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UP acudirá ante Cidh por muerte de líderes sociales

Mientras se confirman las razones de los homicidios de tres jóvenes en Cundinamarca, organizaciones piden protección.

  • Jorge Castiblanco (izq.), Cristian Castiblanco y Alexánder Carrillo FOTO Archivo particular
    Jorge Castiblanco (izq.), Cristian Castiblanco y Alexánder Carrillo FOTO Archivo particular
22 de marzo de 2016
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Los asesinatos recientes de líderes sociales en el país (12, según la Unión Patriótica - UP-) tienen preocupados a los dirigentes de izquierda. La muerte de tres jóvenes oriundos de Cabrera, Cundinamarca, fue interpretada por Aída Avella, líder de la UP, como “algo más que un robo”, e interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Pese a que los familiares de los jóvenes se declararon ante la prensa como “campesinos, no políticos”, Avella le dijo a EL COLOMBIANO que “el menor de los jóvenes participaba por la lucha del páramo de Sumapaz, que está amenazado por varios flancos. Adicionalmente, no se puede desconocer que Cabrera y Sumapaz han sido zonas históricas de resistencia política. Además de esos asesinatos hemos denunciados otros en Cauca, Sucre, Arauca y Soacha. Solo la organización Marcha Patriótica ha tenido 113 muertos desde que se fundó, esto no puede seguir así”.

Hasta ahora, de la muerte de los tres jóvenes se sabe que ocurrió en un lugar conocido como El Paso, en el municipio de Ricaurte, cercano a Girardot. Las víctimas fueron identificadas como Román Alexánder Carrillo, de 35 años de edad, y los hermanos Jorge y Cristian Castiblanco Villaba, de 18 y 23. Se sabe que el fin de semana del 13 de marzo emprendieron un viaje en un camión de abarrotes en el que trabajaban. El vehículo, de placas THU943, iba a ser utilizado para hacer un trasteo desde Girardot.

La última vez que se comunicaron con sus padres fue el domingo para notificarles que harían la mudanza. Estuvieron desaparecidos hasta el viernes pasado, cuando los encontraron muertos en El Paso. La Policía de Cundinamarca hizo un rastreo de los peajes y notó que el camión fue conducido por personas distintas a las víctimas, por lo que se cree que se trata de un robo.

Por su parte, Medicina Legal se encargó de la necropsia y está pendiente de entregar los resultados. La hipótesis más fuerte hasta el momento sería que se trató del robo del camión.

Eduardo Castiblanco, padre de dos de las víctimas, dijo a medios de comunicación que sus hijos no pertenecían a ningún partido político, sino que eran campesinos de la vereda, muy unidos. Castiblanco trabaja en la Junta de Acción Comunal (JAC) de Cabrera pero no ha tenido acercamientos con movimientos de izquierda.

Las peticiones

Mientras las autoridades esclarecen las razones de estos asesinatos, la UP ha pedido mayor atención al Estado por otras 12 muertes de líderes sociales. Asesinatos como el de Klaus Zapata, perteneciente a la organización Juventud Comunista en Soacha, o el de James Balanta Mena, líder del Consejo Comunitario Negro en Caloto, Cauca, han generado temor en las organizaciones sociales. El senador Iván Cepeda pidió “que se realice un consejo extraordinario de seguridad para analizar el exterminio de líderes de derechos humanos en la región”.

La gravedad de la situación fue reconocida por la ONU. Todd Howland, alto comisionado para los derechos humanos, anunció hace una semana que su equipo está realizando un seguimiento a los asesinatos: “casi la mitad de estas personas están relacionadas con el Partido Comunista, la Marcha Patriótica o la UP”, concluyó.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), las autoridades judiciales deben ser más efectivas: “Estamos ante un serio problema de seguridad y de violencia política que no es exclusivo de la Unión Patriótica ni de los movimientos sociales de izquierda. El espectro político hoy en día es mucho más amplio. La justicia, hasta el momento, no ha hecho nada para prevenir estos casos”.

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