“Quiérele siempre porque no hay nada que curar”, ese es el nombre del proyecto de ley que fue presentado no una ni dos veces, sino tres, a la Cámara de Representantes. Su autora, Carolina Giraldo, nunca dejó de intentarlo porque el fin del mismo es claro y necesario: busca prohibir en Colombia las prácticas de cambio de orientación sexual, identidad o expresión de género, prácticas que son mal llamadas “terapias de conversión”. Esta vez, por unanimidad, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dio luz verde para continuar con el trámite legislativo.
Las prácticas de conversión no tienen sustento científico, y los relatos de quienes pasaron por una son aterradores. Según las Naciones Unidas, los testimonios incluyen torturas con choques eléctricos, terapias hormonales forzosas, ‘exorcismos’ en los que permanecían horas de pie sin agua o comida, violaciones, golpizas y horas con psicólogos que los querían convencer de que estaban equivocados y confundidos con respecto a quiénes eran, qué y quién les gustaba.
La misma organización define las prácticas de conversión como “una forma de engaño, publicidad falsa y fraude”. Mientras tanto, el proyecto de ley presentado por Giraldo data que 1 de cada 6 personas de la comunidad LGBTIQ+ ha sido víctima de aquellas prácticas.
Y aunque las cifras muestran que esa es la población más afectada, la iniciativa no está pensada exclusivamente para la protección de la población LGBTIQ+, sino para todos los ciudadanos. Según Giraldo, el proyecto “busca que a nadie se le trate de imponer determinada identidad o se le obligue a reprimir quién es”, y horas más tarde, por medio de sus redes sociales, añadió ”avanza este proyecto para que nunca más a nadie le obliguen, a través de tratos crueles e inhumanos, a cambiar su orientación sexual o identidad de género”.
La proposición de archivo fue hecha por parte del representante Jose Jaime Uscátegui del Centro Democrático, quien argumentó que el proyecto era “desproporcionado y restrictivo contra la libertad de culto y el ejercicio profesional” pues se empezaría a perseguir a quienes “se oponen a la ideología de género”.
Uscátegui aseguró que de ser aprobado el proyecto, ahora “regalar una Biblia donde se rechaza y reprocha la homosexualidad” sería motivo para ir a la cárcel. El argumento fue rechazado por el congresista del Partido Liberal, Alvaro Rueda, quien aseguró que dicho argumento es falaz, pues en el mismo proyecto de ley establece que la “invitación a reflexionar sobre la orientación sexual, identidad y expresión de género no constituye una práctica de conversión”.
El punto más debatido
La mayor atención está sobre la propuesta de crear un delito autónomo: el proyecto pretende añadir al Código Penal un capítulo sobre “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”. Allí se establecería el delito por promocionar o realizar prácticas de conversión a otra persona, mediante “el empleo de fármacos u otros métodos físicos o psicológicos” y las penas oscilarían entre dos y seis años de cárcel.
El mayor cuestionamiento sobre la propuesta es que el proyecto de ley señala que, aunque una persona diera su “consentimiento” o “voluntariamente” se sometiera a una práctica de conversión, quienes la practiquen podrían ser penalizados. Por lo que algunos congresistas (que incluso apoyan la iniciativa) se preguntan si en ese sentido las penas de cárcel son las adecuadas.
El proyecto deberá superar tres debates más: uno en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos en el Senado. La última vez que llegó al Senado se hundió debido a que no hubo quorum para debatirlo. Sin embargo, la ponente se mantiene optimista: “dimos un paso más para proteger a quienes han sido obligados a cambiar lo que son”, aseguró Giraldo.
