La Ley 130 de 1994 reglamentó la colaboración que la organización electoral en Colombia debe prestar a los partidos políticos y movimientos con personería jurídica que la soliciten, con el fin de recaudar información sobre quiénes deben ser los candidatos a las corporaciones públicas o sobre cómo deben integrarse los estamentos directivos de los mismos. Reglamenta la ley mencionada que la colaboración debe manifestarse suministrando toda la logística requerida para la adecuada realización de las consultas. Es decir, el Gobierno asume todos los gastos (que no son ninguna inversión) para que se adelanten las consultas internas que los partidos requieran.
El pasado domingo se realizaron consultas internas que tuvieron un costo estimado de 18.000 millones de pesos, pagados por el Estado. Y para ello se instalaron en el territorio nacional 9.956 mesas de votación que exigieron la presencia de casi 65.000 jurados de votación. Y los resultados fueron excesivamente exiguos. De un potencial de 33 millones de votantes, solo 998.506 hicieron presencia en las urnas, con una abstención del 97.0%.
Se imprimieron 7 millones de tarjetones de los cuales 6.001.484 no se utilizaron. De acuerdo al costo estimado para la consulta, cada voto salió costando $ 18.027, dinero que en última instancia sale del bolsillo de los contribuyentes.
Cuando una empresa u organización privada requiere información de cuáles son sus clientes potenciales, de los gustos de los mismos o de las tendencias del mercado, paga de sus propios recursos las encuestas e investigaciones de mercado pertinentes para el desarrollo de estrategias que le permitan ampliar o consolidar su participación.
No tiene una sana lógica que sea el Estado el que financie el costo del mercadeo político que hagan los partidos, cuando las consultas están dirigidas a segmentos específicos del potencial de votantes y estas sean pagadas por todo el universo de electores.
Cada partido debe estructurar su propuesta programática, escoger sus más idóneos miembros para ser candidatos a las corporaciones públicas y hacer las campañas publicitarias adecuadas para alcanzar sus objetivos electorales.
En un país con un declarado déficit fiscal que está permanentemente buscando sacarles dinero a los contribuyentes, no es bien visto el despilfarro en procesos como el del pasado 19 de abril.
