El ministro de Salud, Fernando Ruiz, tendrá que ir al Congreso para un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. ¿La razón? Quieren que rinda explicaciones por la implementación de la Ley de Comida Chatarra, que según la oposición no ha sido puesta en práctica por el Gobierno Nacional.
Mauricio Toro, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, le dijo a este diario que la fecha del debate de control político se definirá el próximo martes 26 de abril. En otras palabras, lo más probable es que quede agendado para dentro de dos semanas.
La polémica se centra, sobre todo, en el etiquetado de alimentos altos en azúcar, en sodio y grasas trans y saturadas que había cambiado con la expedición de la ley, sancionada en agosto del año pasado.
Normalmente, las resoluciones las expide el Gobierno para implementar las leyes que expide el Congreso. Pero en el caso de la denominada comida chatarra, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 810 antes de que el Legislativo aprobara la ley sobre el etiquetado.
“La idea es que el ministro de Salud le explique al país por qué después de casi 9 meses de expedida la ley, no la ha querido reglamentar. No han adelantado los estudios necesarios para determinar cuál es el mejor etiquetado, como ordena la ley”, aseguró Toro.
Efectivamente, la Ley detalla que el Gobierno debe implementar un etiquetado que contemple la evidencia científica disponible. La Resolución 810 se refiere a un etiquetado circular, pero la oposición dice que el etiquetado debe ser octogonal, pues hay varios estudios que demuestran que esa es la mejor forma de que los consumidores se den cuenta qué ingredientes tienen los alimentos que pueden ser nocivos para su salud a largo plazo.
“La Resolución 810 no es reglamentaria de la ley, es previa a la ley. Y tiene un rango inferior, lo cual es completamente inconstitucional“, aseguró Toro, quien además dijo que el Ministerio de Salud ya ha estado socializando y pidiéndoles a las empresas que reglamenten el etiquetado de esa norma.
“Lo más grave de todo es que el viceministro de Salud, Germán Escobar, acepta que es posible que luego de que se reglamente en la ley, lo que salga en la reglamentación sea contrario a la resolución 810”, señaló el representante a la Cámara.
Según Toro, se trata de un riesgo para la industria, pues tendría que cambiar su etiquetado dos veces, lo cual le acarrearía grandes costos.
