Los partidos Liberal, Conservador y La U –claves en la coalición del Gobierno de Gustavo Petro– establecieron en un borrador de 20 puntos las exigencias que le hacen al Presidente para respaldar su polémica reforma a la salud. Y la clave está en el salvavidas que le lanzan a las entidades promotoras de salud (EPS) para que la iniciativa de Carolina Corcho no las ‘mate’.
Este rescate político –tal y como lo anticipó EL COLOMBIANO– consiste en mantenerles la mayoría de funciones que actualmente tienen, pues lo que buscan las tres bancadas mayoritarias del Capitolio es que continúen con el aseguramiento de los pacientes, la posibilidad de ser mixtas, públicas o privadas, que mantengan a sus afiliados actuales, que haya libertad para elegir a cuál afiliarse y hasta les cambiarían el nombre. Proponen bautizarlas como EGVIS: Entidades Gestoras de Salud y Vida.
“No estamos de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”, se lee en un el postulado que firmaron Dilian Francisca Toro (La U), César Gaviria (Liberal) y Efraín Cepeda (Conservador).
Esto va en evidente contradicción a lo radicado por la ministra Corcho, que las relegaba a ser responsables de Centros de Atención Primaria en Salud, manejar los sistemas de referencia de las personas vinculadas a sus centros de atención y ejecutar las auditorías que requiera el sistema. Esto era, en plata blanca, acabarlas.
Pero en la propuesta de los partidos, que realizaron al menos 3 reuniones para ultimar los detalles de su propuesta –la cual aún está pendiente de ser entregada al Presidente–, se mantiene uno de los cambios que se estipularon en el proyecto: eliminar –con matices– la intermediación financiera de aseguradoras.
“El sistema de salud se ejecutará mediante las EGVIS, las cuales gestionarán de manera integral los riesgos en salud, y administrarán los riesgos financieros de manera compartida con el Estado”, se lee en el documento.
Así mismo, estas EGVIS conservarían sus afiliados priorizando una atención “altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el usuario y el lugar donde reside y trabaja”. Y aquí es donde entra el derecho de libre elección de la entidad gestora que se prefiera.
“Existirán incentivos relacionados con los resultados en salud, satisfacción de usuarios, gestión financiera y la calidad de la atención”, agregaron. Además, piden establecer un referente arifario –con piso y techo– de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de la cual el 5% debe ir a las EGVIS.
En algo que concuerdan con la propuesta de Corcho, también con bemoles, es que le dan vía libre al sistema de información unificado “interoperable y obligatorio”, con el fin de que haya un manejo transparente en la administración de recursos. Incluso, piden que se paguen las deudas de las EPS para que estas, a su vez, le den viabilidad financiera a las IPS y a los hospitales públicos. Estos lineamientos, que para estos partidos “corregirán” los puntos más álgidos de la reforma del Gobierno y envían un mensaje de tranquilidad a los gremios de las EPS–, no sería una solución definitiva para los problemas de fondo del sistema de salud. Así lo reconocen ellos mismos.
Es decir, aunque el modelo de aseguramiento en salud gire en torno a estas entidades, no son el único actor del que depende el buen funcionamiento y la oportuna atención en salud a los usuarios.
Como lo dice el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, esta tarea de las aseguradoras ha funcionado para mantener el control del gasto y que este no se dispare. “La responsabilidad de hacer control del gasto no es tan fácil de hacer y las EPS tienen un rol destacado en controlarlo. No todos los dolores de cabeza del sistema son culpa de esta figura”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el exgerente de Savia Salud Luis Gonzalo Morales reaccionó a las propuestas de los partidos y aseguró que es “un tratado de retórica con muy pocas cosas que no se hayan propuesto”. Dijo que no es adecuado prohibir la integración vertical de un asegurador prestador, y en cambio, deberían “hacer obligatorio que EPS creen infraestructura donde no existe”.
