Indígenas desplazados llevan 143 días en el Parque Nacional de Bogotá

Familias no vuelven a territorios por miedo a grupos armados. Alcaldía pide investigar a líderes.

En el Parque Nacional hay más de 1.350 indígenas que se establecieron allí hace casi cinco meses. FOTO Colprensa

Han pasado 143 días desde que decenas de familias indígenas de la comunidad emberá llegaron al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, uno de los lugares más emblemáticos del centro de Bogotá. Hoy son más de 1.350 personas, entre las cuales hay 650 niños, quienes se niegan a abandonar el lugar. La Alcaldía de la ciudad y el Gobierno Nacional no han llegado a un acuerdo con ellos para reubicarlos.

Incluso, la Secretaría de Gobierno de la capital radicó una denuncia en la que advierte que un grupo de personas estaría “suplantando” a autoridades indígenas para negociar “derechos” a título personal.

El Parque Nacional, que está cerca de los cerros orientales de Bogotá y colinda con universidades, entidades financieras y empresas, se convirtió en el hogar de comunidades indígenas. La mayoría ha sido víctima de desplazamiento forzado por la violencia que se presenta en los departamentos del Chocó, Risaralda y Cauca.

Volver a sus tierras les provoca miedo, porque, según cuentan, han recibido amenazas de muerte por parte de grupos armados. Muchos de ellos vienen de territorios que son estratégicos para la minería ilegal y las rutas del narcotráfico.

Ahora, en lugar de actividades deportivas y culturales, el paisaje del parque se convirtió en escenario de una situación insostenible. Hay niños desnudos, mal alimentados y con frío, que caminan al lado de sus madres, por lo general jóvenes, que cocinan en leña los pocos insumos que tienen a la mano para alimentarlos.

Sus viviendas se reducen a un plástico negro, un campamento improvisado encima de la tierra. En espacios de menos de tres metros terminan durmiendo hasta 15 adultos acompañados de sus hijos.

Como no tienen resguardo suficiente para las lluvias, que han arreciado en las últimas semanas, algunos de ellos comenzaron a presentar neumonía y otras enfermedades respiratorias que no tienen la atención sanitaria adecuada. En el parque solo hay un par de baños públicos para cientos de personas, que deben turnarse y a veces esperar largos períodos para entrar.

Muchos de los indígenas, en su mayoría de las comunidades emberá katío y emberá chamí, que están asentados en el parque aseguran que pese a todo prefieren estar en Bogotá que regresar a su tierra. “Yo no quiero volver. Aquí no estamos bien, pasamos muchas necesidades, pero ojalá nos reubiquen pronto”, asegura Omaira, miembro de la comunidad, quien relata en un español intrincado que la muerte la está esperando en el Chocó.

“A los 16 años me fui a la guerrilla. Estuve ahí siete años y me cansé de andar en el monte, entonces me escapé. Llegué hasta acá, a Bogotá, para pasar el peligro y luego volví a mi tierra. Estando en mi casa, con mi familia, llegó un eleno (miembro del ELN) y me dijo: ‘usted va a morir’, y me mostró un arma. ‘Usted se devuelve o usted va a morir’, me dijo”, contó Omaira.

Negociaciones infructuosas

A lo largo de estos casi cinco meses la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional han realizado reuniones interminables que no han resuelto la problemática.

Los indígenas reiteran que no tienen las garantías para volver. De hecho, recientemente les llegó la noticia del asesinato de uno de sus líderes. Luis Chamapuro Quiro, del pueblo Wounaan, quien fue asesinado por integrantes del ELN, que lo habían secuestrado el jueves, 3 de febrero.

“Esto nos inunda de dolor. Por no pagar una extorsión de 500.000 pesos lo asesinaron... A él y a otros miembros de nuestras comunidades los están acusando de ser informantes del Gobierno en el San Juan ¿cómo pretenden que nos devolvamos así? No hay garantías, nos espera la muerte si volvemos”, dijo Jairo Montañez, uno de los líderes que permanecen en el parque.

Por su parte, el Distrito y el Gobierno han pedido a las comunidades del Parque Nacional que se dejen identificar para reubicarlos y que vuelvan a sus territorios. Sin embargo, sus intentos han sido inútiles e incluso han terminado.

En la mañana del 3 de febrero más de 200 funcionarios de la Alcaldía y del Gobierno Nacional se instalaron en el parque para entablar diálogos con las comunidades. En la tarde, cuando intentaron acercarse para realizar el proceso de caracterización, dijeron que fueron atacados con palos.

Los líderes de las comunidades han señalado que esperan que la caracterización se dé en el marco de una tutela que avanza en la justicia. Allí le pidieron al Gobierno seguridad, educación, vivienda y que las negociaciones se realicen con un enfoque diferencial y traductores propios que le expliquen a la comunidad de manera efectiva los acuerdos.

La denuncia de la Alcaldía

EL COLOMBIANO conoció una denuncia que radicó la Secretaría de Gobierno del Distrito, en la cual le pide a la Fiscalía investigar la posible “suplantación” de autoridades indígenas.

Según señala esa entidad, algunas personas que se denominan parte de un colectivo llamado Autoridades Indígenas de Bacatá (AIB) están oficiando como voceras de las comunidades que se encuentran en el Parque Nacional.

Pero la Secretaría de Gobierno le dijo a la Fiscalía que las AIB no han logrado “legitimar” su ejercicio como autoridad, pues no han dado soportes sobre las familias a las cuales representan.

De hecho, consultaron con el Ministerio del Interior si las AIB se encontraban inscritas como autoridades indígenas, pero no aparecían en los registros de esa cartera ministerial. Lo mismo pasó con unas 19 personas que harían parte de las AIB y que tampoco estaban registradas en ninguna comunidad indígena documentada por el Ministerio del Interior.

Dicho esto, esa entidad del Distrito decidió “poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación este hecho irregular que, podría entenderse como una posible ‘suplantación’ de calidad de autoridad indígena de quienes no tienen legalmente dicha condición ni pertenencia étnica alguna”.

La Secretaría de Gobierno, además, señaló a las AIB de pedir la “reivindicación de derechos de carácter personal” por medio de “contratos de prestación de servicios”. Según señalaron, para llegar a un acuerdo las AIB les exigieron invertir unos $218 millones de pesos, $114 millones en contratos para 12 personas entre abogados, traductores, psicólogos, técnicos y antropólogos; y otros $104 millones destinados a ollas comunitarias.

Voceros de las AIB, por su parte, han señalado que la Alcaldía de Bogotá no ha cumplido con lo que se ha pactado a la hora de hacer la caracterización de las comunidades, un proceso que hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Además, en declaraciones a medios de comunicación, han advertido que sí son una autoridad indígena legítima.

Recientemente, en entrevista con el diario El Tiempo, Jairo Montañez señaló que el Ministerio del Interior no da avales de quiénes son autoridades indígenas y que la legitimidad para ser voceros se las confirieron los propios pueblos indígenas que están en el Parque Nacional.

Aunque en otros sectores de la ciudad, como el parque La Florida, se ha avanzado más en las negociaciones y se ha logrado identificar a la población indígena, en el Parque Nacional hay un permanente desacuerdo entre las autoridades y las comunidades que no ha permitido que avance el diálogo. En todo caso, desde la Personería de Bogotá han pedido que la solución se consiga por medio de consensos y nunca por vía de la confrontación.