El rodaje de la película Mi vecino Adolf, una coproducción entre Israel, Polonia y Colombia, se hizo entre enero y febrero de este año durante cinco semanas. El 80 % de la grabación se realizó en un escenario en Rionegro creado para la película y la otra parte en locaciones de Medellín. El presupuesto que se invirtió para el pago de servicios cinematográficos y gastos logísticos fue de cerca de 4.000 millones de pesos. Seis meses después, los inversionistas se encuentran gestionando con el Gobierno Nacional la devolución de aproximadamente 1.000 millones de pesos por haber elegido grabar en el país.
Este tipo de incentivos para inversiones extranjeras son posibles gracias a la Ley de Filmación Colombia (Ley 1556 de 2012), con la que se creó el Fondo Fílmico Colombia (FFC), que administra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Comité de Promoción Fílmico, de donde sale el dinero para apoyar rodajes dentro del territorio a través de una contraprestación equivalente al 40 % del valor de los gastos realizados en el país. El concepto es servicios audiovisuales (alquiler de cámaras, vestuario, actores, iluminación, sonido, edición) y el 20 % del valor de los gastos en servicios logísticos (hoteles, transporte, alimentación).
Sin esa normativa, con la que se busca estimular una industria audiovisual y otros sectores en el país, no hubiera sido posible hacer Mi vecino Adolf, cuenta Julio César Gaviria, representante de Vandalo Colombia, una de las empresas asociadas al proyecto. “A través de esa Ley logramos que sea atractivo rodar aquí, el incentivo financiero ayuda a pescar la atención de productores internacionales”, dice.
¿Cómo funciona?
El modelo de la Ley beneficia a los inversores extranjeros con la devolución de dinero (cash rebate) y estimula el comercio interno. Por ejemplo, cualquier equipo de producción que haga sus películas en Medellín debe hacer gastos de hotel, transporte, alimentación y contratar servicios. Es el caso de la cinta del dictador alemán que, según la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, le dejó a la ciudad una derrama económica de $3.100 millones, que se calcula se gastó en la ciudad y con la que se generó más empleo.
Cifras del Ministerio de Cultura indican que en lo que va de la Ley de Filmación Colombia (2013-2019) se han logrado inversiones por 46 millones de dólares ($183.000 millones) que generaron más de 25.000 empleos de prestación de servicios audiovisuales y comerciales (hospedaje, alquiler de carros, etc.).
Este comportamiento motivó al Gobierno Nacional a expedir hace un mes el Decreto 474 de 2020, que amplía los beneficios de esta norma por 10 años más (2022-2032) y, adicionalmente, extiende la cobertura a otros géneros audiovisuales como series, videos musicales, proyectos de animación, videojuegos, realización publicitaria y producciones cortas para web.
La razón por la que se amplió la cobertura fue la realidad tecnológica: “Las cadenas de valor y de generación de contenidos tienen una convergencia digital. Los mismos productores que trabajan hoy en cine, lo hacen luego en la publicidad y la posproducción, que va de la mano de la animación digital, asociada a su vez a la industria de videojuegos”, comenta Felipe Buitrago, viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja.
De hecho, esta adición es una oportunidad para Medellín, señala Juan David Orozco, director de la Comisión Fílmica municipal, porque en la ciudad “no se hace cine al mismo ritmo que se hacen videos musicales o publicidad”. Un ejemplo de ello es el alcance de productoras como 36 grados, que ha abierto un mercado particular en los videoclips de reguetón y otros géneros urbanos.
Además de la ampliación por 10 años, a través del Decreto se creó una nueva figura con la normativa, el Certificado de Inversión Audiovisual (Cina), con un presupuesto del Fondo Fílmico Colombia, en la que las “obras audiovisuales no nacionales, producidas o posproducidas en el país, de manera total o parcial, tendrán derecho a solicitar este certificado descontable del impuesto de renta hasta por un 35 % de la inversión realizada en Colombia”, dice el funcionario en un comunicado. El monto se entrega según lo invertido. Este certificado se convertirá en un título de valor negociable en mercado con colombianos que pagan impuesto de renta en el país, es decir, será plata líquida.
Cabe aclarar que ambos estímulos son excluyentes. Los productores de las películas, nacionales o extranjeras deberán decidir cuál es la mejor opción, si aplicar a la Ley de Filmación o al Cina.
El trabajo local
La Comisión Fílmica de Medellín ha buscado aplicar incentivos específicos. En 2016 se otorgaron algunos a películas internacionales que se grabaron en la ciudad bajo el modelo de cash rebate, en el que cintas internacionales recibieron apoyos cercanos al 10 % de la inversión artística y logística, explica Juan David Orozco.
Solo ese año se logró entregar estímulos, pero señala que están buscando cómo volver a hacerlo, que además no sea solo un fondo público sino que tenga un mecanismo de aporte privado, más aún ahora que el Gobierno Nacional le dio un empujón a la Ley con la prórroga de 10 años y del Cina.
“En el nuevo Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023 hay un indicador que es responsabilidad de la Secretaría y directamente de la Comisión. En los próximos cuatro años, incluyendo este, deben apoyarse económicamente por lo menos 10 producciones audiovisuales, para lo cual es necesario un mecanismo similar al fondo nacional”, dice.
Desde la Comisión están elaborando el mecanismo jurídico. Las empresas que quieran optar deberán, en todo caso, usar locaciones de Medellín, adscribirse por la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, emplear personal local y estimular el intercambio de conocimiento.
“Tenemos claro que mínimo para ese fondo vamos a necesitar por lo menos 6.000 millones, estamos trabajando en una cifra que vaya por ese valor”, indica el director de la Comisión Fílmica Medellín.
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