La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra Beatriz Gómez Consuegra (esposa del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo) por presuntas presiones ejercidas desde su cargo como superintendente delegada en la Superintendencia Nacional de Salud para que se firmara un millonario contrato en el Hospital San Rafael de Leticia.
En contexto: Denuncian que esposa del minSalud habría ejercido presión en millonario contrato.
“Se ha ordenado iniciar unas indagaciones preliminares desde el día jueves de la semana pasada que tuvimos la primera noticia. Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios, y se tomara la decisión que haya que tomar”, confirmó el procurador Gregorio Eljach.
La denuncia se conoció a través de una columna del periodista Daniel Coronell en la Revista Cambio. En ella se revelaron audios en los que presuntamente Gómez habría exigido la firma inmediata del contrato, a pesar de las advertencias sobre los riesgos legales y financieros del proyecto.
Uno de los fragmentos del audio divulgado registra la siguiente frase: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”, atribuida a Gómez durante una conversación telefónica con Lina Baracaldo, entonces agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad.
El contrato en cuestión, por más de $73.000 millones de pesos, busca la construcción y operación de un buque hospital para atender a comunidades del Amazonas. Inicialmente, el proyecto fue estimado en $55.000 millones, pero la empresa Cotecmar ajustó el valor por el aumento en el precio del acero y otros costos logísticos.
Baracaldo fue retirada del cargo el 1 de abril por orden del superintendente nacional de Salud. Posteriormente, denunció haber recibido llamadas intimidantes tras negarse a firmar el contrato sin las garantías financieras necesarias. “Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, declaró.
La exinterventora explicó que, aunque no dependía jerárquicamente de Beatriz Gómez, recibió múltiples comunicaciones exigiendo que la firma se realizara antes del 31 de marzo. También advirtió que el hospital intervenido atraviesa una situación financiera delicada, lo que requería una evaluación detallada de compromisos presupuestales de esa magnitud. El proyecto no cuenta con el respaldo formal de la Gobernación del Amazonas ni con la aprobación de vigencias futuras. Además, organizaciones indígenas interpusieron una tutela por la falta de consulta previa.
Durante la conversación con Gómez, también registrada en audio, los funcionarios expresaron que no era viable firmar el contrato por falta de soporte jurídico y técnico. Ante esto, la funcionaria respondió con exigencias y descalificaciones. “Todos los días es una dilación más”, se escucha en otro de los apartes del audio divulgado. “¡Me hacen el favor y me respetan! Yo soy la superintendente”.
En comunicación telefónica con Coronell, Beatriz Gómez negó ser la persona que aparece en los audios y rechazó haber amenazado a los funcionarios. Hasta ahora, no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación disciplinaria ni sobre las denuncias de Baracaldo.
Sobre estas denuncias, este lunes la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que Gómez incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima por su actuación sobre el señalado contrato. La congresista reveló un documento que muestra que la superintendente delegada presentó un impedimento, el 14 de marzo de 2024, que aplica para las E.S.E (empresa social del Estado) Hospital San Rafael de Leticia para “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social”.
En su cuenta de X (antiguo Twitter), la representante expuso que esta información la obtuvieron después de enviar varios derechos de petición al ministerio, entre abril y agosto de 2024, indagando por posibles conflictos de interés de Gómez Consuegra al tener relación en primer grado de afinidad con el ministro.
La Procuraduría continúa con la etapa preliminar de recolección de elementos probatorios. Si se determina mérito, el proceso podrá avanzar hacia una investigación formal, con la posibilidad de sanciones disciplinarias según los resultados.
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