Para mejor entendimiento, actualmente la plata de la salud le llega a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y esta le gira anualmente plata a las EPS para que garanticen la atención a sus afiliados. Luego, estas le pagan a las instituciones prestadoras (IPS) que atienden a los usuarios, quienes les pasan las cuentas de cobro por los servicios que se le dio al paciente.
Costos y recursos de la reforma
En medio de la competencia por presentar reformas y los diálogos con los partidos en el Congreso para avanzar en el debate de la reforma, la Adres presentó este martes la proyección de recursos que necesitaría el sistema de salud –como lo plantea la ministra Corcho y el presidente Petro– en su primer año de funcionamiento, así como en la década venidera.
Números más, números menos: el modelo requeriría $89,1 billones para 2024, que se discriminarían así: $18 billones para la atención primaria, $65 billones para servicios ambulatorios, $1,1 billones para el fortalecimiento de la red pública, $1,5 billones para la infraestructura de los centros de atención, entre otros.
Esta suma aumentaría año tras año hasta llegar, en 2033, los $118,8 billones de la siguiente manera: $93,7 billones en 2025, $99,3 billones en 2026, $102,374 en 2027, $104,9 billones en 2028 y así sucesivamente. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda calculó que la reforma tendría un costo fiscal de $9 billones en 2024 y $12,7 billones en 2033.
Ante esto, la pregunta más obvia que salta a la vista es de dónde saldrá esa plata. El director de la Adres, Félix León, explicó que de “las cotizaciones, los aportes del presupuesto nacional y el sistema general de participaciones, que son los recursos para salud” y agregó que estos recursos crecen porque crece el presupuesto nacional, los impuestos, los aportes, el trabajo y el aporte de los trabajadores”.
En ese sentido, Hacienda proyectó que estas fuentes de ingresos subirán con énfasis en las cotizaciones al sistema y aportes de la nación (presupuesto general). Sin embargo, el investigador García expresó que “el gobierno hace un cálculo muy optimista de las cotizaciones cuando han mantenido una proporción a la baja”, que pasó de financiar el 52 % del sistema en 2010 al 40 % en 2020, según un estudio de la Universidad de Antioquia.
Sin ir más lejos, la idea de reformar el sistema de salud debe acaparar aspectos de fondo para mejorar la calidad de atención, como la cantidad de médicas que hay, aspecto en el que Colombia tiene 23 por cada 10 mil habitantes, mientras el promedio de la OCDE es de 36. Así como la de preguntarse si la proyección de darle una carga a las cotizaciones de trabajadores para proveer los recursos que necesitaría el posible modelo es viable con una población que está envejeciendo demográficamente, según el último censo del DANE.
Alerta por desabastecimiento de medicamentos en el país: ¿qué responde el Ministerio de salud?
El gremio de las EPS del régimen contributivo, ACEMI, advirtió que medicamentos como el Acetaminofén y el Ibuprofeno estaban escasos en el país. Por eso, varias aseguradoras que tienen a su cargo la gestión del riesgo de cerca de 34 millones de personas, reportaron a finales de este febrero novedades de abastecimiento en 1.242 principios activos, es decir, los componentes de medicamentos.
Por ello, las alarmas por un posible desabastecimiento se encendieron ante la preocupación por los pacientes con hipertensión arterial, transtornos mentales y VIH que podrían quedarse sin sus medicinas. Según los registros de Acemi, esta situación fue advertida desde mediados del 2022 y prevé que pueda empeorar. Como consecuencia, dicen, los problemas de abastecimiento permanecen en al menos la mitad de productos y la situación solo ha sido controlada en el 15 % de los casos.
En ese sentido, el INVIMA advirtió sobre 50 medicamentos escasos o en riesgo de escasez y 15 referencias completamente desabastecidas.
Ante esto, el Ministerio de Salud aseguró que “no todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar”. Y además explicó que “el nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS”, distinto a la mayoría de las IPS y EPS del sector, en donde “se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”.
La cartera de salud dijo que aún no se puede afirmar que hay una escasez porque algunos gremios están pendientes de enviar sus reportes. Por tanto, dicen requerir la información completa para evaluar la situación de los medicamentos en el país.
