Hace exactamente tres semanas, Olmedo López tomó uno de sus dos celulares para revisar la información que estaba entregando a la Fiscalía en el marco de su colaboración por el escándalo de corrupción más grande en el Gobierno Petro y se dio cuenta de que algo andaba mal.
Toda una rareza, pues con ese celular de alta gama, que rara vez falla, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) se comunicaba con ministros, altos funcionarios, asesores y congresistas para cuadrar contratos y reuniones relacionadas con la entidad. La imagen del aparato se distorsionó por unos segundos, el teléfono parpadeó y se apagó. Luego se reinició de manera automática y cuando encendió, no había rastro de las aplicaciones, chats, fotos, notas, ni de las cuentas de registro que López usaba en ese celular.
Toda la información del testigo estrella, que está a punto de conseguir un principio de oportunidad, desapareció. El hecho fue denunciado inmediatamente a la Fiscalía, que con los datos de Olmedo realizó una larga imputación de cargos el jueves pasado y señaló que el caso se trata de una “organización criminal” en la que están implicados varios altos funcionarios.
Por la información de ese celular ya están fuera del Gobierno dos fichas clave del corazón de la administración Petro: Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y de la Agencia Nacional de Inteligencia, y Sandra Ortiz, exalta asesora para las regiones del mandatario.
Aunque al inicio del escándalo muchos señalaban que lo dicho por Sneyder y Olmedo no estaba soportado en pruebas, para la Fiscalía es claro que se trata de hechos de corrupción verificables y que tendrían un enorme impacto en el país judicial y político durante los próximos meses.
“Se sabe que cuando prendió el móvil, este empezó a tener una imagen inestable, de un momento a otro se apagó y cuando se volvió a prender estaba sin aplicaciones descargadas y sin conversaciones, todo se había borrado. Se cree que fue un ataque cibernético. Pero lo que no tenían claro los atacantes es que esta defensa en cabeza del abogado José Moreno con posterioridad había ordenado una copia espejo de los celulares, misma que hicieron expertos peritos forenses certificados en Colombia”, dice un comunicado conocido por EL COLOMBIANO.
Según documentos en poder de este diario, López le dijo a la Fiscalía que en una reunión de noviembre pasado, Carlos Ramón González le ordenó entregarle contratos por 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y 10.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Luego, se acordó entregarles a ambos 4.000 millones de pesos en efectivo en octubre, que habrían sido dados a Sandra Ortiz en el Hotel Tequendama en Bogotá y a Andrés Calle en su apartamento en Montería.
Otros de los nombres revelados en el documento son el del embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien le recomendó por lo menos a tres personas a Olmedo López en mayo de 2023 para que fueran contratadas en la UNGRD, como en efecto sucedió. El nombre más importante de las recomendaciones fue el de Pedro Rodríguez, su exasesor jurídico en la Gobernación de Nariño, que terminó siendo asesor de la oficina del director en la Unidad. El contratista de los carrotanques Luis Eduardo López Rosero le dijo a la Fiscalía que le entregó un soborno de 700 millones de pesos a Rodríguez para poder quedarse con el millonario contrato de 46.800 millones que tenía el fin de llevar agua potable a La Guajira a través de los vehículos. 300 millones fueron entregados en efectivo en Bogotá y los otros 400 a través de una transferencia a la pareja del asesor Rodríguez, recomendado por el embajador.
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Los avances de la Corte
La Corte Suprema inspeccionará oficinas del Congreso en medio del caso de corrupción en la UNGRD. En una nueva fase de la investigación sobre el caso de corrupción, la Corte realizará una inspección en las oficinas de la Secretaría del Senado y la Cámara de Representantes.
La diligencia forma parte de una investigación en curso sobre el caso de corrupción que habría involucrado a varios congresistas mediante el contrato para adquirir 40 carrotanques, utilizados para suministrar agua potable en La Guajira. El magistrado Francisco Farfán, quien lidera la investigación contra los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ha solicitado la revisión sobre la forma en que se tramitaron varias reformas del Ejecutivo. Entre ellas, las reformas de salud, laboral y pensional, así como la adición presupuestal destinada a incrementar los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Aunque la Corte Suprema aún no ha definido la fecha exacta para la inspección, se espera que la diligencia recoja actas de las sesiones en las que se discutieron dichas reformas y la adición presupuestal. Para ello, se realizarán inspecciones tanto en las secretarías como en las presidencias de Senado y Cámara, así como en las secretarías de las comisiones económicas y las comisiones séptimas (control de actas y correspondencia), que fueron claves en la discusión de las reformas mencionadas. La Corte Suprema recibió de la Fiscalía General la compulsa de copias para investigar las actuaciones de nueve legisladores, incluyendo a Name, Calle, así como al representante a la Cámara, Wadith Manzur; investigación que surge a raíz de las imputaciones realizadas por la Fiscalía en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector, Sneyder Pinilla. De acuerdo con la Fiscalía, Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle 1.000 millones de pesos a través del contrato de los carrotanques.
Estos pagos, aparentemente destinados a apoyar las reformas del gobierno de Gustavo Petro, serían la principal razón detrás de la inspección de la Corte. Se busca verificar si existieron transacciones económicas ilegales que habrían influido en la tramitación de las reformas de salud y pensional sin inconvenientes. Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han sido clave en la investigación y ya realizaron importantes confesiones, han señalado que el esquema de corrupción se llevó a cabo a través de la compra de los carrotanques.
La fiscal Andrea Muñoz, quien está a cargo de la imputación, confirmó que estos exdirectivos habrían pagado sobornos por 4.000 millones de pesos a Name y Calle, a través del Departamento Administrativo de Presidencia, bajo la dirección de Carlos Ramón González y con la intermediación de Sandra Ortiz. Como parte de la investigación, el magistrado Farfán también ha ordenado la declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco.
Estos testimonios serán cruciales para esclarecer el alcance del escándalo de corrupción y el papel desempeñado por los distintos actores involucrados. La inspección al Congreso y las declaraciones solicitadas marcan un avance en la investigación, que busca desentrañar la verdad detrás de las acusaciones.
Lo que pase en las próximas será determinante, especialmente con algunos de los nombres que tenían cargos medios. Olmedo ha denunciado que su vida corre peligro por las delaciones sobre el ELN, pero también por una irrupción de hombres armados en el apartamento de su abogado.
