Tras la orden de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 370 del 28 de febrero de 2025 con la cual se establece la creación de una mesa de trabajo con el propósito de revisar los recursos que el Estado le da a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención en salud de sus afiliados —que es la unidad de pago por capitación, conocida como UPC— de 2024, 2025 y de los años siguientes, así como de los valores fijados para 2021, 2022 y 2023.
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Hay que recordar que lo anterior hace parte de lo establecido por el alto tribunal en el Auto 007 de 2025, expedido el pasado 23 de enero, sobre el cual el ministerio intentó hacerle el quite en dos oportunidades: cuando solicitó claridades sobre las órdenes que dio y cuando pidió la nulidad del auto por considerar que solo se basó “en las afirmaciones de las diferentes EPS y sus agremiaciones”.
Según informó la cartera de salud nacional, la mesa de trabajo servirá como un espacio de análisis y contraste de información que le permitirá contar con insumos técnicos para la determinación de la suficiencia de la UPC: un tema que ha sido fuente de debate entre el Gobierno y EPS, gremios de salud y expertos.
En ese espacio estarán el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud; así mismo, harán presencia las aseguradoras y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y las agremiaciones que las reúnen, organizaciones de pacientes y el sector académico, quienes tendrán que designar sus representantes, según lo establecido en la resolución.
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“Se espera que los insumos generados por la mesa contribuyan a la toma de decisiones informadas que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema y la prestación adecuada de los servicios de salud para la población colombiana”, afirmó el Minsalud en un comunicado de prensa.
Segunda orden que acata el Ministerio de Salud
Con la expedición de esta resolución, el ministerio a cargo de Guillermo Jaramillo empezó a cumplir lo que la Corte Constitucional estableció en dos autos —el 007 de 2025 y el 089 de 2025— que se referían a la UPC, sobre la que dijo que su incremento para 2024 fue insuficiente para cubrir la demanda de atención en salud que tuvieron las aseguradoras en ese año, que se debe reformar la metodología que se usa para calcularla en los próximos años (incluido 2025) y estudiar el desfase existente en el valor de la esos recursos a partir de 2021.
De igual manera, se refirió a los presupuestos máximos, que son los recursos para pagar las atenciones, tecnologías y medicamentos de personas con enfermedades raras o huérfanas, de alto costo y crónicas. Al respecto, la alta corte dijo que debían pagar los $819.000 millones de deudas de 2022 y lo de los periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, así como reconocer los correspondientes a los periodos de noviembre y diciembre de 2024.
Esa orden empezó a cumplirla el pasado 21 de febrero cuando la Adres anunció el pago de $200.000 millones de la deuda de 2022 y que lo restante se giraría en cuotas mensuales, es decir, en marzo, abril y mayo.
La solicitud de nulidad del auto sobre UPC
El Minsalud pidió la nulidad del Auto 007 argumentando que esa decisión de la Corte no tiene sustento técnico y desconoce la presunción de legalidad de los actos que regulan el cálculo de esa prima de salud. Incluso, hasta recusó al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien fue el ponente de las dos órdenes judiciales.
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De igual manera, expresó que la revisión de la UPC es una tarea que es competencia exclusiva de esa entidad y del Consejo de Estado, si hay controversias. Incluso, calificó que esa postura es “una valoración caprichosa y arbitraria” de las pruebas que presentaron para ese estudio.
En ese sentido, el MinSalud expresó que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (que hace seguimiento al cumplimiento del derecho a la salud en Colombia) declaró la insuficiencia de la UPC de 2024 basándose “únicamente en las afirmaciones de las diferentes entidad promotoras de salud (EPS) y sus agremiaciones (como Acemi o Gestarsalud), sin contar con un estudio técnico imparcial que respaldara tal determinación”.
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