La resolución del Ministerio de Salud que fijó la unidad de pago por capitación (UPC) para 2025 en 5,36 % sigue siendo objeto de controversias. Esta semana la Fundación para el Estado de Derecho anunció que interpuso una demanda ante el Consejo de Estado que busca que esta se declare nula, argumentando que fue expedida irregularmente y con falsa motivación y porque “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y afecta a millones de colombianos”.
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Hay que recordar que el pasado 31 de diciembre ese Ministerio explicó que estableció para ese incremento solo tuvo en cuenta la inflación registrada para noviembre de 2024 como consecuencia de —según dicen— la baja calidad, poca confiabilidad e inconsistencias de la información reportada por entidades promotoras de salud (EPS).
Según sostuvo la entidad en ese entonces, fue imposible hacer un cálculo debido a “la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”. Así mismo, añadieron que la “decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud”.
Ante esto, la Fundación para el Estado de Derecho cuestionó que ese incremento fue calculado sin considerar factores clave como la siniestralidad, las inclusiones tecnológicas y el rezago en el cálculo. Así mismo, recordó que esa decisión ha sido objeto de críticas y preocupación por parte de expertos del sector de la salud, de gremios y de organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, la fundación expresó que la resolución no desglosa el valor de la UPC, “lo que impide verificar si el ajuste es suficiente para cubrir los costos reales del sistema”. De igual manera, expresaron que desatiende órdenes reiterativas de la Corte Constitucional, que ha exigido la actualización de la metodología de cálculo para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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En ese sentido, el director de esa organización, Andrés Caro, afirmó que “la emisión de una norma sin la debida justificación técnica y en contravía de fallos judiciales representa una violación del Estado de derecho. No se puede jugar con la estabilidad financiera del sistema de salud ni con el acceso a los servicios de los ciudadanos”.
La UPC —que es el dinero que el Gobierno le entrega a las entidades promotoras de salud (EPS) para garantizar la atención de sus afiliados— fue objeto de revisión de la Corte Constitucional, que señaló a finales de enero pasado que el incremento para 2024 fue insuficiente, es decir, que no alcanzaba para cubrir la demanda de atención en salud que tuvieron las aseguradoras en ese año.
Así mismo, le ordenó al Ministerio de Salud que haga mesas de concertación para determinar el ajuste de la UPC y se reforme la metodología que se usa para calcularla en los próximos años, incluido 2025.
A esta decisión del alto tribunal la cartera de salud intentó hacerle el quite en dos oportunidades: cuando solicitó claridades sobre las órdenes que dio y cuando pidió la nulidad del auto por considerar que solo se basó “en las afirmaciones de las diferentes EPS y sus agremiaciones”.
En ese sentido, el 28 de febrero el ministerio expidió la Resolución 370 del 28 de febrero de 2025 con la cual se establece la creación de una mesa de trabajo con el propósito de revisar esos recursos de 2024, 2025 y de los años siguientes, así como de los valores fijados para 2021, 2022 y 2023.
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