente al excontralor con Germán Darío Hoyos Giraldo, actual Senador de la República de Colombia desde 2010, uno de los padrinos políticos de Hurtado, según el mismo candidato confirmó, y ampliamente votado en este región.
Lo que pasó con los baldíos
El concejal Jaramillo, del Partido Liberal, llegó al concejo municipal de Marinilla por primera vez en el 2016 y empezó a ejercer sus funciones de control político. Una de las primeras tareas a las que se dedicó la administración municipal actual por solicitud del Concejo Municipal fue “hacer un inventario de bienes porque para 2016, el municipio, de una forma extraña, no tenía uno, es decir no sabía que tenía”, contó.
En este proceso se encontró con que un par de años antes se habían entregado unos bienes a título gratuito. “Como concejal pedí sus expedientes para verificar cómo se habían entregado y cuando vi los expedientes noté una cantidad de irregularidades demasiado evidentes”.
El concejal cuenta que estas entregas se hicieron, “supuestamente fundamentadas en la Ley 1001 del 2005, una norma que replicó la Ley Tocaima y que determinaba que a las entidades territoriales se les posibilitaba acceder al dominio de los bienes baldíos (que no le pertenecen a nadie) y que estuvieran ubicados dentro del municipio porque estos le pertenecían a la nación”.
La ley permitía que esos bienes pudieran entrar al haber fiscal del municipio. Sin embargo un análisis hecho por este periódico encontró que la norma se violó porque los predios se entregaron a particulares y sin tener en cuenta ninguno de los requisitos establecidos en la norma como destinarse a fines institucionales y sociales, de vivienda de interés social o prioritario o construcción de vías e infraestructura.
Luego esta fue reglamentada por un decreto presidencial 4825 de 2011, que regulaba este proceso y después la Superintendencia de Notariado y Registro reguló cómo se podían entregar esos bienes a unos particulares que cumplieran con unos requisitos estipulados.
Para que estos bienes se determinaran baldíos, la institución determinó que las oficinas de registro de instrumentos públicos tenían que emitir un certificado de carencia registral (indicando que no tenían dueño y no tenían número de matrícula inmobiliaria).
Jaramillo asegura que “con todo un concierto que había para delinquir en ese tema, la administración del momento, en cabeza de Álzate, falsificó ese documento de carencia registrante y con ese papel se fueron a la notaria”.
Cuenta el concejal que la primera denuncia sobre este tema lo hizo la notaria Mary Sol López Suárez, en 2014. López confirmó a este periódico en llamada telefónica que ella puso la denuncia en la Fiscalía y esta notificó al municipio y al alcalde, que todo ese proceso está en el juzgado. Él, por su parte aseguró “nosotros teníamos una asesora jurídica y un grupo de personas que sabían y conocían del tema en 2015 pero yo me enteré en 2017”.
El ahora candidato al que podría ser su segundo mandato en Marinilla dijo que se había enterado al ver, desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid –del que fue vicerrector de extensión– ,la transmisión en vivo del primer debate que hizo el Concejo sobre el asunto. Cuenta que inmediatamente se dirigió hasta allí para entender qué era lo que había sucedido.
Jaramillo, quien ya lideró dos debates en el concejo (uno el 9 de agosto de 2017 y Otro el 15 de agosto del mismo año), dijo que él se enteró de la falsificación porque entrevistó la Registradora del momento Claudia Dinelly Castrillón, quien le manifestó que nunca había proferido ese certificado de carencia registral, aunque tiene su firma en una hoja adicional, “como si la hubiesen anexado posteriormente”, aseguró.
Y agregó: “cuando pregunté en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el consecutivo de atención que correspondía supuestamente a ese certificado de carencia registral, este respondía a un trámite completamente distinto al que ellos reportaron”.
Hurtado, reiteró que “lo asaltaron en su buena fe”. Y al periodista de la región Óscar Hernando Castaño –que también ha estado denunciando estas irregularidades– le dijo que le pasó el elefante blanco en frente de sus ojos y no se dio cuenta, pero que el error fue de gente con la que trabajó en esa época y que en este momento están judicializados. Ellos son Edwin Norbey Posada Castaño, quien fue abogado del municipio y era personero del vecino municipio de San Francisco; la abogada litigante Blanca Nohelia Duque Montoya y el exempleado de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, zona norte, Miguel de Jesús Rincón Villegas.
Jaramillo agregó que Hurtado también está judicializado, “pero el proceso está en curso”. Ante esto el candidato respondió que su nombre está en un radicado de la fiscalía “como un hecho natural por ser parte de la administración municipal, pero es la justicia la que hoy dilucida, investiga y hace trazabilidad en un proceso que ya tiene muchos elementos de claridad”.
Entre estos elementos, asegura el candidato está que “estos terrenos obedecen a titularidad de predios que tienen dueño”. Además que, como la Contraloría “ya determinó que no hubo detrimento del municipio y que la justificación estaba más que demostrada por parte nuestra y de los propietarios, archivó el proceso”.
Y es que Hurtado asegura que las personas que se hicieron acreedoras de los primeros cinco terrenos los devolvieron porque aparecieron los dueños. También aseguró que cinco terrenos más ya tenían dueño desde hace tiempo “como en el caso de Fernando Arbeláez quien tiene un terreno donde se hacen los conciertos religiosos en frente de una ebanistería de la que es dueño hace 42 años, y que él, como otros, buscaron al municipio para tratar de legalizarlos”.
El último caso, que a Hurtado le parece el más sorprendente, es el del señor Carlos Arcila, “porque resulta que la misma administración actual le dio la licencia de construcción en donde hoy hay un edificio y esa familia lo tiene hace más de 100 años”.
Por ello argumenta que desde el 11 de junio le debieron quitar la anotación del registro del orden nacional porque ya estaba archivado: “A mí me tocó hasta mandar un derecho de petición para que la quitaran y fue la misma Contraloría General de Antioquia la que escribió a Bogotá con el fundamento de que se había probado que no había detrimento alguno, para que se quitara del sistema esa anotación”.
