Carlos Ramón González, el sigiloso amigo del presidente Gustavo Petro, se convirtió en el exfuncionario de más alto rango del actual Gobierno acusado de corrupción.
Su nombre aparece en la cúspide de una estructura criminal que saqueó recursos públicos destinados a la atención de emergencias naturales a través de contratos inflados. La Fiscalía anunció que le imputará cargos, abriendo así un nuevo capítulo en el escándalo más grave que ha sacudido al llamado Gobierno del Cambio: el caso UNGRD.
González Merchán, según testigos, dirigió una empresa criminal valiéndose de su cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Abusó de sus funciones y, contrario al deber del funcionario público, encontró la forma de afectar el patrimonio de la Nación al ordenar a sus subalternos cometer acciones ilegales tendientes a controlar, mediante sobornos, “la gobernabilidad del Congreso”.
En su rol como mano derecha de Petro en 2023, González Merchán tenía un objetivo claro: sacar adelante las reformas de salud y pensión y afianzar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para lograrlo, reza el expediente, conformó un “tridente ilegal” junto a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
La organización criminal, como la denominó la Fiscalía, operaba desde el corazón mismo del Gobierno, funcionando en paralelo a la institucionalidad. Detrás de la aparente legalidad de contratos destinados a la compra de carrotanques para abastecer de agua a comunidades necesitadas, o de convenios para atender calamidades derivadas de la sequía y del fenómeno de El Niño, se ocultaba un esquema sistemático de corrupción.
Los contratistas presentaban propuestas con sobrecostos por los servicios prestados. La UNGRD adjudicaba los contratos y, a cambio, los contratistas entregaban coimas. Fue un plan que desangró sin escrúpulos los recursos públicos, y detrás, o incluso al frente, de esa operación estaba Carlos Ramón González. El hombre cuya oficina quedaba justo al lado de la del presidente Petro, cargo al que accedió gracias a la estrecha relación que ambos mantienen desde hace décadas: compartieron militancia en el M-19.
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Carlos Ramón es un veterano político, empresario y estratega, una figura clave en la estructura de poder que hoy se ve gravemente cuestionada. Durante más de 30 años, operó en las sombras, tejiendo estrategias y entregando avales desde el Partido Alianza Verde, que él mismo fundó en 2005 bajo el nombre de Opción Centro. Sin embargo, su llegada al DAPRE en 2023 lo sacó del anonimato y lo puso bajo los reflectores.
Las reuniones clave
Aunque existen múltiples señalamientos, González Merchán deberá responder por dos reuniones específicas realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño, cuando era director del DAPRE.
La primera fue en septiembre de 2023. En ese encuentro, el exfuncionario le habría encomendado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, una misión concreta: conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Sin embargo, López advirtió que no era viable lograrlo en tan poco tiempo. Ante la dificultad, la instrucción cambió: se habría ordenado entonces entregarles dinero en efectivo, por un total de 4.000 millones de pesos.
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La segunda reunión fue el 27 de noviembre de 2023. Según la Fiscalía, la convocó el propio González Merchán y fue descrita por Olmedo López como “el cónclave”. En ese encuentro, González habría consolidado su papel como el cerebro de la estrategia ilegal: decidía quiénes debían reunirse y qué temas se debían tratar. Al menos así lo indican las investigaciones en una de las líneas de corrupción.
Otros líderes de alto perfil señalados en el expediente son los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.
Durante esa reunión, González instruyó a la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, para que presentara a Olmedo López con el presidente del Senado, Iván Name. Siguiendo esa orden, Ortiz organizó un desayuno el 25 de septiembre en la habitación 2312 del Hotel Tequendama, donde residía. Allí se concretó la presentación entre López y Name, con el propósito de discutir contratos y favores a cambio de respaldo político.
Así lo reveló la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos contra Sandra Ortiz, hoy privada de la libertad y en conversaciones para llegar a un posible acuerdo con la justicia.
“Carlos Ramón González le indicó a usted (Sandra Ortiz) presentar a Name con Olmedo, para lo cual debía encargarse de organizar un desayuno para el día 25 de septiembre (...) siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Name Vázquez con Olmedo de Jesús López”.
Para la Fiscalía, es una prioridad desenredar el papel de González Merchán en esta red de corrupción. Por eso, solicitó autorización judicial para rastrear su información financiera, líneas de celular, registros migratorios, y otros elementos clave.
Mientras tanto, el exfuncionario permanece fuera del país desde hace varias semanas. La Fiscalía se prepara para llevarlo ante un juez e imputarle los delitos de peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos. Se trata del segundo aliado del actual Gobierno señalado por el delito de lavado de activos; antes que él, ya había sido imputada Sandra Ortiz. En su momento, la exconsejera aseguró que la acusación se debía a su condición de mujer.
“Altos funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, entre ellos el señor González Merchán, acordaron gestionar directamente, de manera ilícita, dinero para entregarle al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes de entonces, como estrategia para superar problemas que estaban teniendo con el Legislativo (sic)”, reveló la Fiscalía.
En su contra, hay pruebas que, según el ente acusador, demostrarían que su conducta “tiene características de delito”. Entre las evidencias figuran registros de llamadas, mensajes de texto y voz, productos financieros a su nombre, transacciones en efectivo, movimientos migratorios y registros de seguridad de la Casa de Nariño.
Uno de los testimonios clave es el de su antigua aliada política, Sandra Ortiz. Fue el propio Carlos Ramón quien, años atrás, le otorgó el aval de su partido, lo que evidencia el nivel de confianza e influencia que ejercía sobre ella para asignarle tareas, presuntamente ilegales.
Una pregunta sigue rondando este escándalo: ¿hasta qué punto estaba enterado el presidente Gustavo Petro de lo que ocurría en la oficina de al lado?
