El éxodo de colombianos por trochas que atraviesan el río Táchira, frontera natural con Venezuela, fue interrumpido este miércoles por la presencia de soldados en la orilla de ese país, según denunciaron testigos.
El martes, centenares de colombianos residentes en San Antonio y otras localidades del estado Táchira atravesaron el río con sus pocas pertenencias a cuestas para escapar de las deportaciones ordenadas por el gobierno de Venezuela en el marco de una campaña contra contrabandistas y supuestos paramilitares.
Fuentes policiales, afirmaron que la presencia de soldados venezolanos en la margen derecha del río Táchira se debe al parecer a un acuerdo entre las autoridades de ambos países que permitirá que los colombianos ingresen en territorio venezolano en camiones de la Policía para recuperar sus bienes.
Esa posibilidad ya fue anunciada ayer por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien dijo que “hay un principio de acuerdo para que entren a Venezuela camiones colombianos, con los deportados, para que ellos mismos recojan sus pertenencias”.
Desde esta mañana, unidades de paracaidistas de Venezuela bloquean el paso en las trochas entre el monte y “el que se mete a la brava lo golpean”, detalló un colombiano que cruzó ayer el río Táchira y que residió en San Antonio dos décadas.
Desde la última hora de este lunes, unos 2.000 colombianos según cálculos de la Alcaldía de Cúcuta, cruzaron el río y llegaron a esa ciudad, donde reciben asistencia del Gobierno colombiano y organizaciones como la Cruz Roja.
“Ya cerraron el paso los boinas rojas y no quieren dejar cruzar a nadie más. Están derribando los ranchos (casas humildes) que están marcados con la “D”. Todo lo están tumbando, están acabando con todo”, explicó en La Parada, un punto cercano a Cúcuta, Alix, una colombiana completamente desolada.
La mujer contó que ella, sus cinco hermanos y su madre de 80 años duermen desde hace dos días en la orilla del río y aunque no fueron deportados sí se vieron forzados a abandonar Venezuela ante el acoso de militares de ese país que les gritaban: “¡Ustedes son colombianos! ¡Paramilitares!”
“Se meten en las casas, se roban las cosas, se llevan a algunos presos... A uno le sacaron la plata del bolsillo, se llevaron su comida, los celulares, el computador”, relata en la orilla colombiana Alix, quien vivía en Venezuela desde hace una década.
Horas después, soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército colombiano empezaron a patrullar en La Parada ante la atenta mirada de los boinas rojos venezolanos al otro lado del río.
Algunos de los militares colombianos ayudaron, junto con policías, a un grupo de cinco compatriotas suyos que lograron atravesar el río, entre ellos Marcela, una mujer embarazada.
El miércoles pasado, el presidente, Nicolás Maduro, anunció el cierre durante 72 horas del paso fronterizo entre la ciudad colombiana de Cúcuta, capital de Norte de Santander, y la venezolana San Antonio, en el estado de Táchira, a raíz de un ataque de supuestos contrabandistas en ese país que hirió a tres militares venezolanos y un civil.
Maduro decretó dos días después el estado de excepción en Táchira y desde entonces se inició la deportación masiva de colombianos que, según las autoridades venezolanas, permanecían indocumentados en ese país.
Jessenia Páez, otra colombiana deportada, lava las pocas ropas que pudo recuperar en la ribera del río, le acompañan su marido, sus hijos y su yerno y se muestra poco optimista: “Yo no creo que esto se pueda solucionar”.
Los otros compatriotas que le acompañan y que esperan poder cruzar de nuevo el río, no creen que las autoridades venezolanas dejen pasar camiones de la Policía colombiana para recuperar lo poco que les queda.
“Dirán (los soldados venezolanos) que llevan contrabando y no les dejarán traer nada”, asegura Olga, quien también denuncia que la fuerza pública de ese país ha llegado a romper los candados de las casas de los colombianos para saquearlas.
Preocupación por derechos humanos
La organización Amnistía Internacional (AI) dijo este miércoles que está “profundamente preocupada” por las denuncias recibidas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra ciudadanos colombianos en Venezuela en el marco del estado de excepción declarado por el presidente Nicolás Maduro.
Más de 1.000 colombianos que vivían en ciudades fronterizas, en el estado Táchira, han sido deportadas por Venezuela en operativos conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada en los últimos cinco días, según denunció AI en un comunicado.
“En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías”, agregó la organización.
La crisis humanitaria comenzó el pasado miércoles, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera que comparten los estados de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander.
Esa decisión estuvo motivada por el ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos.
Posteriormente, el mandatario declaró el estado de excepción en cinco ciudades de Táchira para buscar a presuntos paramilitares que operan en la frontera y desató una oleada de deportaciones de ciudadanos de ese país que, según denunciaron, vieron como sus casas eran marcadas y tuvieron que salir con lo puesto dejando sus propiedades atrás.
AI mostró una “especial preocupación” por los informes que indican que grupos familiares han sido separados, lo que ha producido que niños queden abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia.
Por ello, pese a reconocer que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, recordaron que las acciones destinadas a garantizarlas “no pueden resultar en violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, agregaron que los procedimientos de expulsión o deportación “deben contener todas las salvaguardias previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos”.
La organización también reclamó que se tomen medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones, deportaciones o expulsiones con el debido respeto a los derechos humanos.
En este sentido pidieron que todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente e imparcial.
Las obligaciones internacionales obligan a Venezuela a “proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción”, concluyó AI.
