Los retrasos del plan de reconstrucción y el paso de los meses obligaron a los habitantes de Providencia y Santa Catalina a modificar sus solicitudes para salvaguardar sus vidas.
A inicios de marzo, cerca de cumplirse los 100 días que trazó el Gobierno en diciembre de 2020 para reconstruir el archipiélago tras el paso del huracán Iota el 16 de noviembre, y en vista de los problemas logísticos que asomaban, los isleños pidieron a la gerencia de la reconstrucción, en cabeza de Susana Correa, que conforme fueran edificando casas nuevas construyeran en estas algún espacio que otorgara refugio a quienes no alcanzaran a tener techo una vez comenzara la nueva temporada de huracanes, según recuerda Arelys Fonseca, raizal y gestora social de Asomujer.
Transcurrido dicho plazo, comenzando abril, en reunión sostenida en Santa Catalina con las entidades del Gobierno, cuenta Amparo Pontón, habitante de la isla y una de las voceras más escuchadas fuera del archipiélago, intentaron coordinar la posibilidad de que las familias que aún permanecían en carpas pudieran tener un subsidio de arriendo mientras se adelantaba la construcción de las viviendas.
A mediados del mismo mes, después de que el Ideam anunciara el comienzo de la temporada de huracanes para el 1 de junio y advirtiera que “podría estar por encima de lo normal”, Josefina Huffington, presidenta de la veeduría cívica Old Providence, solicitó diseñar un plan conjunto entre autoridades y comunidad para construir al menos un refugio antihuracanes o recibir apoyo para la adecuación de las iglesias, que resguardaron a buena parte de la comunidad durante el paso de Iota.
Nada de eso ha ocurrido hasta ahora, según cuentan. 800 de las 2.347 familias censadas siguen viviendo en carpas (otro porcentaje sin estimar lo hace en albergues improvisad0s).
De las 1.134 casas nuevas que el Gobierno se comprometió a levantar, solo hay dos en pie, aún sin entregar. En marzo, la presidenta de Findeter, Sandra Gómez, dijo que en mayo estarían entregadas 80 de estas. En cuanto a las 877 viviendas que requerían intervención (techos y fachadas), hay 630 listas.
Las respuestas
El pasado miércoles, en la Cámara de Representantes, donde fueron citados todos los responsables del Gobierno en el plan de reconstrucción del archipiélago, Sandra Gómez aseguró que en junio Findeter entregará 72 nuevas viviendas.
El representante a la Cámara Jorge Méndez solicitó respuesta de Fontur respecto al hecho de que las posadas nativas no hayan sido reconstruidas y, en general, no exista una hoja de ruta oficial de reactivación turística, a pesar de que desde los primeros anuncios el Gobierno manifestó que hacían parte de las prioridades para restablecer rápidamente el turismo, principal fuente de empleo de las islas. No hubo respuesta de la entidad a dicho interrogante, pues nadie que la representara asistió a la citación, debido a la renuncia el 31 de mayo pasado de Raquel Garavito, hasta entones presidenta de Fontur.
Otro de los reclamos prioritarios de la comunidad desde hace seis meses y medio tuvo la primera respuesta concreta el pasado viernes, con el anuncio del ministerio de Salud de la puesta en marcha del proceso de reconstrucción del hospital de Providencia, con un costo de $8.889.364.395, provenientes del sector privado e inversión estatal a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
Será una edificación de 902 metros cuadrados “con los servicios de urgencias, atención de partos, cirugía ambulatoria, consulta externa, esterilización, toma de muestras para laboratorio, laboratorio clínico, imagenología y el ambiente para la cámara hiperbárica, que es tan necesaria para la ESE”, informó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Respecto al nuevo hospital de segundo nivel que había anunciado el presidente Iván Duque en noviembre de 2020, Ruiz dijo que ya fueron entregados los diseños por parte de la Universidad Nacional de Colombia a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La obra tendrá un área de 4.500 m2 y una inversión de $50.000 millones.
En cuanto a medidas de prevención, el contralmirante de la Armada, Hernando Enrique Mattos Dager, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, informó en el Congreso que adelantan la instalación de unas “zonas seguras” en las islas ante las fuertes lluvias que llegaron en los últimos días. Sin embargo, el oficial advirtió que para tener capacidad de respuesta ante futuros huracanes es necesario contar con “un buque logístico que permita efectuar los transportes en forma oportuna y suficiente para llegar a las islas o cualquier país amigo del Caribe colombiano”.
Otra tarea adelantada en materia de gestión y prevención fue la publicación del Protocolo de Alerta de Ciclones, documento creado para enfrentar los posibles estragos del huracán Mathew, de categoría 5, que en octubre de 2016 pasó cerca de La Guajira. Según explicó en diálogo con EL COLOMBIANO el pasado 29 de abril Sergio Euscátegui, asesor de la Ungrd en la elaboración del Protocolo –en el que también intervinieron el Ideam, la Aerocivil y la Dimar– el impacto de Eta y luego Iota (que golpearon al archipiélago el 3 y 17 de noviembre, respectivamente) obligó a actualizar varios componentes de este plan, como la estrategia de difusión de información y la coordinación de responsabilidades entre entidades.
El Protocolo, amplió Euscátegui, renueva información técnica para procedimientos como instalación de refugios y puntos seguros en zonas donde la evacuación terrestre no sea posible.
Ambiente enrarecido
Frente a estos nuevos anuncios, Edgar Jay Stephens, vocero de la Cooperativa de Pescadores de Providencia y Santa Catalina, dice que los isleños están escépticos.
“Los seis meses de incumplimientos y los malos tratos han deteriorado mucho la relación entre nosotros y las autoridades de la Colombia continental. Además de que la reconstrucción no avanza vemos un ambiente enrarecido alrededor de las islas. Decisiones y situaciones que nos tienen muy preocupados”, dice.
Una de esas situaciones puntuales tiene que ver con un muelle flotante que construyó la Armada en Black Sand Bay, un proyecto que la institución había intentado realizar sin éxito desde hace 28 años. En 2015, mediante consulta previa, la comunidad se había negado al levantamiento de dicho muelle.
Este, que es uno de los malestares mayores, se suma, conforme asegura Arelys Fonseca, a “decenas de problemas de seguridad y convivencia ocurridos en Providencia y Santa Catalina por parte del personal foráneo que ha llegado para las labores de construcción”. La lideresa afirma que el sentimiento generalizado de la población ante el curso que han tomado las islas en los últimos meses es de “desamparo e incertidumbre”.
El pasado viernes se anunció públicamente la conformación de la Guardia Raizal, “en defensa de la comunidad, los recursos naturales y contra los abusos sistemáticos de las entidades que han llegado desde del continente durante estos meses”, asevera Jay Stephens.
Y en medio de este panorama, la temporada de huracanes sigue su curso. El 22 de mayo, 10 días antes del inicio oficial de dicho periodo climático que va hasta el 30 de noviembre, se conformó la tormenta subtropical Ana.
Según el Ideam, para esta temporada se esperan entre 13 y 20 tormentas tropicales. De 6 a 10 huracanes, de los cuales la mitad podrían alcanzar las categorías 3 y 5, las más devastadoras, capaces de arrasar territorios enteros
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de 67 compromisos siguen sin completarse, reconoció el Gobierno.
