La Fiscalía conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que hoy vinculan al magistrado Vladimir Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Sin embargo, pese a que el material quedó incorporado al expediente de ese caso de corrupción, el ente acusador no compulsó copias ni abrió una investigación contra el entonces secretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional.
Una investigación periodística de Cambio reveló una serie de registros telefónicos y conversaciones de WhatsApp del 9 de enero de 2024 que tuvo como propósito ubicar el apartamento de la abogada Irma Solangel Torres, hasta donde se desplazó Pinilla bajo una instrucción concreta: “entregar $”.
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De hecho, uno de los periodistas que investigó y escribió el artículo, comunicó en X: “Ya siendo magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, habría recibido plata de Olmedo y Sneyder a través de una conjuez de la corte. Todo lo tenía la Fiscalía desde 2024 y decidió ignorarlo”.
La secuencia de conversaciones ocurrió durante unas seis horas y quedó registrada en llamadas, mensajes y datos de ubicación del inmueble. Pese a que este material quedó en el expediente, la Fiscalía no compulsó copias ni abrió una indagación contra el magistrado aforado.
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Las seis horas del 9 de enero
Antes de viajar a Bogotá, Sneyder Pinilla le informó a su pareja que debía ir a “entregar $”. Al mismo tiempo, escribió a Miguel, conductor de la UNGRD, el mensaje “ya a volar”, a lo que el conductor respondió que estaba atento.
Después de aterrizar en Bogotá, entre las 4:00 y las 5:30 de la tarde, Pinilla y Olmedo López sostuvieron seis llamadas telefónicas mientras el exsubdirector y el conductor se desplazaban hacia el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá.
A las 5:35 p. m., López escribió al contacto identificado como Vladimir Fernández: “Recuérdeme el apartamento”. El mensaje muestra que, en ese momento, ni López ni Pinilla tenían claridad sobre el número del inmueble ni sobre la persona exacta que recibiría el dinero.
Doce minutos después, a las 5:47 p. m., desde el chat asociado a Fernández fue reenviada a López la indicación “Torre 2”. Veinte segundos después llegó otro mensaje: “112”.
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López reenvió de inmediato ambos datos a Pinilla. El expediente, sin embargo, hace una precisión: el mensaje con el número del apartamento salió de una línea telefónica distinta de la registrada a nombre del magistrado Fernández.
A las 5:50 p. m., desde el usuario de Fernández llegó un mensaje con un signo de interrogación: “?”. López se comunicó entonces por teléfono con Pinilla y le respondió que el subdirector ya se encontraba “en sitio”.
Nueve minutos después, a las 5:59 p. m., Pinilla recibió un mensaje con la palabra “hola” desde el número de la abogada Irma Solangel Torres. El entonces subdirector guardó el contacto y respondió: “listo”.
La reconstrucción de las comunicaciones ubica en ese intervalo de aproximadamente diez minutos la ventana en la que habría ocurrido la presunta entrega del dinero.
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La jornada no terminó allí. Entre las 6:47 p. m. y las 8:14 p. m., López y Pinilla realizaron otras cinco llamadas telefónicas.
Además, un certificado de tradición y libertad confirmó que Irma Solangel Torres es la propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, el mismo inmueble cuya ubicación fue enviada a López y posteriormente a Pinilla.
Los nombres que aparecen en la cadena
Vladimir Fernández había sido secretario jurídico de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro. En octubre de 2023 fue elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional. También tuvo un papel determinante en la terna para la elección de Fiscal General de la Nación de la que resultó elegida Luz Adriana Camargo.
Olmedo López, entonces director de la UNGRD, renunció el 29 de febrero de 2024, en medio del escándalo por la compra de 40 carrotanques para La Guajira, operación que tuvo sobrecostos superiores a 16.000 millones de pesos.
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Posteriormente se convirtió en informante y colaborador de la justicia. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, fue condenado en abril de 2025 a cinco años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, después de revelar esquemas de sobornos a congresistas y directivos.
El cuarto nombre de esta historia es el de Irma Solangel Torres, abogada que durante años trabajó junto a Fernández en litigios contra el Estado.
Entre esos procesos aparecen demandas contra la CREG, en representación de Poliobras, y litigios contra Invías y la ANI, como asesora de Grodco, además de asuntos personales del magistrado. Torres aparece como fundadora de la firma Estudios y Asesorías. Sin embargo, allegados sostienen que la firma pertenecería en realidad a Fernández, afirmación que el magistrado niega.
La aparición de estos registros abrió un debate sobre la actuación de la Fiscalía en el caso. María Cristina Patiño, fiscal titular del proceso de la UNGRD, explicó que durante la negociación con Sneyder Pinilla se acordó una “extracción controlada” de contenidos de sus teléfonos.
Según su explicación, la revisión debía ceñirse estrictamente a una matriz de colaboración de 27 nombres y la norma le impedía utilizar evidencia que no estuviera contemplada en ese pacto.
La explicación fue cuestionada por cuatro exfiscales generales consultados por Cambio.
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Los exjefes del ente acusador coincidieron en que la Fiscalía es la que establece las condiciones del acuerdo y que, ante un hallazgo casual de posibles irregularidades que involucraran a un aforado constitucional como Fernández, existía la obligación de preservar la prueba y compulsar copias de inmediato a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se abriera una investigación independiente.
El punto central de la controversia es, precisamente, qué debía hacer la Fiscalía con una información que apareció dentro del material obtenido durante la investigación contra otros implicados.
Las explicaciones de Fernández, López y Pinilla
Vladimir Fernández aseguró inicialmente que no recordaba el episodio. Posteriormente explicó que, en diciembre de 2023, Olmedo López le había manifestado en la Casa de Nariño su preocupación ante una eventual suspensión por parte de la Contraloría.
Según Fernández, fue por esa razón que recomendó a López los servicios profesionales de Irma Solangel Torres y le envió la dirección de su domicilio.
La investigación periodística plantea, sin embargo, una pregunta sobre esa explicación: si la recomendación profesional estaba dirigida a López, ¿por qué fue Sneyder Pinilla quien terminó desplazándose hasta el apartamento de Torres?
Los abogados de los dos exfuncionarios también entregaron sus versiones. Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, sostuvo que su cliente no está obligado a responder dentro de su principio de oportunidad por supuestas omisiones construidas sobre información no verificada.
José Moreno, abogado de Olmedo López, señaló que fue la propia Fiscalía la que delimitó los hechos incluidos dentro del trámite judicial.
Así, los registros del 9 de enero de 2024 dejan reconstruida una cadena de mensajes y llamadas que comienza antes del viaje de Sneyder Pinilla a Bogotá y termina horas después, con varias comunicaciones entre los protagonistas.
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Preguntas y respuestas
- ¿Desde cuándo conocía la Fiscalía los registros que vinculan a Vladimir Fernández con el caso de la UNGRD?
- La Fiscalía conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que relacionan a Vladimir Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla.
- ¿Qué ocurrió el 9 de enero de 2024 entre Sneyder Pinilla y Olmedo López?
- Ese día, Pinilla viajó a Bogotá con la instrucción de “entregar $”, mientras López coordinaba por mensajes el lugar al que debía dirigirse.
- ¿Qué relación aparece entre Vladimir Fernández y Olmedo López en los registros?
- Los mensajes muestran que López intercambió comunicaciones con un contacto identificado como Vladimir Fernández mientras buscaba un apartamento para recibir a Pinilla.
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