En el 2017 inició el proceso de enrolamiento de hinchas ordenado por la ley, y cerca de 300.000 aficionados respondieron al llamado, pagando 11.900 pesos con la idea de estar carnetizados y así las autoridades pudieran controlar de mejor manera los desmanes e individualizar a los revoltosos. Hoy, 4 años después, no se ha avanzado más allá de esa recolección, y los hechos de violencia se siguen presentando.
Luego de lo sucedido el 3 de agosto en el duelo entre Santa Fe y Nacional, en el que después de más de año y medio sin poder asistir a los estadios hubo enfrentamiento entre aficionados de ambas parcialidades, el tema volvió a la palestra pública.
El proceso quedó estancado, pero la gente se pregunta: ¿Cuáles han sido las razones?
El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, indicó que el procedimiento está por retomarse y el que no hayan avances se debe a un tema de presupuesto que debe venir del Gobierno Nacional.
“La ley decía que Dimayor, a través de los equipos, debía enrolar a los hinchas, que había que sacar un carné y el Estado se encargaría de instalar los distintos dispositivos de identificación. Nosotros hicimos el enrolamiento, casi 300.000 personas quedaron enroladas, pero de nada sirve tener un carné cuando no hay equipos para leerlos. En eso debe cumplir el Estado colombiano”.
Jaramillo insiste en que este sistema es una herramienta vital para actuar contra los violentos.
“Tenemos que actuar y ver cómo lo hacemos a través de la carnetización e identificación, para no dejar entrar a los violentos nunca más a un estadio, esto ya ha pasado en otros países y hay que aprender de las lecciones“.
Jaramillo aclaró que quienes ya hicieron el proceso no se les volverá a cobrar y en que a los hinchas que se comportan de manera correcta hay que darle también beneficios a través de este sistema.
“Que haya privilegios asociados a esta carnetización, para que también estén convencidos de que portarse bien tiene sus beneficios”.
Para el dirigente, se les puede proponer a los clubes que se les haga un descuento a los aficionados enrolados en indumentaria deportiva, algo que maneja cada institución internamente.
“Estamos analizando alianzas con distintas empresas y marcas bastante importantes para que el que tenga un carné y que vaya asista a todos los partidos, se le otorguen unos puntos para que pueda utilizar en compras personales, o en comprar el abono para el próximo año”.
Agregó Jaramillo que la Dimayor ni los clubes se quedaron con el dinero de esa carnetización sino que fue el operador, TuBoleta, quien cobraba por la impresión del carné.
Obstáculos tecnológicos
Además del presupuesto que debe poner el Gobierno, Jaramillo también manifiesta que en este momento no todos los estadios están preparados para su implementación, y hay que solucionar temas de tecnología y el software para la instalación de los sistemas biométricos.
“Es necesaria la modernización de muchos ingresos de algunos escenarios que también se haría con ese presupuesto”.
El presidente de la Dimayor se comprometió a trabajar por el regreso seguro de la afición: “Vamos a trabajar todos juntos para que la vuelta a los estadios sea segura. Con esas imágenes que se vieron en Bogotá, nadie quiere regresar a los estadios y ni los niños quieren ver fútbol porque se sienten temerosos”, agregó.
Compromiso del Gobierno
El nuevo ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, se comprometió a colaborar para que esta situación se solucione y puedan llegar los recursos necesarios e implementar estas tecnologías y así poder erradicar cualquier tipo de violencia de los estadios.
“Hay que aprovechar la tecnología que existe para individualizar y depurar el fútbol”.
Sin embargo, el ministro insistió en que por ahora y hasta que se destrabe este tema, hay que utilizar las cosas que ya existen como empezar a expedir con nombre las boletas, con código QR.
“Que la Policía exija la cédula y consulte el tema de antecedentes con sus aparatos portátiles de consulta, tienen acceso a los datos e historial de cada persona y puede filtrar a la entrada de los estadios ”, agregó Herrera.
El titular de la cartera aseguró que este tema es prioridad y una obligación legal que hay que cumplir.
“Hay una responsabilidad muy grande de la Dimayor y el Gobierno, se debe analizar y debemos responder por ese proceso”.
