Contra la vida de Damaris Orrego atentaron en Donmatías (Antioquia) hace dos años y tres meses. Estuvo en la clínica durante 17 días y desde entonces ha tenido que vivir con una esquirla de bala en su brazo izquierdo.
Ahora debe enfrentar otra cara de la tragedia: el sistema de salud. Por eso, tal como lo hicieron el año pasado 207.734 ciudadanos, según la Defensoría del Pueblo, tendrá que presentar una acción de tutela para defender su derecho a la salud.
Damarias cuenta que ha estado en terapias, pero que eso no ha sido suficiente. Le contó a EL COLOMBIANO que desde hace tres meses el dolor aumentó por lo que el médico le dio orden de cirugía.
“Estoy afiliada a una EPS y ha sido muy complicado sacar la cita, porque no hay agenda, o porque las citas son lejanas”, señala Damaris, quien estaba ayer en el Palacio de Justicia de Medellín, donde se reciben las acciones que buscan proteger algún derecho, como la salud, en este caso.
“Me asesoraron en la Defensoría del Pueblo, sin costo, y me ayudaron a hacer la tutela que traje”, agrega Damaris, quien llevaba a su hijo, de 6 años, tomado de la mano, pues por el dolor no puede mover con facilidad su brazo izquierdo.
El panorama
Aunque no hay una fórmula mágica que permita curar enfermedades, la tutela se convirtió en una “dosis” efectiva para hacer respetar el derecho a la salud.
En lo que tiene que ver con las regiones, Antioquia, por ejemplo, aparece como el primer departamento con más tutelas radicadas.
Según la Defensoría, representa el 23,57 % del total que se instauraron para hacer respetar su derecho a la salud, es decir, el año pasado fueron 48.962 en total, equivalente a 134 tutelas cada día.
Francisco Castellanos, director de la organización Defensa del Paciente –que asesora a usuarios con problemas en acceso a la salud–, señala que “es muy preocupante que cada año aumente el número de tutelas, pero es más grave aún que la mayoría de ellas sean presentadas por servicios que están incluidos en el Plan de Beneficios y lo que es peor: que las EPS no cumplen la totalidad de los fallos de tutelas”.
Además, esto genera que los usuarios no tengan una atención oportuna, continua y de calidad, lo que no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que, como dice Castellanos, “pone en riesgo sus vidas y su estado funcional”. Lo mismo plantea el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien destaca que “es de vida o muerte que a uno lo atiendan a tiempo”, cuestionando las capacidades del sistema de salud.
Una visión similar tiene un abogado de un juzgado de Medellín, quien dijo que la congestión en estos casos tiene que ver con que las EPS no cumplen con la totalidad de las decisiones judiciales, por lo que los colombianos se ven obligados a presentar recursos de insistencia.
Aquí vale aclarar que, en primera instancia, el reporte de la Defensoría destaca que las tutelas que invocaron el derecho fundamental a la salud tuvieron fallo a favor en el 82,2 %, es decir, 170.757.
Minsalud se defiende
Aunque el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, reconoce que es una dificultad evidente que los colombianos deban acudir a la tutela para proteger su derecho, señala que “generalizamos” y se llega a la conclusión de que “la tutela es la puerta de entrada al sistema de salud, y no lo es”.
Uribe dice esto, argumentando que en 2018 alrededor de 25 millones de ciudadanos buscaron servicios de salud y en el 99,7 % de los casos encontró atención, “sin recurrir a la tutela, aunque haya mucho por mejorar”, mencionando que las tutelas solo representan el 0,3 % de las atenciones totales del país.
Frente a lo planteado por el ministro, el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, resalta que las tutelas y el sistema deben verse “en contexto”, para darle una dimensión precisa a lo que pasa. “Todavía tenemos dificultades, que se contrastan con las tutelas radicadas, pero no se debería generalizar la idea de que el sistema de salud opera solo por las tutelas”, agrega Galán.
No obstante, Castellanos va más allá del fenómeno, y resalta que “ante la ineficacia, muchos pacientes están acudiendo a mecanismos jurídicos externos: denunciar ante Organismos Internacionales de Derechos Humanos”.
